SEGÚN UN NUEVO INFORME

Discrecionalidad y opacidad con los bienes incautados en la Justicia: se pierden millones de pesos en la burocracia

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Un informe de la iniciativa Proyecto Bien Restituido y la consultora económica Analytica revela que Argentina podría haber hecho provecho de bienes valuados en $4.973,5 millones que el Poder Judicial incautó al crimen organizado pero cuyo rastro se pierde en una nebulosa burocrática. Así surge del documento al que accedió elDiarioAR y que demuestra que el país carece de una política eficiente para administrar los patrimonios que incauta a los acusados de narcotráfico, trata de personas, contrabando y corrupción. 

De la mano de expertos italianos, Argentina comienza a discutir cómo arrebatarle los bienes al narcotráfico y al crimen organizado para devolvérselos a la sociedad

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En la mayoría de los casos, el dinero y el capital (automóviles, inmuebles, efectivo, embarcaciones, aviones) que le secuestra al crimen organizado se escurre entre vericuetos administrativos, falta de información y transparencia y desidia, concluye el informe. ¿Qué  hace el Poder Judicial con estos bienes? ¿Dónde terminan en lugar de ser restituidos a las víctimas de esos crímenes, al propio Estado o a la sociedad? 

El Estado ni siquiera sabe cuánto valen los bienes que tiene desde hace años en su poder y tampoco les dio un uso social. Proyecto Bien Restituido es justamente una iniciativa de la sociedad civil, jueces y fiscales que buscan sistematizar en Argentina el castigo económico a las organizaciones criminales, basado en el modelo italiano que combatió a las mafias en los años 80 y 90.

Es impulsado por la organización italiana Libera junto a tres organizaciones locales (Fundación Multipolar, el Circolo Giuridico de Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ); es financiado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina; y busca que la incautación y reasignación social de los bienes del narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y otros delitos del crimen organizado se realice de manera inmediata y sistematizada. En Argentina, actualmente, esa asignación queda a discrecionalidad de cada juez.

A los mafiosos, el castigo económico les duele más que la cárcel, aseguraron a elDiarioAR los italianos Luigi Ciotti (sacerdote, fundador y presidente de la asociación italiana Libera) y Francesco Menditto (fiscal penal) cuando estuvieron en Buenos Aires en abril último. “Estamos convencidos de que la prisión es muy importante, pero si les quitamos el dinero, se vuelven débiles y temerosos”, explicó entonces Menditto cuando vinieron al país al explicar cómo funciona el modelo italiano.

La idea es financiada por la Delegación de la Unión Europea en Argentina para crear en el país un sistema de recuperación de bienes del crimen organizado. El informe de Analytica se realizó para conocer el estado de situación y elaborar una propuesta de valuación de bienes para avanzar hacia su destinación social.

La consultora estudió el estado actual del sistema de secuestro, decomiso y destino de los bienes recuperados en procesos penales, entrevistó a jueces y dirigentes de organizaciones sociales, solicitó información a la Corte Suprema, al Ministerio Público Fiscal (MPF) y al Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Argentina cuenta con legislación sobre secuestro, administración y destino de los bienes que el Estado recupera de actividades delictivas, pero el informe concluye que “el sistema normativo e institucional muestra problemas de coordinación y eficacia, producto de inconsistencias de diversa índole”.

La Corte es central en este proceso. En 2018, una acordada del máximo tribunal en la que fijó pautas para la reutilización de los bienes incautados a estos grupos pero no fijó criterios para la asignación de esos bienes, sostiene el informe de Analytica. La Corte también dispuso que los jueces debían informar los bienes incautados en sus causas sólo al máximo tribunal, que elaboraría un registro público pero nunca hizo efectivo la publicidad de esa base de datos, destaca el estudio.

Una de las conclusiones del informe fue que los tiempos actuales de los procesos -un promedio de ocho años- atentan contra el valor económico y la reutilización de los bienes decomisados. Inflación mediante, el valor de los bienes secuestrados se diluye con el paso del tiempo y la falta de acción.

