Tras una denuncia de Marcela Pagano
La Justicia pidió al Gobierno el expediente de una licitación impulsada por Karina Milei para mantenimiento de Olivos y Casa Rosada
La Justicia federal puso la lupa sobre una licitación impulsada por la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, destinada al mantenimiento de los espacios verdes de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.
El fiscal federal Ramiro González solicitó este lunes al Gobierno nacional la entrega completa del expediente administrativo correspondiente a la licitación pública cuestionada, como paso previo a definir si corresponde abrir formalmente una investigación penal.
Según trascendió, el requerimiento judicial apunta a conocer el estado actual del procedimiento y revisar la documentación vinculada a la contratación del “servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego” de los jardines y espacios verdes de la residencia presidencial de Quinta de Olivos y de la Casa Rosada.
En su resolución, González sostuvo que antes de impulsar la acción penal resulta necesario obtener información detallada sobre el trámite administrativo de la licitación.
El expediente judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza y actualmente enfrentada con el oficialismo.
La legisladora apuntó contra Karina Milei por presuntos delitos de fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Uno de los principales cuestionamientos planteados en la denuncia está vinculado con las empresas oferentes que participaron de la licitación pública N° 23-0005-LPU26, convocada por la Secretaría General de la Presidencia.
De acuerdo con el planteo presentado ante la Justicia, las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA habrían participado del proceso pese a que, según un dictamen previo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ambas integrarían un mismo grupo económico.
Para los denunciantes, esa situación podría haber generado una “apariencia ficticia de competencia” dentro del proceso licitatorio.
Ahora, con el pedido de documentación realizado por el fiscal González, la Justicia busca determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigación penal formal sobre la contratación impulsada desde el área que conduce Karina Milei.
Con información de la agencia NA