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tensiones en la provincia de buenos aires

Manes-Massa-Vidal, triple escollo para el acuerdo por la reelección de los intendentes bonaerenses

Vidal, en su etapa como gobernadora bonaerense, durante un encuentro con intendentes de Cambiemos y del PJ. Fue una de las impulsoras de la ley que limita las reelecciones en la Provincia.

Pablo Ibáñez

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Por lo bajo, todos hablan, reniegan de la ley, dicen que fue apresurada, que estuvo motivada por “facturas” políticas y agendas mediáticas. Pero, en voz alta, la mayoría calla. Y cuando la discusión escala, y avanzan las conversaciones para reformar la ley que impide a 87 intendentes, 47 de Juntos, 37 del Frente de Todos y 3 vecinalistas, cientos de concejales y decenas de legisladores bonaerenses buscar su reelección en el 2023, aparecen los límites y las diferencias.

Matemáticamente, es necesario un acuerdo entre Juntos y el Frente de Todos para que la ley junte los votos necesarios para ser tratada y aprobada en la Legislatura de la Provincia. Pero aunque hay indicios y medias promesas para lograr ese entendimiento, desde ambos frentes surgen voces que objetan la reforma de la norma.

De arranque, aparecen tres actores que operan como escollos para un acuerdo. Uno de ellos es Sergio Massa, que fue uno de los promotores de la ley para limitar a dos los mandatos de intendentes, concejales y legisladores provinciales, y que plantea en la mesa chica del FdT que sus legisladores bonaerenses no levantarán la mano para enmendar una propuesta que él empujó en 2016. “Sergio dice que no pero debería encontrarse una solución”, sugiere un dirigente bonaerense que participa de las negociaciones para avanzar con la reforma.

Hace unas semanas, Massa expuso en una charla que no cambiará su postura política y que su sector, el Frente Renovador, no votará en contra de la ley que limita las reelecciones. El presidente de Diputados lo sostuvo, además, en las distintas rondas del FdT donde se habló del tema. Se lo atribuyen, como dato adicional, a la relación tensa que tiene con el intendente de Tigre, Julio Zamora, uno de los que si no se reforma la ley, en 2023 no podría competir por otro mandato.

La disidencia de Massa activa otros conflictos. Uno de ellos es el de La Cámpora, que no fue partidaria de la ley que se aprobó en septiembre del 2016, tras un acuerdo entre Massa y la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, y que incluso podría beneficiarse por la no reelección de algunos alcaldes. Sin embargo, Máximo Kirchner dio el OK, según confirman en su entorno, a la reforma en la medida que haya un acuerdo amplio. ¿Si Massa no apoya, Máximo enviará a sus diputados a levantar la mano?

Espectro opositor

Martín Insaurralde, jefe de Gabinete bonaerense y uno de los alcaldes que no podría reelegir en el 2023, está a cargo de las conversaciones con la oposición provincial en busca de un acuerdo que permita retocar la ley. Hay un plan A, de máxima, que apuesta directamente a derogar la ley 14.836 que estableció el límite de dos mandatos y en una cláusula transitoria, la del artículo 7, especificó que el periodo en curso cuando se aprobó la norma contaba como primer mandato. La derogación de la ley restauraría el sistema de las reelecciones indefinidas. “Si vamos a pagar el costo de un cambio de ley, eliminemos la ley”, arriesga, osado, un alcalde del conurbano. Pero parece poco probable.

La opción más viable es la que propone eliminar el artículo 7 para que el periodo 2015-2019 no sea computado como primer mandato, de modo que permanecería el límite de dos períodos pero los intendentes actuales recién estarían cursando el primer mandato, por lo cual podrán volver a ser candidatos en el 2023 aunque tendría la limitación en el 2027. Ese plan B es, en estas horas, el más sólido y podría ser incluido para el tratamiento en la Legislatura durante diciembre, según confiaron a elDiarioAR fuentes bonaerenses.

Insaurralde avanzó con conversaciones con los intendentes del PRO Jorge Macri y Néstor Grindetti, de Vicente López y Lanús. Este último avisó que no quiere reelegir en 2023 y Macri tiene previsto asumir en estos días como ministro de Gobierno porteño, con lo cual usaría el atajo para no completar dos años de su segundo mandato, lo que lo habilitaría para volver a competir en el 2023. Es lo que ocurre con varios intendentes del PJ que asumieron cargos en el Ejecutivo, como Insaurralde y Leo Nardini, que son funcionarios de Axel Kicillof, o Gabriel Katopodis, Juan Zabaleta y Jorge Ferraresi que son ministros de Alberto Fernández.

A las conversaciones con el PRO, que en La Plata dicen que están avanzadas, se sumaron contactos con la UCR, partido al que pertenecen gran parte de los 47 alcaldes de Juntos que no podrían reelegir dentro de dos años. El interlocutor radical fue Maximiliano Abad, por su condición de jefe del bloque de Juntos en la Cámara de Diputados bonaerense. Pero surgió un inconveniente: Abad, que preside el Comité Provincia de la UCR, fue uno de los promotores de la candidatura de Facundo Manes, y el neurocientista expresó su rechazo a que se reforme la ley. Por eso, Abad -que estaba de viaje en estos días- aparece entre dos fuegos: la demanda de la liga de intendentes radicales y la posición pública de Manes.

Desde el PRO se relamen ante la situación de que la UCR avale la reforma de la ley. “¿Manes dice que llegó a renovar la política y su partido vota una ley para que puedan reelegirse otro mandato los intendentes?”, ensaya un argumento un diputado que forma parte de un subloque que expresó, o expresa, al vidalismo y que tiene el mandato de la ex gobernadora, promotora de la ley, de mantenerse firme en su postura histórica de no permitir otra reelección de los alcaldes. “No vamos a acompañar ninguna reforma de esa ley”, aseguró a elDiarioAR un diputado ligado a Vidal.

La hipótesis de que el massismo no vote pondría al vidalismo a plantear lo mismo, por lo que la reforma dependería de los votos del FdT y la UCR, más algunos aliados. Eso, en un contexto de tensiones internas, podría desatar una guerra dentro de Juntos donde aparecen sectores como el de Patricia Bullrich o de Elisa Carrió que acusen al radicalismo de consentir un pacto con el peronismo.

PI

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