Diez meses para “resolver” el “problema” de la “proscripción” de Cristina
Días atrás, Máximo Kirchner postuló a Cristina a la presidencia. Como es fácil deducir, no se trata de una simple expresión de deseos del diputado sobre el futuro de su madre. Máximo expresa la voluntad de la expresidenta de competir por un tercer mandato en Casa Rosada.
La apuesta inmediata de Cristina es obtener un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene previsto sesionar entre el 16 de octubre y el 6 de noviembre, si es que ese cuerpo no debe cancelar los encuentros por falta de fondos, producto del boicot de Estados Unidos.
La expresidenta entiende que la sentencia en su contra viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Argentina suscribe. En su equipo jurídico valoran una eventual instrucción de ese comité como vinculante para los tribunales argentinos, como si fuera una instancia de apelación.
“Si la ONU lo permite, Cristina va a asumir la responsabilidad de representar a millones de argentinos que quieren votarla”, dice una fuente muy próxima a la exmandataria. “En el gobierno y la Corte Van a tener que elegir si Argentina es como Venezuela o Nicaragua, que prohíben candidatos, o es una democracia liberal que respeta el estado de derecho. Veremos si Milei actúa como (Nicolás) Maduro o (Emmanuel) Macrón”. ¿Qué tal?
En concreto, Cristina cuestiona la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos —un lapso en teoría muy superior a la sentencia de 6 años de prisión que vencería en 2031— y las notorias irregularidades de la causa Vialidad. Además, pide que se valore la “nueva prueba”, en referencia a la contabilidad de la que surge que Austral Construcciones, la firma de Lázaro Báez, fue una receptora marginal (0,85% de las obras) del fideicomiso que, según la sentencia, fue utilizado para desviar fondos al exsocio de los Kirchner.
Ricardo Lorenzetti, el más antiguo de los operadores del máximo tribunal, dejó saber mediante gestos faciales que la sentencia contra Cristina es cosa juzgada, aunque —en un lapsus de pulcritud— evitó expedirse sobre una eventual instrucción del Comité de la ONU
El Trío Supremo que integra la Corte ya se expresó contrario a que instancias internacionales tengan potestad de revertir decisiones de los juzgados argentinos. En una reciente entrevista, Ricardo Lorenzetti, el más antiguo de los operadores del máximo tribunal, dejó saber mediante gestos faciales que la sentencia contra Cristina es cosa juzgada, aunque —en un lapsus de pulcritud— evitó expedirse sobre una eventual instrucción del Comité de la ONU.
Las dudas sobre el carácter vinculante de un dictamen del organismo internacional van más allá de la opinión del terceto Lorenzetti-Rosatti-Rosenkrantz.
Una voz jurídica del peronismo advierte que el Comité de la ONU no es un “organismo jurisdiccional” que actúa como cuarta instancia, como sería el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, cuyos fallos son obligatorios para el Estado argentino.
Un dictamen de la ONU movería el avispero, daría lugar a nuevas presentaciones de los abogados de Cristina para la revisión de la sentencia, dispararía llamaradas en “¿La ves?”, Fernando Iglesias se tomaría un tren bala desde algún lugar de Europa a Bruselas para analizar el caso y el fiscal Diego Luciani elevaría plegarias al cielo en una edición relámpago del Coloquio de IDEA, pero podría ser enterrado por el Trío Supremo con alguna de sus ya legendarias parrafadas en las que deciden lo que quieren, porque pueden.
En paralelo, Cristina presentó una cautelar para que se morigeren las “indignas” condiciones de detención que padece. La expresidenta debe portar una tobillera electrónica y sólo puede recibir hasta tres personas por vez, dos horas como máximo, no más de dos veces por semana. Tiene limitado el uso de la terraza de San José 1111 para ver el sol.
Las medidas son excepcionales para detenidos domiciliarios de más de setenta años, lo que se traduce en una limitada acción política. Personas muy próximas a Cristina, que trabajan con ella desde hace años, no la ven en persona, porque no quieren ocupar el restrictivo cupo de visitas.
