Un fiscal federal de Córdoba a juicio por pedir coimas

“No queremos patearles la puerta”, le advirtió un empleado de los Tribunales Federales de San Francisco a Pablo González, un dirigente de la Cooperativa Tambera Las Cañitas de El Tío. González, como muchos otros productores, tenía “problemas de papeles” y necesitaba ponerse al día con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Un amigo le sugirió que contactara al fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, y el funcionario judicial envió a Darío “Paco” Rivarola, un empleado raso de su fiscalía, pero de su máxima confianza, a entrevistarse con el cooperativista de El Tío.

Tras varias reuniones con González, la solución propuesta por el enviado del fiscal Viaut fue el pago de una coima: “Si podemos hacer algo, que no sea con las cosas a medias; si se puede hacer algo que lo hagamos bien, cosa que no quede nada, que quedes limpio, limpio, limpio, pero después a cuidarse”, le advirtió Rivarola al gerente de la cooperativa. El pedido de coima fue de más de $ 2 millones y González respondió que iba a discutir la propuesta con los otros directivos y darle una respuesta.

El Tío es un pueblo del este cordobés, de poco más de 2.000 habitantes ubicado sobre la Ruta 19, a 76 kilómetros de San Francisco y a 132 de esta Capital, el corazón de la cuenca lechera que comparten las provincias de Córdoba y Santa Fe.

A raíz de esta negociación irregular, desde los Tribunales Federales de Córdoba se ordenó una investigación y se descubrió, además, que el fiscal federal Viaut “asesoró” a los familiares de un joven imputado por abuso sexual para lograr una mejor defensa. A principios de 2022, luego de la feria judicial de verano, el fiscal federal de San Francisco será juzgado por los delitos de concusión agravada y tráfico de influencias. Ni bien fue imputado, Viaut solicitó licencia.

Un fiscal mediático

En julio de 2020, en plena cuarentena por la pandemia del Covid-19, el cooperativista Pablo González - acompañado de su abogado Juan Alberione- denunció en la Fiscalía General Federal de Córdoba, que el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, le había querido cobrar una coima para frenar una causa judicial y que el enviado a negociar fue Rivarola, un empleado judicial de máxima confianza del fiscal.

En una entrevista con el diario Perfil, Viaut reconoció su amistad y vínculo con su empleado y negociador Rivarola: “Es ordenanza de la fiscalía y tenemos una relación de amistad. Es una persona que por el tema del fútbol, conoce desde el intendente hasta los presos. Incluso nos consiguió teléfonos de gente investigada, para intervenir. Es una persona muy conocida de la localidad”.

Luego de recibir la denuncia del cooperativista González, el fiscal general cordobés Carlos Casas Nóblegas dispuso que la fiscal de Villa María, María Marta Schianni, se encargara de investigar el accionar de su colega de San Francisco.

Durante nueve meses, en silencio y con minuciosidad, la fiscal federal de Villa María se dedicó a investigar a su par de San Francisco, sospechado de extorsionar y cobrar coimas. A principios de mayo pasado, la fiscal Schianni le solicitó al juez de Villa María, Roque Rebak, la elevación a juicio de la causa contra su par Luis María Viaut por dos hechos: uno donde se investiga el tráfico de influencias para beneficiar a la Cooperativa Tambera Las Cañitas -sospechada de estafas y fraude-; y otro para agilizar la libertad de un joven detenido por abuso. Para evitar filtraciones, porque el sospechoso era otro fiscal federal, la fiscal Schianni compartimentó su trabajo.

Desde Córdoba, los jueces de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones, Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro, confirmaron el procesamiento y la elevación a juicio contra Viaut, acusado de tráfico de influencias y concusión agravada, esta última figura es similar a un cohecho o pedido de coimas con la promesa de beneficiar a un investigado.