Tras analizar la información en poder del Estado, Analytica también concluyó que las autoridades sólo conocen que entre 2015 y 2020, el Poder Judicial incautó automotores, dinero, aeronaves y buques en un valor estimado en $617.173.750. “Si bien este monto puede parecer bajo, es menester recordar que abarca el universo de bienes decomisados disponibles públicamente y con datos completos, lo cual dista de ser la totalidad”. Si se utilizan los registros oficiales de bienes secuestrados al crimen organizado que no presentan fechas, es decir, sobre los que el Estado no sabe ni en qué año se secuestraron, el monto total estimado asciende a $4.973,5 millones. “Esto (que representa un cálculo conservador, representan 66 veces el presupuesto vigente para el 2022 del programa Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata o más del doble del destinado en el mismo período al Programa Protección de Víctimas de Violencias, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, sostiene el informe.

Estamos convencidos de que la prisión es muy importante, pero si les quitamos el dinero, se vuelven débiles y temerosos.

El nivel de desorganización es tal que no se conoce cuándo se secuestraron los seis buques que constan en el registro; ni el 92% de los estupefacientes incautados en procedimientos; ni el 84% del dinero secuestrado a los grupos y personas acusados. Tampoco se conoce cuándo se incautaron el 81% de los automotores o el 61% de los inmuebles. 

A los analistas también les sorprendió que los bienes secuestrados o decomisados durante 2014 y 2015 sean solamente 21. En 2016, este valor aumenta en diez veces; se duplica en 2017 y sigue ascendiendo en 2019. Luego, se registra una abrupta caída en 2020 y 2021.

Además, el 60% de los bienes secuestrados o decomisados se concentra en tres provincias: Buenos Aires (153), Entre Ríos (117) y Corrientes (115). “Al incluir las provincias de Santa Fe (86), Córdoba (64) y Misiones (51) se abarca al 86% de los reportes. Vale la pena mencionar que no hay datos para las provincias de La Pampa y La Rioja”, dice el informe.

De los registros surge que entre 2015 y 2021, el Poder Judicial secuestró 170 motovehículos, 1.031 vehículos decomisados (solo 610 cuentan con información sobre la fecha y de esos solo se han podido valuar 379 unidades dada la información disponible); dinero decomisado por 51.473.829,36 pesos (“al no existir información con las fechas de secuestro del dinero, no es posible calcular la pérdida de valor producto del paso del tiempo hasta el momento en el que el decomiso se hizo efectivo”); y 127 inmuebles secuestrados (39 sin fecha y todos sin ninguna otra característica que permita calcular su valor, como ubicación, metros cuadrados del terreno, metros cuadrados construidos“).

El Proyecto Bien Restituido busca implementar un sistema de restitución social de estos bienes. “En nuestro país existen algunas experiencias aisladas de autoridades judiciales que dispusieron la entrega de bienes secuestrados a grupos criminales a organizaciones sociales o grupos de víctimas para su reutilización pero, sin un marco normativo e institucional adecuado, difícilmente puedan superarse los obstáculos que mantienen a esta práctica en la absoluta excepcionalidad”, sostiene el informe.

Por ejemplo, en 2008, el entonces juez federal Sergio Torres procesó a tres tratantes de personas que las mantenían en servidumbre en talleres textiles clandestinos; incautó las máquinas que utilizaban y las entregó al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con la obligación de que el organismo generara puestos de trabajo para las personas que habían sido rescatadas de la situación de trata.

Los mismos integrantes del Poder Judicial reconocen que la reutilización social de bienes es una opción que se ejerce con muy poca frecuencia.

En 2013, el juez federal Ariel Lijo hizo algo parecido: procesó a unos tratantes que mantenían en situación de servidumbre a personas para que trabajen en talleres textiles clandestinos; decomisó las maquinarias y se las entregó a la ONG La Alameda y a la CGT como depositarios judiciales; éstos efectivizaron un contrato la comunidad indígena “Potae Napocna Navogoh”, de Formosa, que formó una cooperativa de trabajo con esas máquinas.

En 2017, el juez federal Sebastián Casanello -uno de los principales impulsores de Proyecto Bien Restituido- secuestró la maquinaria vial de las empresas de Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero en la que el empresario terminó condenado y entregó ese capital a la Agencia Nacional de Vialidad Nacional 38, a distintos municipios de distintas provincias y al Ejército Nacional.

