Italia autorizó la extradición de un ex capellán militar acusado de torturas en la dictadura

La Justicia Italiana confirmó la extradición a la Argentina del ex capellán militar de San Rafael, Franco Reverberi Boschi, para que sea juzgado por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad cometidos en Mendoza en el marco del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Con la decisión de la cartera a cargo de Carlo Nordio, queda firme la resolución del Tribunal de Apelaciones de Bolonia de comienzos de julio pasado.

“Realmente estamos muy contentos, se ha logrado algo muy importante. Teníamos dos extradiciones negadas en Italia, la de Reverberi y la de Malatto, por las que hemos trabajado mucho para cambiar la situación y finalmente pudimos obtener la confirmación de la extradición de Reverberi”, expresó Jorge Ithurburu, presidente de la Asociación 24 Marzo ONLUS, organización de derechos humanos con sede en Italia.

Reverberi Boschi, capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, está investigado por los hechos cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Departamental” en los tribunales locales. Nacido en Italia en 1937, regresó al viejo continente cuando en 2011, y en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, sobrevivientes y familiares lo señalaron como responsable. En particular, cinco víctimas aseguraron que estuvo presente durante las torturas a las que fueron sometidas.

Tras su huida a su país de origen, la justicia inició un pedido de extradición en 2013, proceso que adquirió un impulso mayor en los últimos años a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Según informó la cartera que encabeza Horacio Pietragalla Corti, desde el estado argentino se impulso la modificación de la jurisprudencia de la Justicia Italiana para que los crímenes de lesa humanidad y las torturas también fueran consideradas causas imprescriptibles, como sucede con los homicidios.

Durante el primer pedido de extradición hace una década, la Corte de Bolonia y la Corte Suprema de Casación en 2014, consideraron que la presentación “carecía de fundamento” dado que no se cumplían las condiciones estipuladas en el Tratado Bilateral de Extradición firmado entre Argentina y el país europeo. Recién en 2017, cuando la legislación italiana incorporó la tortura a su Código Penal, se cumplieron los requisitos para volver a iniciar el pedido, lo cual terminó sucediendo tres años más tarde.

Ahora, tras la extradición, el religioso podría ser juzgado en Argentina por la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en perjuicio de Alfredo Rafael Porras, Roberto Rosalez, Roberto Rolando Flores, Hugo Adelmo Riera, Sergio Segundo Chaki, Mario Héctor Bracamonte, Luis Barahona, Marcos Antonia Valdéz y José Guillermo Berón. Respecto de este último, se cree que el ex capellán podría haber participado de su homicidio.

Con información de agencias.