La expresidenta también va por la vía cautelar en tribunales argentinos en contra de la inhabilitación de ocupar cargos públicos. El intermitentemente pulcro Lorenzetti ya dio por inválido el argumento de inconstitucionalidad, porque no fue presentado durante el proceso que terminó en condena.
Condiciones para la unidad
De cara a la interna, en La Cámpora elaboran que Axel Kicillof juega al distraído con el tema. La interpretación de Cristina es que el gobernador bonaerense sabe que nunca podría vencer en una interna, y que prefiere simular que la detención no existe, para sembrar su pretensión de liderazgo. Con menos palabras, los camporistas describen en Kicillof una deslealtad de la peor condición.
Acto seguido, intérpretes de San José 1111 resaltan la coordinación con Sergio Massa, a la que definen como “pragmática”. “Sergio sabe que, sin Cristina, no hay peronismo posible. Es una cuestión de inteligencia, no de lealtad”, resume la voz.
En la gobernación bonaerense, desacreditan esos argumentos: “Vamos a seguir adelante en cualquier escenario, sea candidata Cristina o Massa apoyado por Cristina, o cualquier otro. El problema que tienen es que perdieron el poder de cerrar la lista e informarnos por whatsapp quiénes eran los candidatos”. “No tiene nada que ver con la lealtad. En todo caso, tendrán un problema con contar los votos en democracia”, agrega la fuente desde La Plata.
La proyección de una estrategia electoral es prematura. En las bancadas peronistas del Congreso prevalece la presunción de que los Hermanos Milei podrán al menos suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en 2027, y con ello, complicar la forma en que la oposición dirimirá sus diferencias y sus candidaturas.
La hipótesis de organizar una interna al estilo de la de 1988 entre Carlos Menem y Antonio Cafiero es relatada como ciencia ficción en las facciones peronistas. Aducen falta de fondos, padrones desactualizados y desconfianza mutua sobre el respeto a las reglas de juego. Transmiten tanta convicción contraria a organizar una primaria propia, que no se vislumbra si es resignación o deseo de no acordar.
“Si hay unidad, sea para listas conjuntas o para ir a una interna, se tiene que firmar en San José 1111. A Cristina le encantaría firmarla en la gobernación bonaerense, pero está presa”, ironiza la voz del entorno de la expresidenta. “El que no cierra con ella, es porque no quiere ganar”.
En La Cámpora quieren a Kicillof sentado en el living del departamento de Constitución, donde estuvo hace exactamente un año, cuando la tensión fue tal, que ambas partes prefirieron que no hubiera foto. Una capitulación cotizaría distinto y ameritaría una instantánea.
Que no se corte
El ensayo de Cristina candidata podría resolverse en cuestión de semanas mediante unas líneas de la Corte, pero los Hermanos Milei tienen incentivos para prolongarlo hasta junio o julio del año próximo, cuando deben anotarse las candidaturas.
Diez meses de incertidumbre, con una postulación virtual de quien La Cámpora entiende como dueña real del capital político y los votos, funcionarían como una impugnación política a Kicillof y obturaría a otros rivales. Un rechazo de la candidatura a último minuto vía Comodoro Py o el máximo tribunal serviría en bandeja el argumento de que Kicillof surgiría como presidenciable de descarte, una figura útil tanto para San José 1111 como para la Casa Rosada.
Cristina baraja un plan B: una alianza con sectores del peronismo “para ganar” las primarias y la general. En ese escenario circulan nombres como el de Massa o el santiagueño Gerardo Zamora, en una reedición de los últimos postulantes elegidos por la expresidenta en 2015, 2019 y 2023, quienes no eran cabalmente de su ideario político, pero se entendieron como cartas de triunfo.
