Reforma de la Ley de Glaciares: fuerte crítica de la Iglesia a las audiencias públicas

En medio de la discusión por posibles cambios en la Ley de Glaciares, los obispos de la región Patagonia-Comahue hicieron público su malestar por la forma en se desarrollaron las instancias de participación en el Congreso. A través de un comunicado y declaraciones puntuales, señalaron que el proceso presentó serias deficiencias que afectan la intervención de la ciudadanía.

Uno de los pronunciamientos más enfáticos fue el del obispo de Rawson, Roberto Álvarez, quien sostuvo que las irregularidades observadas no son excepcionales, sino parte de un patrón que —según indicó— se repite desde hace años en distintos debates vinculados a cuestiones ambientales en la Patagonia.

Desde la mirada de los prelados, las audiencias públicas no cumplieron su función de canalizar opiniones de manera abierta y equitativa. En cambio, describieron un escenario en el que se restringió la participación, se alteraron las condiciones del debate y se generaron situaciones que desalientan la libre expresión.

Entre las situaciones cuestionadas, mencionaron la exclusión de oradores, dificultades para acceder a los recintos y la presencia de intervenciones no previstas. También aludieron a mecanismos de presión que, según afirmaron, buscaron incidir en el desarrollo de las discusiones y en las posturas de quienes participan.

El documento difundido advierte que este tipo de prácticas no se limita al ámbito legislativo nacional, sino que se replica en distintas localidades de la región. Allí, aseguran, se suman condicionamientos de tipo económico y social que influyen sobre comunidades y autoridades locales.

En ese contexto, los obispos vincularon el debate legislativo con intereses asociados a la actividad minera y a otros proyectos extractivos. A su entender, estas iniciativas se presentan como alternativas de desarrollo, pero generan tensiones con la protección del ambiente y los recursos naturales.

La preocupación central de la Iglesia en la Patagonia está puesta en la preservación del agua, considerada un recurso estratégico para la vida en la región. En esa línea, advirtieron que cualquier modificación que afecte áreas protegidas podría tener consecuencias directas sobre poblaciones que dependen de esos ecosistemas.

Además, cuestionaron el rol de los representantes políticos, al considerar que no se está garantizando una adecuada representación de las demandas sociales en un tema de alto impacto. Según expresaron, el debate debía contemplar de manera efectiva la voz de las comunidades involucradas.

Los prelados también apuntaron a la influencia de actores externos en la discusión, al señalar que muchas de las decisiones en torno a estos proyectos no contemplan la realidad local ni las necesidades de quienes habitan el territorio.

Frente a este escenario, reafirmaron su postura en defensa del ambiente y de las condiciones de vida en la Patagonia. En particular, insistieron en la necesidad de resguardar los recursos hídricos y evitar decisiones que puedan comprometerlos a largo plazo.

El pronunciamiento concluye con un llamado a mejorar la calidad del debate público y a garantizar instancias de participación genuinas, en un contexto que consideran atravesado por tensiones entre desarrollo económico y cuidado ambiental.

El comunicado de los obispos

“Con muchísima pena hemos visto el modo de resolver lo que debería ser la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares, convocada por la Cámara de Diputados de la Nación, la cual debería cumplir con lo exigido por distintos acuerdos e instancias legales que ya habían sido salteados por la Cámara de Senadores de la Nación. 

No nos es ajeno el modo de resolver que tuvieron quienes debieran hacer oír la voz del pueblo para así después poder “deliberar y gobernar” de modo legítimo; ya hemos visto la misma metodología desarrollada a lo largo y a lo ancho de toda la Patagonia cuando se trata algún tema ambiental que toca intereses de proyectos mineros: cercenar y anular intervenciones, impedir ingresar al recinto donde se desarrolla el debate, desestabilizar oradores e incluso incorporar a algunos que no estaban en la lista. 

Esas estrategias de manual son llevadas a cabo, de modo sistemático desde hace décadas, en pueblos, parajes y localidades de nuestro territorio. Aquí -en poblaciones pequeñas- también despliegan presiones económicas, laborales e incluso afectivas; recurren a promesas y dádivas. Ni qué decir cuando amedrentan llenando los lugares de las asambleas y sus alrededores con personas movilizadas, expertas en generar ruido y miedo. 

Recorren los lugares, copan canales de televisión y diarios con futuros promisorios, denostan a quienes podemos tener dudas, preguntas y hacer advertencias, llevándonos al lugar de ser promotores de la pobreza y estar en contra del progreso. Otras veces nos acusan de fundamentalistas, o de tener sesgos ideológicos o partidarios.

Es su misma metodología atropelladora y abusiva la que desde siempre hace dudar que tengan otro interés que ellos mismos; y cuando convencen a nuestros gobiernos, asfixiados por economías que ellos han ayudado a quebrar, siembran la idea de que es eso o el descalabro final. 

Ninguno de ellos respira nuestro aire: están a miles de kilómetros; tampoco beben o se nutren del agua de nuestros ríos. Porque de eso se trata: del aire y del agua. Ambas valen más que el oro, la plata, el dinero o un pseudo progreso que no respeta los estándares que en sus mismos países de origen les exigen. 

Queremos un futuro mejor para todos. Son los que han tenido distintas responsabilidades en los poderes del Estado quienes nos han llevado a esto; no quieran sacarnos del lugar donde han dejado a la Argentina pidiéndonos que entreguemos lo poco que nos queda y distingue a la Patagonia: sus ríos y lagos. Su agua. 

Ya ahogaron la voz de infinidad de anotados, la voz de un pueblo. Ya enrarecieron el debate; no nos intoxiquen también el aire“.

Con información de medios

JIB