Fernández negocia la “desjudicialización” con las TelCo: tarifas atadas a salarios y la pulseada por la prestación básica

En la última semana de diciembre, cuando el ojo público se posaba sobre otros ruidos, el Gobierno aceleró la negociación con las tres principales empresas de telecomunicaciones (TelCo) que operan en la Argentina. Se movió con una premisa política y económica: ensayar un acuerdo para “desjudicializar” un sector que considera clave y en el cual está, en la práctica, arrinconado por cautelares que paralizaron el decreto 690 del 2020 que estableció como servicio público esencial el acceso a internet y la telefonía celular.

Al caer el 2021, con el mandato expreso de Alberto Fernández de ordenar el frente judicial con las telco, la Jefatura de Gabinete de Juan Manzur y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que preside Claudio Ambrosini se sentaron en la mesa con Telecom, Telefónica y Claro, las tres grandes, para construir una hoja de ruta sobre tres ejes puntuales: un esquema tarifario pautado, un plan de inversiones de mediano y largo plazo y, el que aparece como principal escollo, la prestación básica.

Tras las cautelares que las compañías impulsaron y consiguieron para no aplicar el decreto 690, la Casa Rosada avanzó por la vía judicial -llevó el planteo a la Corte, para que resuelva la cuestión de fondo sobre la legiitmidad del decreto- pero, en simultáneo, retomó el diálogo con el sector. “El Gobierno necesita dar previsibilidad a los usuarios respecto a tarifas y a las empresas de un sector esencial”, afirmó a elDiarioAR un funcionario involucrado en las conversaciones.

En las últimas semanas, hubo dos encuentros entre el gobierno y las telco. Jorge Neme, vicejefe de Gabinete y Ambrosini, junto a otros directores de ENACOM, fueron los interlocutores oficiales mientras que del lado de las empresas estuvieron Alejandro Lastra por Telefónica, Hernán Verdaguer por Telecom y Alejandro Quiroga López por Claro. Manzur, en una especie de bendición de lo que ahí se charle y acuerde, pasó, saludó, sonrió y alentó el acuerdo.

El punto de partida, sostenido en dos lados del mostrador, de “desjudicializar” y la agenda avanza con distinta velocidad según la expectativa de cada jugador. En la trinchera empresaria hablan de dejar atrás una “situación empantanada” pero, además de los renglones de discusión, invocan otra intriga: si existe, en el gobierno, una postura uniforme orientada a cerrar -o comenzar a cerrar- la relación crítica con las telco. “Notamos que no todos piensan lo mismo”, dijeron desde una compañía.

“A las empresas no les sirve estar con una cautelar, que es una medida frágil y de emergencia, y el Estado quiere ordenar el sector”, indica una voz oficial que arriesga, con un optimismo que no se replica del lado empresario, que a lo largo de enero podría haber algún anuncio destinado a iniciar el proceso de desjudicialización.

Fórmula

En el menú figura un asunto particular. Con el karma inflacionario, el Gobierno apunta a lograr una pauta que le permite administrar un capítulo hipersensible. No está escrita en ningún lado, solo se invoca de palabra, pero está avanzado una fórmula polinómica que pretende atar los aumentos tarifarios a tres variantes: la variación salarial -el RIPTE-, inflación y movimientos en el tipo de cambio. La ecuación, que está en pleno debate, enfrenta otro problema: ¿A qué segmento se aplicará?

“Nadie quiere este estado de judicialización pero, para empezar, el gobierno debe entender que el 690 no sirvió y que no se puede avanzar sobre ese marco. Hay que replantear el esquema y entender que el mercado de las TelCo tiene una dinámica propia, que no es como un servicio público como la electricidad”, plantea una fuente empresaria y repite, como esquema de máxima, que el sector requiere tarifas libres.

Asume, así y todo, que el Gobierno no puede desregular los precios y que necesita una pauta. Trasmite que puede aceptarse, pero como una medida temporal, de transición. Y va más lejos. “Se puede trabajar con un esquema de las prestaciones más bajas, lo básico, pero determinados segmentos deberían estar desregulados”, apunta. Es una línea que en el gobierno ponen en la mesa como variable: que haya una especie de segmentación con un esquema de precios pautados para el consumo masivo y zona libre en las prestaciones prémium.

