La letra chica de la norma
Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad que busca sancionar el Congreso pese al veto de Milei
La Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso busca insistir este jueves establece beneficios económicos para el sector de las personas con discapacidad. Pero también significa un golpe político al Gobierno, ya que los legisladores están cerca de doblegar el veto del presidente Javier Milei y le marcan la agenda sobre un tema más que sensible para el oficialismo: Karina Milei está en el ojo de la tormenta por una supuesta trama de corrupción donde se cobrarían coimas para otorgar contratos con Agencia Nacional de Discapacidad. En ese marco, la norma tiene un significado mayúsculo, y sus puntos centrales son:
- La ley declara emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y establece regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas, entre otras.
- Actualmente, las pensiones por invalidez laboral representan un 70% de la jubilación mínima. Es decir: $224.194.
- Con certificado de discapacidad hay unas 5 millones de personas, el 16% de la población total. Y alrededor de un millón son los que están cobrando pensiones contributivas, pero ya hay 60.000 recortadas. Las bajas son de quienes no se presentaron a chequear la pensión porque nunca les llegó la información.
- La norma establece una actualización por inflación de las prestaciones, que están congeladas desde el año pasado (lo que llevó a que varios centros de inclusión estén al borde del cierre)
- Los nuevos aranceles alcanzan al nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, que presidente la ANDIS.
- Se plantea mejorar la base de datos de la ANDIS y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
- El Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
- Se propone que la ANDIS, en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
- Se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar el funcionamiento continuo de los talleres protegidos y centros de día.
- Se reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
- El impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso es de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
- Con la insistencia aprobada se convierte en ley de manera automática.
- Antes del Senado, la Cámara de Diputados había rechazado el veto de Milei por 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.
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