Denuncias falsas: el Gobierno retoma el proyecto de Losada y busca aprobarlo en el Congreso en agosto

El oficialismo y sus aliados decidieron avanzar definitivamente con la aprobación del proyecto que endurece las penas para las falsas denuncias en casos de violencia de género. Esta iniciativa, que es impulsada por Carolina Losada, viene siendo cuestionada por organizaciones feministas y de derechos humanos por criminalizar a las mujeres que denuncian situaciones de violencia. Las críticas llevaron a que Patricia Bullrich durmiese el tema por unos meses, pero volvió a la carga: la jefa del oficialismo está decidida a hacer buena letra con los aliados para poder suspender las PASO y anunció que convocará a una sesión el 6 de agosto para aprobar el proyecto.

El proyecto de Losada aumenta las penas de dos delitos que ya existen en el Código Penal: el de denuncia falsa (art. 245) y el de falso testimonio (art. 275). Y lo hace partiendo de la hipótesis, muy difundida en los grupos antifeministas, de que existe una emergencia de falsas denuncias por violencia de género que amerita un endurecimiento de las penas para convertirlos en no excarcelables. “Las denuncias falsas arruinan vidas. Utilizan recursos del Estado para su investigación y las penas existentes hoy son, prácticamente, inexistentes”, argumentó Losada, durante el debate en comisión del Senado.

El rechazo generalizado que despertó la iniciativa, sin embargo, la obligó a cambiar los planes. La versión original fue redactada por Andrea Guacci, la esposa de Diego Guacci, el entrenador de la Selección femenina de fútbol que, en 2021, fue denunciado por abuso y acoso sexual por cinco jugadoras. Proponía un aumento de las penas específicamente para las denuncias vinculadas a la violencia de género, abuso sexual y violencia contra las infancias, lo que despertó una oleada de advertencias de grupos de abogadas y de supervivientes que advertían que, de aprobarse, la iniciativa desincentivaría las denuncias por un tipo de delito que tiene un elevado subregistro.

En efecto, según datos oficiales, sólo el 18% de las víctimas de femicidio denunciaron previamente situaciones de violencia (Corte Suprema, 2024). Los delitos contra la integridad sexual, mientras tanto, son el delito violento menos reportado: solo el 12,5% de las víctimas lo denuncia (INDEC, Encuesta Nacional de Victimización, 2018).

Frente a estas impugnaciones, Losada y Bullrich negociaron modificaciones con el resto de los bloques aliados. El cambio más importante es que el aumento de las penas por falso testimonio y denuncia falsa no será ya solo para los casos de violencia de género, sino que se amplía para otros delitos. Según el borrador al que accedió eldiarioAR, en el caso de que la imputación hubiera sido sobre delitos dolosos graves o que tuviesen como víctimas a menores de edad, la pena será de 2 a 5 años de prisión. Y, si la denuncia hubiera derivado en la restricción judicial de “derechos de carácter patrimonial o familiar”, la pena será de 3 a 6 años de prisión.

El texto de la ley no lo dice, pero la última pena dialoga directamente con una de las narrativas que sostienen los grupos que hacen lobby contra las denuncias falsas: que son estrategias de las madres para separar a los padres de sus hijos. Un mecanismo que, según advirtieron durante las audiencias en el Senado muchas “madres protectoras”, suele utilizarse como estrategia discursiva en los juicios por abuso sexual infantil.

“Esta ley viene a consolidar algo que se da en las sombras. Porque en los expedientes los abogados vienen ya planteando, como estrategia judicial, que hicimos una falsa denuncia por despecho, por venganza o por un supuesto beneficio económico”, advierte, en diálogo con eldiarioAR, Daniela Dosso, una “madre protectora” que denunció a su ex pareja por el abuso sexual de su hijo Martín, cuando tenía 7 años. Y agrega: “Con esta ley tienen una herramienta valiosísima no solo para lograr la impunidad, sino también para vengarse y criminalizar a quienes han querido poner un límite y han denunciado”.

Estas advertencias permearon al interior del bloque radical y de los otros bloques aliados, que se resistieron a acompañar el proyecto original. Con los nuevos cambios, sin embargo, Losada espera poder conseguir el número a principios de agosto, que es cuando Bullrich se comprometió a llevar el tema al recinto.

La jefa del oficialismo en el Senado no es una gran defensora de la iniciativa en la intimidad, según advierten interlocutores de la oposición que intentaron convencerla para bajar el proyecto. Pero el escenario cambió con las nuevas modificaciones y con la aparición de una urgencia política más importante: la necesidad de hacer buena letra entre los radicales para conseguir sus votos para la suspensión de las PASO.

“Esto debería ser algo que se apruebe por unanimidad. Ojalá el kirchnerismo se decida acompañar porque afecta a mucha gente”, afirmaron desde el despacho de Losada.

Qué dicen los números oficiales

El argumento de Losada y las organizaciones que impulsan el proyecto parte de la premisa de que existe un aumento significativo de las denuncias falsas que, por un lado, le están arruinando la vida a las personas denunciadas –en su mayoría hombres– y que, por el otro, obturan el funcionamiento del Poder Judicial. Los datos oficiales, sin embargo, muestran lo contrario.

Según un informe realizado por el Observatorio de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal (MPF), el delito de falsa denuncia es un “fenómeno marginal” que sólo explica el 0,09% del total de causas penales registradas. El relevamiento analizó más de ocho millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones durante los últimos tres años y concluyó que no existe un fenómeno criminal que justifique el endurecimiento de las penas. “La falsa denuncia representa una causa aproximadamente cada mil en el sistema penal. El falso testimonio, aproximadamente una causa cada cuatro mil”, grafica.

“La instalación de la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas no solo carece de sustento empírico, sino que además genera efectos regresivos: desalienta la denuncia, refuerza estereotipos de género y contribuye a la deslegitimación de la palabra de las mujeres víctimas”, advirtieron, a través de un comunicado publicado en abril, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina.

El proyecto girará al recinto después de las vacaciones de invierno, cuando comience el verdadero debate por la eliminación de las PASO.

MCM/CRM