Un rechazo de la candidatura a último minuto vía Comodoro Py o el máximo tribunal serviría en bandeja el argumento de que Kicillof surgiría como presidenciable de descarte, una figura útil tanto para San José 1111 como para la Casa Rosada.
Un retorno a una Cristina pragmática, que junta fuerzas para ganar, se alejaría de la presunción del entorno de Kicillof y otros peronistas críticos de que la apuesta de los Kirchner es dividir o abstenerse en 2027, y, en consecuencia, perder frente a Milei. No es una hipótesis que en el cristinismo acepten como siquiera analizable.
Trampa
Días atrás, Graciana Peñafort, exdirectora de Jurídicos del Senado en tiempos de la vicepresidencia de Cristina y abogada defensora de imputados de los gobiernos kirchneristas en diversas causas, puso el dedo en la llaga. “Lo de Cristina no es proscripción, es una imposibilidad legal” en el marco de una “sentencia ilegítima”, dijo en el programa “1111” del canal Ar12.
Detrás de esa frase de la exdirectora de Jurídicos del Senado en tiempos de Cristina y abogada defensora de exfuncionarios de los gobiernos de los Kirchner en diversas causas por presunta corrupción, cabe leer una diferenciación con respecto a la proscripción política del peronismo en su conjunto durante 18 años.
El matiz es crucial. En la tesis cristinista, ante una proscripción de “la dirigente más popular de Argentina”, el próximo presidente surgiría condicionado, si no invalidado, porque millones de votantes quedarían sin la posibilidad de elegir a su candidata.
En ámbitos críticos del cristinismo, al calor de las encuestas que ubican a la expresidenta como una de las figuras más populares de Argentina en un porcentaje similar al de Patricia Bullrich, Kicillof y Myriam Bregman, circula una preocupación que encuentra un punto de conexión con la de San José 1111. “Si millones de argentinos están impedidos de votar a su candidata, es un problema para la democracia”.
El razonamiento a veces va acompañado de una aseveración. “A los votantes de Cristina no les importa la corrupción”.
Los negocios de la familia Kirchner con Lázaro Báez, un gerente del Banco de Santa Cruz que se transformó en contratista de obra pública casi en simultáneo con la asunción de Néstor en 2003, despiertan sospechas fundadas, nunca explicadas.
En ese punto, si en efecto se trató de un sistema de desvío de fondos estatales a arcas de los Kirchner, no hay mucho por discutir. Las instituciones de la democracia deben mostrar fortaleza ante un caso de corrupción probado, por más popular que sea el condenado. Una de las debilidades del proceso es que se reconstruyó el lavado de dinero de los Báez, pero nunca se halló la “ruta de dinero K”, como titularon durante años los zócalos de los programas de Jorge Lanata y algún fiscal se atrevió a reproducir en un texto judicial.
En efecto, es factible que a algunos votantes kirchneristas “no les importe la corrupción”, o la justifiquen con el argumento de que “en política hay que hacer caja”, o prioricen otras cuestiones, como los ingresos populares o la obra pública.
También cabe la interpretación de que muchos votantes de Cristina consideren que la exmandataria es honesta o pudo haber cometido ilícitos, pero menores comparados con las sospechas de los múltiples negocios turbios con el Estado de Mauricio Macri, antes, durante y después de ejercer la Presidencia, o las supuestas coimas personalizadas del 3% de Karina Milei, o los presuntos sobornos pactados en Casa Rosada para orquestar una criptoestafa.
Acaso algunos piensen que Cristina, como cualquier persona —culpable o no—, merece un proceso con garantías, y no con jueces digitados por Macri, Milei o el Grupo Clarín.
La trama de los Kirchner con la obra pública daba lugar para investigar a fondo, pero las instituciones argentinas y el poder mediático dispusieron que se duplicaran causas, se extorsionara a testigos y varios jueces y fiscales intervinientes fueran habitués de jaranas con Macri en sus quintas, incluido Luciani, el ovacionado en IDEA.
En ese círculo quedó atrapada la política argentina.
SL
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