Apenas un mes después de haberse iniciado la pesquisa, el fiscal Viaut fue noticia nacional junto a sus colegas de la ciudad de Córdoba, Maximiliano Hairabedian y Enrique Senestrari: el 31 de agosto de 2020, luego de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por evasión fiscal de $ 430 millones a través de la generación de facturas truchas, la Justicia Federal de Córdoba y San Francisco ordenó un megaoperativo con 93 allanamientos y 33 sospechosos detenidos, entre empresarios y contadores de las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los fiscales Hairabedian, Senestrari y Viaut decidieron poner en marcha ese megaoperativo en el marco de una investigación por asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta. Se sospechaba que Viaut podría haber utilizado el pretexto de esta denuncia de AFIP para apretar a los directivos de la Cooperativa Tambera Las Cañitas.

En esta megacausa con 33 detenidos no hubo ni un solo sospechoso ligado a la cooperativa de El Tío (ni hay ni hubo una investigación contra González ni el resto de sus directivos). “Si bien se invocó la existencia de una supuesta investigación penal, extremo que dotó de verosimilitud a la intimidación, fue precisamente la función pública que ostentaban los sujetos activos que abusaron de su autoridad, el requisito suficiente para la configuración del tipo penal”, dictaminaron los jueces de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones.

El propio González le contó a elDiarioAR que lo hicieron “vivir momentos difíciles”. “Me dijeron que tenía el teléfono pinchado, que nos iban a allanar nuestras casas, la Cooperativa; me mostraron una causa donde yo estaba involucrado con facturas apócrifas y demás. Yo tuve que explicarle a mi familia lo que nos estaba pasando. Incluso me dijeron que Gendarmería me seguía”, relató.

A fines de septiembre de 2020, Viaut volvió a estar en todos los medios de San Francisco y el departamento San Justo: había ordenado operativos contra el narcotráfico, que terminaron con la detención de Pablo Esser, presidente de Sportivo Belgrano, el club más importante de la zona. El dirigente deportivo es dueño de una financiera, que utilizaría para meter el dinero del narcotráfico en el circuito legal. Brian Requena, uno de los ex jefes de la barra de Sportivo, también fue detenido. En total hubo nueve detenciones de sospechosos de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

San Francisco y su vecina Frontera, en Santa Fe, son una zona roja del narcotráfico. Ambas ciudades están separadas por una avenida, una vereda está en Córdoba y la otra en Santa Fe.

Tres meses después de ser detenido, a Esser le dictaron la falta de mérito por el delito de “financiación al narcotráfico”, aunque siguió procesado como “presunto partícipe primario de comercialización de estupefacientes” y “lavado de activos de origen delictivo”. Seis de los integrantes de la organización están presos en la cárcel de San Francisco y tres están con prisión domiciliaria.

Investigación sin filtraciones

 Cuando los movimientos judiciales por la denuncia de AFIP y el narcolavado se calmaron, la fiscal María Marta Schianni volvió a la acción y logró desentrañar cómo había sido el modus operandi de Viaut. La investigación incluyó escuchas telefónicas que comprometen a los dos sospechosos, además del secuestro de teléfonos, computadoras, documentos y otros elementos de prueba. En un allanamiento en el despacho del fiscal Luis María Viaut fueron secuestrados U$S 8.900 y $ 843.500.    

El propio fiscal investigado le dijo a los medios que los allanamientos realizados en diciembre de 2020 por efectivos de la Delegación Villa María de la Policía Federal Argentina (PFA) en su despacho y su casa, además de otros domicilios ligados a la causa, “son los avatares de la labor que uno lleva adelante y hay que pasarlo”.

Algunas de las conversaciones, que fueron grabadas y constan en el expediente, además de los chats vía WhatsApp, se realizaron al teléfono de un intermediario: Santiago Badino.

El propio denunciante González declaró ante la Justicia que Badino, un profesor de educación física conocido suyo, se ofreció a gestionar una reunión con el fiscal de San Francisco: “Sos macanudísimo, yo los quiero ayudar”, le dijo Badino, según la declaración del cooperativista. Y fue Badino quien le presentó a Darío “Paco” Rivarola, el negociador enviado por el fiscal Viaut.

