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El “plan motosierra” llegó al INCAA y pone en serio riesgo su funcionamiento

Gala de cierre de la 38° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Su continuidad está en peligro.

Diego Batlle

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El flamante presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Luis Pirovano, implementó una serie de medidas para reducir de forma drástica los gastos del organismo y cumplir así con el “plan motosierra” que el mismo funcionario había adelantado la semana pasada en diversas reuniones con los delegados de ATE y con los representantes de distintas entidades de directores, productores y técnicos del sector.

La resolución 2024-16, que refiere a la “suspensión de erogaciones económicas en el marco de la racionalización de recursos”, establece la no renovación o la finalización anticipada de casi 140 contratos que en su mayoría vencen a fines de marzo, pero también el recorte de gastos en múltiples áreas del organismo. Según la medida, ya no habrá más apoyos institucionales, aportes a las provincias, pagos de horas extras al personal ni a los servicios de seguridad, viáticos, telefonía celular, comidas y reintegros e incluso se suspende el desplazamiento del personal.

Según la medida, ya no habrá más apoyos institucionales, aportes a las provincias, pagos de horas extras al personal ni a los servicios de seguridad, viáticos, telefonía celular, comidas y reintegros e incluso se suspende el desplazamiento del personal

La lista es todavía más amplia, pero lo que importa son sus efectos, ya que ponen en serio riesgo la continuidad de la mayoría de los planes, programas y proyectos en marcha: desde el funcionamiento de la Escuela Nacional de Experimentación Cinematográfica (ENERC), entidad pública y gratuita que tiene sedes en CABA, NOA, NEA, Patagonia, Cuyo, Mar del Plata, Rosario y Comodoro Rivadavia, hasta el trabajo de la Gerencia de Fiscalización (que controla el cumplimiento de las normativas vigentes por parte de los dueños de las salas), pasando por el Festival de Mar del Plata y el mercado Ventana Sur, cuyos presupuestos dependían hasta ahora en buena medida de los aportes del INCAA.

Si bien el propio Pirovano desestimó en su cuenta de la red social X que –como había trascendido luego de las reuniones– plantee cerrar el cine Gaumont, complejo ubicado en el barrio de Congreso y considerado un ámbito fundamental para la exhibición del cine argentino, sí apunta a un cambio de paradigma respecto de las gestiones de los últimos gobiernos (incluidas las de Alejandro Cacetta y Ralph Haiek durante el macrismo).

Pirovano –un economista muy cercano a Federico Sturzenegger y a Francisco Cabrera– pretende que el Instituto limite sus actividades al fomento audiovisual y que además se hagan menos películas, más grandes y con mayor llegada comercial. Esto implica, por ejemplo, dejar de lado el programa de Espacios INCAA (además del Gaumont, hay casi 70 salas más en el interior con distintas modalidades de funcionamiento), terminar con el apoyo a festivales provinciales, abandonar políticas de difusión como el canal Cine Ar TV y la plataforma de streaming Cine Ar Play, y discontinuar programas federales que se realizan en asociación con las distintas provincias.

El plan incluye también recortar el apoyo a los lanzamientos (un monto fijo que el INCAA daba a los productores y distribuidores de películas argentinas al momento del estreno) y las ayudas para viajes a festivales del exterior.

Pirovano –un economista muy cercano a Federico Sturzenegger y a Francisco Cabrera– pretende que el Instituto limite sus actividades al fomento audiovisual y que además se hagan menos películas, más grandes y con mayor llegada comercial

Pirovano asegura que el INCAA está sobredimensionado (su planta permanente es de unas 500 personas y hay otros 145 trabajadores temporarios) y que gasta demasiado. En 2023 tuvo ingresos por 13.537 millones de pesos, de los cuales 9.458 millones (casi el 70%) provinieron de los aportes de los canales al Enacom y el 30% (4.037 millones) corresponde al impuesto del 10% que cada espectador paga cuando compra una entrada al cine. Los restantes 42 millones son por un negocio ya casi en extinción: el 10% a la compraventa y alquiler de videos.

Como ocurre en casi todos los organismos públicos, los funcionarios de Milei apuestan a un recorte brutal de gastos, a que la estructura sea lo más reducida posible y a que las actividades se concentren en lo esencial (en este caso, el apoyo a un número limitado de producciones). En cambio, las entidades del sector apuntan a que las compañías multinacionales de streaming (Netflix, Prime Video de Amazon, Apple TV+, Disney+, Max de Warner Bros. Discovery y Paramount+, entre otras) aporten, como ya ocurre en otras partes del mundo, al Fondo de Fomento para que los recursos aumenten y no, como ocurre por estos días, se jibaricen con el riesgo concreto de que el INCAA prácticamente quede paralizado y dejen de funcionar la mayoría de sus áreas.

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