Estas decisiones fueron tomadas por los jueces de cada caso, ya que no existe un autoridad que fije los criterios para la distribución de estos bienes, que puede caer en la discrecionalidad de cada magistrado, para bien de algunos.

Sin un marco normativo e institucional adecuado, difícilmente puedan superarse los obstáculos que mantienen a esta práctica en la absoluta excepcionalidad.

“Los mismos integrantes del Poder Judicial reconocen que la reutilización social de bienes es una opción que se ejerce con muy poca frecuencia”, explica el informe, en base a entrevistas con los actores judiciales. También resaltaron “la necesidad de crear un organismo nacional especializado que releve a los jueces y juezas de la responsabilidad en la administración de los bienes que son objeto de secuestro. Según estas personas, dicho organismo tendría que tener dependencias en cada una de las provincias para que tomen esta tarea”.

Los jueces entrevistados también plantearon como prioridad “que el destino de los bienes esté determinado reparar el daño causado por el delito”.

Las organizaciones sociales consultadas para el estudio se quejaron de la demora de los procesos judiciales para asignarles los bienes incautados y que en el trámite del proceso judicial una apelación puede llevar a que el bien tenga que ser devuelto por la organización, además de los costos que les implica asumir la responsabilidad del bien entregado.

Otras organizaciones ni siquiera estaban enteradas de que tenían esta posibilidad para acceder a bienes como propiedades inmuebles o vehículos.

ED

Un informe de la iniciativa Proyecto Bien Restituido y la consultora económica Analytica revela que Argentina podría haber hecho provecho de bienes valuados en $4.973,5 millones que el Poder Judicial incautó al crimen organizado pero cuyo rastro se pierde en una nebulosa burocrática. Así surge del documento al que accedió elDiarioAR y que demuestra que el país carece de una política eficiente para administrar los patrimonios que incauta a los acusados de narcotráfico, trata de personas, contrabando y corrupción. 

De la mano de expertos italianos, Argentina comienza a discutir cómo arrebatarle los bienes al narcotráfico y al crimen organizado para devolvérselos a la sociedad

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En la mayoría de los casos, el dinero y el capital (automóviles, inmuebles, efectivo, embarcaciones, aviones) que le secuestra al crimen organizado se escurre entre vericuetos administrativos, falta de información y transparencia y desidia, concluye el informe. ¿Qué  hace el Poder Judicial con estos bienes? ¿Dónde terminan en lugar de ser restituidos a las víctimas de esos crímenes, al propio Estado o a la sociedad? 

El Estado ni siquiera sabe cuánto valen los bienes que tiene desde hace años en su poder y tampoco les dio un uso social. Proyecto Bien Restituido es justamente una iniciativa de la sociedad civil, jueces y fiscales que buscan sistematizar en Argentina el castigo económico a las organizaciones criminales, basado en el modelo italiano que combatió a las mafias en los años 80 y 90.

Es impulsado por la organización italiana Libera junto a tres organizaciones locales (Fundación Multipolar, el Circolo Giuridico de Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ); es financiado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina; y busca que la incautación y reasignación social de los bienes del narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y otros delitos del crimen organizado se realice de manera inmediata y sistematizada. En Argentina, actualmente, esa asignación queda a discrecionalidad de cada juez.

A los mafiosos, el castigo económico les duele más que la cárcel, aseguraron a elDiarioAR los italianos Luigi Ciotti (sacerdote, fundador y presidente de la asociación italiana Libera) y Francesco Menditto (fiscal penal) cuando estuvieron en Buenos Aires en abril último. “Estamos convencidos de que la prisión es muy importante, pero si les quitamos el dinero, se vuelven débiles y temerosos”, explicó entonces Menditto cuando vinieron al país al explicar cómo funciona el modelo italiano.

La idea es financiada por la Delegación de la Unión Europea en Argentina para crear en el país un sistema de recuperación de bienes del crimen organizado. El informe de Analytica se realizó para conocer el estado de situación y elaborar una propuesta de valuación de bienes para avanzar hacia su destinación social.

