Las leyes que el Gobierno quiere que avancen en el Congreso en el corto y mediano plazo
Desde que se conocieron los resultados de las PASO y el gobierno que encabeza Alberto Fernández se topó con una derrota cuya magnitud no esperaba, el oficialismo trabaja a destajo para torcer el rumbo en el corto y mediano plazo. Con cambios en el Gabinete y una batería de medidas que intentaron inyectar algo más de dinero en el bolsillo de los argentinos, el Frente de Todos se puso como meta aminorar el impacto negativo de las Primarias con el objetivo de conseguir los votantes necesarios para, al menos, no perder el control del Senado este domingo, cuando se desarrollen las elecciones generales que dejarán sentenciada la conformación del Congreso desde el 10 de diciembre hasta fines de 2023.
En paralelo, a sabiendas de que modificar el resultado de las PASO parece ser una misión imposible, los legisladores oficialistas activaron en sus despachos los proyectos de ley que el Gobierno quiere que se conviertan en realidad antes de que termine el 2021, con una Cámara Alta todavía con quórum propio y una Cámara Baja donde se puede negociar voto a voto para alcanzar las metas.
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Con dos prioridades excluyentes, más allá de las dificultades para mantener el dólar paralelo a raya y la inflación, que sigue en valores no deseados: votar el presupuesto 2022 según los lineamientos diseñados por el ministro Martín Guzmán, y alcanzar lo antes posible un acuerdo con el FMI, el Gobierno maneja varios proyectos que quiere convertir en ley antes de que el 10 de diciembre cambie el mapa legislativo, si los resultados de las Primarias se reafirman este 14 de noviembre.
De acuerdo al oficialismo, se trata de proyectos “previstos para que tengan rodaje parlamentario en el corto y mediano plazo, con el objetivo de generar incentivos para el crecimiento económico y la recuperación del empleo”.
Las leyes que busca aprobar el Gobierno
Ley de Presupuesto
Para el Frente de Todos, es el “instrumento que va a permitir despejar las incertidumbres en materia de responsabilidades y obligaciones de la Argentina con sus acreedores y multilaterales. Con la firmeza de defender el interés argentino, el camino es cumplir con sus obligaciones entendiendo que necesitamos un proceso de crecimiento”.
Guzmán lo presentó a mediados de septiembre, en medio de la crisis que vivió el oficialismo tras la victoria de Juntos por el Cambio en las PASO. En ese borrador, se prevé un dólar a $131,10 para fin de 2022; una inflación anual del 33%; un crecimiento de la economía del 4%; una baja del déficit fiscal hasta el 3,3%; y un recorte de subsidios energético sobre la base de la segmentación de tarifas, según publica TN.
La realidad es que el ministro no tiene fecha prevista para dar precisiones en la Cámara de Diputados y dentro del Frente de Todos hay quienes resisten algunos de los puntos de la iniciativa. Pero el Presupuesto 2022 es clave en la negociación con el FMI para reprogramar la deuda de US$44.000 millones que la Argentina tiene con el organismo de crédito.
De acuerdo a una entrevista que Guzmán brindó al diario Perfil días atrás, “hay un plan integral macroeconómico. Siempre los proyectos de ley de presupuesto constituyen el corazón de la programación macroeconómica. También se pensó en términos plurianuales, orientado con lo que llamo tranquilizar la economía. Alguien que quiera una indicación de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional podría mirar ahí”.
Ley de Hidrocarburos
Objetivo: “Generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo, con lo que representa ese sector en términos de generación de empleo; de desarrollo económico en la Patagonia; de Cadena de valor y en término de generación de divisas”.
Ley de promoción del turismo y la gastronomía
Objetivo: “Es un momento en el que el turismo receptivo es una enorme oportunidad y genera la posibilidad de promover la mano de obra local y aprovechar bellezas naturales de Argentina para consolidar su posición en el turismo receptivo”.
Nuevo régimen jurídico para el sector autopartista y automotriz
“Es una ley que se trabajó con toda la cadena de valor y que va a permitir aumentar el volumen y el saldo exportador y generar incremento de la oferta de empleo del sector”.
Renovación del 2022 del Régimen de promoción de la construcción
Objetivo: “La inversión pública, que va a ser más del 2.5 del producto en materia de obra pública, más la inversión privada, promovida por un régimen impositivo, va a hacer crecer el empleo en el sector construcción”.
Ley agroindustrial
Objetivo: “Permite agregar valor. Ley construida con 32 entidades del sector agropecuario que permite pensar que a los productos primarios que se exportan se le agregue valor y capital humano, pudiendo así aumentar exportaciones y corregir distorsiones en términos de precios”.
Además de estos proyectos, el Gobierno buscará a enviar al Congreso una iniciativa con la meta de crear un régimen temporal a 4 años para el ingreso al Monotributo de trabajadores informales, calculados en unos 4,5 millones de personas, con el objetivo de facilitar el acceso de los trabajadores precarizados al registro laboral, sin los costos para el Régimen Simplificado para los Pequeños Contribuyentes, de acuerdo a la información que publica TN.
Incluye la exención de todo pago del Monotributo durante los primeros 3 años, mantiene la gratuidad del componente impositivo para los contribuyentes de la categoría A, la más baja, así como el fin de la obligación a contratar una cobertura social. Y mecanismos para el acceso al crédito productivo, mediante la creación de dos fideicomisos que permitan fondear préstamos a tasas subsidiadas para esos sectores.
También se intentará avanzar con la propuesta que se repitió en campaña, para transformar los planes sociales en empleo registrado en el sector privado, en sintonía con un proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que apunta a crear “un puente al empleo” y dar “la posibilidad que los beneficiarios de la asistencia estatal mantengan por 12 meses ese ingreso, sumado al sueldo definido en el contrato laboral con la empresa contratante”, al tiempo que dispone “de una serie de rebajas en los aportes para promover la contratación de los beneficiarios de planes sociales”.
Asimismo, el Gobierno buscará ampliar el alcance de la ley de “Compre Nacional”, sancionada en 2018, con el objetivo de que, tanto el Estado nacional como los provinciales y municipales, se manejen en mayor medida con proveedores nacionales, poniendo el foco en las Pymes y en la innovación, a la vez que busca generar unos 30.000 empleos directos.
IG
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