Badino y Rivarola -era delegado del gremio de Judiciales- se conocen porque juegan al fútbol juntos. En el voluminoso expediente está consignado que en las comunicaciones telefónicas y en las reuniones que mantuvo González con Rivarola en el domicilio de Santiago Badino en El Tío, y en una estación de servicio sobre la Ruta 19 -en uno de los ingresos a la localidad de Devoto-; el empleado judicial enviado por el fiscal Viaut sugirió que la gestión llegaría a buen término si pagaba una suma cercana a los $ 2,5 millones. Y para meterle miedo le dijo sin eufemismos: “No queremos patearles la puerta”, dándole a entender que la cooperativa y los domicilios de los directivos podrían ser allanados por fuerzas federales.

En el expediente quedó expuesto que “Paco” Rivarola no actuaba como líbero, sino que recibía órdenes del fiscal Viaut, quién proponía solucionar las irregularidades de manera ilegal: “Habría que hacer desaparecer una cosita…”, se lo escucha al propio fiscal de San Francisco. Y cuando hablan del monto a cobrar por la gestión ante la Cooperativa Tambera Las Cañitas, Viaut se muestra, según sus propias palabras: “…Enloquecido, no, no, no, soy como un león enjaulado (…) el número es una cosa de locos …”.

El preparador físico Badino, que ofició de contacto entre el cooperativista González y el fiscal federal Viaut declaró ante la fiscal María Marta Schianni y el juez Roque Rebak que él estuvo presente en las reuniones, que su intención fue ayudar a González y que nunca sospechó que las reuniones terminarían en un pedido de coimas. Santiago Badino fue imputado y ya fue sobreseído definitivamente en esta causa.

“Ilicitud del modus operandi”

 El camarista federal Abel Sánchez Torres, que le dio curso a la investigación de la fiscal y el juez federal de Villa María evaluó la situación de los dos sospechosos y sostuvo que hubo un aprovechamiento de la posición funcional de Viaut (ser fiscal federal); a la vez que analizó las comunicaciones y las escuchas solicitadas por la fiscal Schianni y ordenadas por el juez Rebak y avaló la investigación al sostener que “dan cuenta de maniobras que se caracterizan por su habitualidad y que demostrarían la existencia de un modus operandi para acercar propuestas ilícitas a terceras personas, con el fin de obtener aparentes beneficios económicos y que según se advierte de las constancias de la causa, los hechos que se ventilan en los presentes no serían la excepción”.

Para el camarista Sánchez Torres, el uso de la red de mensajes WhatsApp, que está encriptada y no permite el acceso a su contenido, incluso a la Justicia, “revela el conocimiento de la ilicitud del modus operandi desplegado”.

Asesor de Justicia

 La otra causa por la que será juzgado el fiscal Luis María Viaut es por el cobro de US$ 17.100, que el empresario Víctor Brugnoni le entregó para que el fiscal federal de San Francisco lograra la liberación de su hijo José Agustín Brugnoni (23), detenido e imputado por abuso sexual por la Justicia provincial de Córdoba. Ese monto sería el primer pago de un total de US$ 250 mil, la suma total sería completada cuando el joven acusado de violación recuperara su libertad.

En este segundo hecho, además del fiscal federal de San Francisco fueron investigados e imputados como intermediarios Gerardo Agustín “Coco” Panero y Walter Gustavo Fattore; mientras que Brugnoni fue acusado de pagador de la coima, delito tipificado como cohecho activo.

La madrugada del 25 diciembre 2019, luego de concurrir a un boliche de la localidad de Laborde, José Agustín Brugnoni, habría violado a una chica; aprovechado que la víctima había bebido de más. Luego de que la chica denunció al joven Brugnoni, la fiscalía de Bell Ville libró una orden de detención en su contra, pero el muchacho ya había fugado. Fue detenido cinco días después en Formosa, y los investigadores sospechan que quería profugarse a Paraguay y luego a Brasil, país con un largo historial de negativas a los tratados de extradición. Ya en 2020, el sospechoso fue alojado en la cárcel de Villa María, a 129 kilómetros de Laborde.

Para lograr mejorar la situación procesal de su hijo y su libertad, en agosto del año pasado Víctor Brugnoni se contactó con Walter Fattore, un vecino de Pozo del Molle, y éste a su vez le contó a Gerardo “Coco” Panero, un carnicero de la localidad de Las Varillas, sobre las necesidades de su amigo. Panero, quien es amigo de Viaut, contactó al fiscal con el empresario.  