La consultora estudió el estado actual del sistema de secuestro, decomiso y destino de los bienes recuperados en procesos penales, entrevistó a jueces y dirigentes de organizaciones sociales, solicitó información a la Corte Suprema, al Ministerio Público Fiscal (MPF) y al Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Argentina cuenta con legislación sobre secuestro, administración y destino de los bienes que el Estado recupera de actividades delictivas, pero el informe concluye que “el sistema normativo e institucional muestra problemas de coordinación y eficacia, producto de inconsistencias de diversa índole”.

La Corte es central en este proceso. En 2018, una acordada del máximo tribunal en la que fijó pautas para la reutilización de los bienes incautados a estos grupos pero no fijó criterios para la asignación de esos bienes, sostiene el informe de Analytica. La Corte también dispuso que los jueces debían informar los bienes incautados en sus causas sólo al máximo tribunal, que elaboraría un registro público pero nunca hizo efectivo la publicidad de esa base de datos, destaca el estudio.

Una de las conclusiones del informe fue que los tiempos actuales de los procesos -un promedio de ocho años- atentan contra el valor económico y la reutilización de los bienes decomisados. Inflación mediante, el valor de los bienes secuestrados se diluye con el paso del tiempo y la falta de acción.

Tras analizar la información en poder del Estado, Analytica también concluyó que las autoridades sólo conocen que entre 2015 y 2020, el Poder Judicial incautó automotores, dinero, aeronaves y buques en un valor estimado en $617.173.750. “Si bien este monto puede parecer bajo, es menester recordar que abarca el universo de bienes decomisados disponibles públicamente y con datos completos, lo cual dista de ser la totalidad”. Si se utilizan los registros oficiales de bienes secuestrados al crimen organizado que no presentan fechas, es decir, sobre los que el Estado no sabe ni en qué año se secuestraron, el monto total estimado asciende a $4.973,5 millones. “Esto (que representa un cálculo conservador, representan 66 veces el presupuesto vigente para el 2022 del programa Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata o más del doble del destinado en el mismo período al Programa Protección de Víctimas de Violencias, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, sostiene el informe.

Estamos convencidos de que la prisión es muy importante, pero si les quitamos el dinero, se vuelven débiles y temerosos.

El nivel de desorganización es tal que no se conoce cuándo se secuestraron los seis buques que constan en el registro; ni el 92% de los estupefacientes incautados en procedimientos; ni el 84% del dinero secuestrado a los grupos y personas acusados. Tampoco se conoce cuándo se incautaron el 81% de los automotores o el 61% de los inmuebles. 

A los analistas también les sorprendió que los bienes secuestrados o decomisados durante 2014 y 2015 sean solamente 21. En 2016, este valor aumenta en diez veces; se duplica en 2017 y sigue ascendiendo en 2019. Luego, se registra una abrupta caída en 2020 y 2021.

Además, el 60% de los bienes secuestrados o decomisados se concentra en tres provincias: Buenos Aires (153), Entre Ríos (117) y Corrientes (115). “Al incluir las provincias de Santa Fe (86), Córdoba (64) y Misiones (51) se abarca al 86% de los reportes. Vale la pena mencionar que no hay datos para las provincias de La Pampa y La Rioja”, dice el informe.

De los registros surge que entre 2015 y 2021, el Poder Judicial secuestró 170 motovehículos, 1.031 vehículos decomisados (solo 610 cuentan con información sobre la fecha y de esos solo se han podido valuar 379 unidades dada la información disponible); dinero decomisado por 51.473.829,36 pesos (“al no existir información con las fechas de secuestro del dinero, no es posible calcular la pérdida de valor producto del paso del tiempo hasta el momento en el que el decomiso se hizo efectivo”); y 127 inmuebles secuestrados (39 sin fecha y todos sin ninguna otra característica que permita calcular su valor, como ubicación, metros cuadrados del terreno, metros cuadrados construidos“).

