Un senador libertario propone reformar la Constitución por la coparticipación, mientras Milei reparte fondos a discreción

El senador nacional de La Libertad Avanza por Salta, Gonzalo Guzmán Coraita, planteó en una columna de opinión publicada este fin de semana la posibilidad de reformar la Constitución para resolver lo que definió como “treinta años de incumplimiento” en materia de coparticipación federal. La propuesta llega mientras el Gobierno administra de manera discrecional buena parte de los fondos que gira a las provincias, una práctica hoy cuestionada ante la Corte Suprema.

Guzmán Coraita, abogado y exdirector de la ONG Salta Transparente, repasó en un texto publicado en el sitio La Derecha Diario la concentración de recursos tributarios en manos de la Nación desde fines del siglo XIX y sostuvo que el actual sistema de coparticipación “no nació como respuesta a necesidades de las provincias”, sino para responder a urgencias del gobierno nacional. Propuso discutir de manera integral tanto el rol del Estado nacional en el reparto de recursos como la distribución geográfica del gasto público, y llamó a analizar “sin miedo” la eliminación del sistema vigente o su reemplazo por uno de mayor autonomía fiscal provincial.

El reclamo no es menor: la reforma constitucional de 1994 obligó a sancionar, antes de fines de 1996, una nueva ley de coparticipación acordada entre Nación y provincias. Esa ley nunca se aprobó. Tres décadas después, el reparto sigue regido por la Ley 23.548 de 1988, con parches sucesivos, mientras un instrumento paralelo y no automático —los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)— permanece en manos exclusivas del Poder Ejecutivo.

Los ATN representan el 1% de la masa coparticipable y, a diferencia del resto de los fondos, no se distribuyen por una fórmula automática sino por decisión discrecional del Gobierno de turno. Bajo la gestión de Javier Milei ese margen se profundizó: entre enero y junio la Nación repartió $121.000 millones en ATN, dejó sin distribuir un saldo acumulado de 455.658 millones, y no giró un peso por ese concepto ni en mayo ni en junio, según la consultora Politikón Chaco.

El freno no se limitó a los ATN. El conjunto de las transferencias no automáticas a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires cayó 87,7% real interanual en junio, a 48.300 millones de pesos, el nivel más bajo para ese mes desde 2005. En el semestre, los envíos sumaron 639.589 millones, un 61,8% menos que en igual período de 2025: el segundo peor primer semestre de la serie, detrás solo de 2024.

El reparto, además, fue desparejo. En junio, Buenos Aires concentró el 27,2% de las transferencias no automáticas, seguida por Corrientes y Santa Fe. En los ATN del año, Misiones fue la provincia más beneficiada. En el otro extremo, ocho de las 24 jurisdicciones —entre ellas Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, La Pampa, Formosa, San Luis y CABA— no recibieron un peso de ATN en los dos años y medio de gestión libertaria, en su mayoría distritos gobernados por la oposición.

A los ATN se suma otra herramienta discrecional: los anticipos financieros a cuenta de coparticipación. Este lunes, el Gobierno oficializó por el Decreto 584/2026 un anticipo de hasta 400.000 millones de pesos para Córdoba, destinado a cubrir necesidades transitorias de caja y compromisos presupuestarios. La asistencia —justamente a una de las provincias que no recibió un solo peso de ATN en lo que va de la gestión— devengará una tasa fija anual del 15% y se devolverá durante este año mediante retenciones automáticas sobre los recursos de coparticipación de la propia Córdoba. El mismo mecanismo, con anticipos de hasta 400.000 millones, ya se había aplicado este año a Santa Fe y Jujuy, y por 220.000 millones a Entre Ríos.

Esa discrecionalidad es, precisamente, el objeto de una demanda que La Pampa presentó contra el Estado Nacional y que la Corte Suprema aceptó tratar en instancia originaria el 7 de mayo. El reclamo exige que el 1% de los ATN se distribuya “diaria y automáticamente” entre todas las provincias, en lugar de depender del Poder Ejecutivo. El tribunal le dio a la Nación sesenta días para responder, en un expediente que retoma antecedentes favorables a los reclamantes en las causas que Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires ya ganaron contra el Estado por motivos similares.

La columna de Guzmán Coraita se conoce, entonces, en un contexto en el que la discrecionalidad que él mismo cuestiona como síntoma de un federalismo fiscal fallido es, hoy, una de las principales herramientas de negociación política del Gobierno con los gobernadores. Mientras el Senado se apresta a tratar la agenda del segundo semestre, la coparticipación —y el uso de los ATN y los anticipos financieros como moneda de cambio para conseguir apoyos— vuelve a ubicarse en el centro de la relación entre la Casa Rosada y las provincias.