Nuevamente, “Paco” Rivarola apareció negociando en nombre de su jefe, y la cifra exigida fue de US$ 250 mil.

El propio fiscal Viaut reconoció en una rueda de prensa haber prestado asesoramiento jurídico, aunque aclaró que no conocía a los funcionarios judiciales de Bell Ville, donde se investigaba el abuso sexual denunciado contra Brugnoni hijo, por lo tanto no pudo cometer el delito de tráfico de influencias: “Un amigo de Las Varillas me llama y me dice que hay un hombre con un problema y que si bien tiene su abogado, quiere ver de qué manera puede liberar a su hijo, buscaba asesoramiento”.

Como si no se tratara de un fiscal federal, Viaut dio una explicación burda sobre su comportamiento: “(Brugnoni) si bien tiene su abogado, quiere ver qué manera puede haber para liberar al hijo. Buscaba asesoramiento, una presentación, algo lógico cuando está en una situación comprometida. Como cuando uno tiene un problema de salud grave: tiene al médico, pero apela a la curandera para salvarse. En este caso, se solicitó un dinero para las gestiones, se trató de asesorarlo”. El fiscal también les dijo a los periodistas que la plata se dividió con Panero y Fattore.

 “Lechuga”, “chorizo” y “salames”

 En una de las escuchas telefónicas solicitadas por la fiscal María Marta Schianni, el empleado judicial Rivarola le cuenta a su jefe que llevaba “lechuga”, en referencia a los dólares pagados por Víctor Brugnoni. En otras intervenciones, los sospechosos hablan de “chorizo” o “salames”, claves utilizadas para referirse a los pagos ya recibidos. También en las grabaciones se lo escucha al fiscal Viaut hablar de “dos kilos”, que podrían ser “dos millones”, según sospecha la fiscal Schianni. El empleado judicial Rivarola, en tanto, también contesta en clave: “tarros” o “latas” serían miles de pesos o dólares.

En el expediente figuran los diálogos entre el fiscal Viaut y el resto de los sospechosos. Por caso, en el “Llamado 45”, que aparece en el “CD N° 7”, los interlocutores son “Doc” y “Coco”: allí, Viaut (“Doc”) se ríe por cómo “Paco” (Rivarola) consiguió cobrar los primeros US$ 17 mil; a lo que Panero (“Coco”) asiente: “Lo que pasa que ”Paco“ tiene una labia”.

También “Coco” Panero le pregunta a “Doc” Viaut: “¿Llegaron bien los bille..?”. Rápidamente el fiscal lo interrumpe y no lo deja seguir: “Sí, todo llegó excelente”.

Panero le contó a Viaut que se quedó “con siete” y que le dio a una tercera persona “otros tres”; refiriéndose a miles de dólares.

Sobre la situación de Luis María Viaut al frente de la fiscalía federal de San Francisco, la fiscal Schianni señaló a elDiarioAR: “Ese es un resorte administrativo que depende de la Procuración General de Justicia de la Nación. Se abrirá alguna medida disciplinaria para investigar y analizar su situación, no está previsto su apartamiento, además como lo expresa la Constitución Nacional todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Hay funcionarios públicos que son investigados y al no tener condena firma continúan en sus funciones”.

El Régimen Disciplinario del Ministerio Público Fiscal considera como faltas graves cometidas por los funcionarios y magistrados “asesorar o evacuar consultas fuera de los casos inherentes al ejercicio de su función” y “recibir dádivas, concesiones o gratificaciones de cualquier clase por la realización de sus funciones, en tanto ellas revistan de entidad en su valoración material”. A la vez, señala las sanciones disciplinarias que pueden recibir: “Apercibimiento; Multa de hasta el 20% de sus remuneraciones mensuales; Suspensión hasta por 30 días sin goce de sueldo y la Remoción de su cargo”; que aplica en el caso del fiscal federal de San Francisco.

Desde diciembre de 2020, Viaut está de licencia, cobra sus ingresos y lo reemplaza en sus funciones la fiscal Schianni.

GM