El Proyecto Bien Restituido busca implementar un sistema de restitución social de estos bienes. “En nuestro país existen algunas experiencias aisladas de autoridades judiciales que dispusieron la entrega de bienes secuestrados a grupos criminales a organizaciones sociales o grupos de víctimas para su reutilización pero, sin un marco normativo e institucional adecuado, difícilmente puedan superarse los obstáculos que mantienen a esta práctica en la absoluta excepcionalidad”, sostiene el informe.

Por ejemplo, en 2008, el entonces juez federal Sergio Torres procesó a tres tratantes de personas que las mantenían en servidumbre en talleres textiles clandestinos; incautó las máquinas que utilizaban y las entregó al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con la obligación de que el organismo generara puestos de trabajo para las personas que habían sido rescatadas de la situación de trata.

Los mismos integrantes del Poder Judicial reconocen que la reutilización social de bienes es una opción que se ejerce con muy poca frecuencia.

En 2013, el juez federal Ariel Lijo hizo algo parecido: procesó a unos tratantes que mantenían en situación de servidumbre a personas para que trabajen en talleres textiles clandestinos; decomisó las maquinarias y se las entregó a la ONG La Alameda y a la CGT como depositarios judiciales; éstos efectivizaron un contrato la comunidad indígena “Potae Napocna Navogoh”, de Formosa, que formó una cooperativa de trabajo con esas máquinas.

En 2017, el juez federal Sebastián Casanello -uno de los principales impulsores de Proyecto Bien Restituido- secuestró la maquinaria vial de las empresas de Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero en la que el empresario terminó condenado y entregó ese capital a la Agencia Nacional de Vialidad Nacional 38, a distintos municipios de distintas provincias y al Ejército Nacional.

Estas decisiones fueron tomadas por los jueces de cada caso, ya que no existe un autoridad que fije los criterios para la distribución de estos bienes, que puede caer en la discrecionalidad de cada magistrado, para bien de algunos.

Sin un marco normativo e institucional adecuado, difícilmente puedan superarse los obstáculos que mantienen a esta práctica en la absoluta excepcionalidad.

“Los mismos integrantes del Poder Judicial reconocen que la reutilización social de bienes es una opción que se ejerce con muy poca frecuencia”, explica el informe, en base a entrevistas con los actores judiciales. También resaltaron “la necesidad de crear un organismo nacional especializado que releve a los jueces y juezas de la responsabilidad en la administración de los bienes que son objeto de secuestro. Según estas personas, dicho organismo tendría que tener dependencias en cada una de las provincias para que tomen esta tarea”.

Los jueces entrevistados también plantearon como prioridad “que el destino de los bienes esté determinado reparar el daño causado por el delito”.

Las organizaciones sociales consultadas para el estudio se quejaron de la demora de los procesos judiciales para asignarles los bienes incautados y que en el trámite del proceso judicial una apelación puede llevar a que el bien tenga que ser devuelto por la organización, además de los costos que les implica asumir la responsabilidad del bien entregado.

Otras organizaciones ni siquiera estaban enteradas de que tenían esta posibilidad para acceder a bienes como propiedades inmuebles o vehículos.

ED

Un informe de la iniciativa Proyecto Bien Restituido y la consultora económica Analytica revela que Argentina podría haber hecho provecho de bienes valuados en $4.973,5 millones que el Poder Judicial incautó al crimen organizado pero cuyo rastro se pierde en una nebulosa burocrática. Así surge del documento al que accedió elDiarioAR y que demuestra que el país carece de una política eficiente para administrar los patrimonios que incauta a los acusados de narcotráfico, trata de personas, contrabando y corrupción. 

De la mano de expertos italianos, Argentina comienza a discutir cómo arrebatarle los bienes al narcotráfico y al crimen organizado para devolvérselos a la sociedad

Saber más

En la mayoría de los casos, el dinero y el capital (automóviles, inmuebles, efectivo, embarcaciones, aviones) que le secuestra al crimen organizado se escurre entre vericuetos administrativos, falta de información y transparencia y desidia, concluye el informe. ¿Qué  hace el Poder Judicial con estos bienes? ¿Dónde terminan en lugar de ser restituidos a las víctimas de esos crímenes, al propio Estado o a la sociedad?