Parlasur: la Coalición uruguaya votará a favor de Pepín Rodríguez Simón

Un tema divide en las dos costas del Río de La Plata: la situación de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y hoy el Parlamento del Mercosur -el Parlasur- debe resolver su permanencia o no en su recinto. La sesión en Montevideo debería poner fin a un largo proceso que genera repercusión también del lado uruguayo y divide al oficialismo y a la oposición. 

La expulsión del Parlasur deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes del parlamento del Mercosur. Son 77 votos que, hasta hoy, no habían aparecido, lo que garantizaría que Rodríguez Simón conserve su asiento en el parlamento multilateral. Fuentes políticas señalaron al diario uruguayo El Observador que los votos para despojarlo de su mandato no alcanzarán. También que parte de la delegación argentina pedirá postergar la discusión del asunto para otra sesión. Cecilia Brito, del Frente de Todos, adelantó el planteo el viernes pasado ante sus colegas. La razón que esgrimió es que muchos de sus compatriotas están afectados por Covid-19 y por lo tanto no podrán viajar a Montevideo. 

Rodríguez Simón es uno de los denunciados por extorsión a los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, operadores de juego en la ciudad de Buenos Aires y propietarios de una red de medios entre los que se cuentan C5N, Radio 10 y Ámbito Financiero.

Los diputados uruguayos que integran la coalición de gobierno respaldarán el informe elaborado por el argentino Humberto Benedetto (Frente Cívico de Córdoba) para rechazar el pedido de expulsión, informó hoy El Observador. Rodríguez Simón, electo al Parlasur en 2015, dejó Argentina el 8 de diciembre de 2020 en dirección a Uruguay. El pedido de expulsión había sido presentado el 26 de mayo del año pasado por varios parlamentarios afines al argentino Frente de Todos. El 13 de junio de ese año se dio inicio formal al proceso. 

El Frente Amplio, en tanto, sí respaldará la expulsión de Rodríguez Simón. En este caso, la moción recuerda que la jueza federal María Servini de Cubría declaró en rebeldía al acusado, requirió su detención a Interpol y que el exasesor de Macri carece de cualquier argumento para alegar “persecución política”. La moción rechaza la hipótesis de Rodríguez Simón al afirmar que, al día de hoy, “ningún funcionario u operador judicial” del gobierno de Macri está con prisión preventiva en Argentina ni existen indicios de alguna detención próxima. También asegura que la persecución política “no puede ser una condición subjetiva de quien se siente perseguido, sino que deben concurrir situaciones objetivas que hagan inminente el auxilio de un país extranjero”. La conducta del acusado, se afirma, “revela un menosprecio por la Justicia de su país una vez que su partido político ya no detenta el poder público”, a la vez que “atenta” contra los principios éticos y morales del Parlasur: “integridad, transparencia y honestidad”.

Con información de agencias y de El Observador

GC