Según un borrador oficial podría haber 3 o 4 aumentos preestablecidos para todo el año, según la fórmula polinómica que tenga como elemento central la variación salarial. Esperan un aumento para marzo y la intención de la Casa Rosada es que antes se logre un entendimiento, siquiera parcial, para que esa suba forme parte de una pauta acordada y escalonada. “Un parche”, apunta un negociador telco y vuelve al tema político: si el número que logre acordarse -si se logra- tendrá el OK de todo el FdT.

Hiper rentabilidad

Con 56 millones de líneas activas, y casi 49 millones con 4G, el negocio de la telefonía y los datos -tanto móvil como cableado- es el epicentro de la preocupación oficial. En las conversaciones con las empresas, el punto crítico es la definición de la prestación básica. El decreto 690 tuvo, luego, dos decisiones administrativas donde fijaron una serie de “abonos” mínimos, a precios accesibles. Fue una medida dura para las empresas que tienen, en gran medida, líneas pre-pago.

“Las prepago tienen dos paradojas. Una es que los sectores menos pudientes, que usan pre-pago, pagan el servicio más caro que los demás sectores sociales. La otra es que, por hábito o por informalidad en sus ingresos, aun con servicios post pago de bajo costo, muchos siguen con el pre-pago”, explica una fuente oficial y señala que las compañías se resisten a una prestación básica que altere el negocio del prepago que tiene, además, otro beneficio: no hay mora. “En la pirámide de la ganancia, las prepago generan una hiperentabilidad. Los sectores que los usan pagan hasta 10 veces más que el resto”, detalla.

“Una crítica bastante común es decir que acá tenemos precios caros pero somos más baratos, respecto al dolar, que la mayoría de los vecinos. Dicen que muchos no pueden pagar el servicio. Y es cierto: hay un nivel de pobreza muy alto que no puede, tampoco, pagar otros servicios”, indican desde una compañía y objetan el concepto de universalidad del servicio aunque aceptan la idea de una prestación básica.

En los dos encuentros del último tiempo, cada vez que se quiso avanzar en definiciones sobre la prestación básica, la charla se estancó. Es el punto más difícil, admiten, porque vincula la cuestión de los precios y muestra, además, perfiles distintos en las empresas: algunas con una política muy agresiva para sectores de bajos ingresos y otras que no lo hacen.

Competencias

El planteo del Gobierno es definir una prestación básica, con una determinada cantidad de gigas, minutos de llamadas, mensajería y una abono básico de canales de cable. Las empresas plantean varias objeciones. La primera, referida al servicio hogareño, es que no todo es similar respecto a la zona urbana, periurbana o rural, con plataformas distintas. Respecto a la telefonía y datos móviles, el planteo es directo. “Tiene que ser algo que no distorsione la competencia”, afirman.

Es un planteo amplio que opera en varios planos. Uno de ellos remite a qué nivel de amplitud tiene el acuerdo. “La mesa debe ser más grande: las tres empresas principales cubren gran parte pero el sector tiene 1500 actores y todos deben estar representados”, indica una fuente empresaria. Es cierto: hay cientos de cooperativas y prestadores locales de TV por cable e internet. Pero en el rubro de la telefonía no existe esa diversidad: el negocio lo dominan tres prestadoras.

Aparece, entonces, una hipótesis: que en su intención de lograr un acuerdo, la Casa Rosada excluya de un primer entendimiento la TV por cable y se enfoque en la telefonía y el servicio de Internet donde, además, puede intervenir ARSAT -que avanza con un plan de expansión del servicio a localidades de todo el país por donde llega fibra óptica de esa empresa-.

“Se tiene que ordenar el sector. El Estado, mientras tanto, empezó a limpiar el espectro para el 5G”, señala un funcionario. Aunque ese expediente tiene una complejidad mayor, con impacto geopolítico, el plan oficial es construir un acuerdo para salir del estado inestable del sector de las telco como un paso previo a apurar, luego, el 5G. Pero esa, se sabe, es otra historia.

PI