La encabeza un diputado de Karina Milei
Se reúne por primera vez la bicameral de Inteligencia tras la reforma de la SIDE que le permite detener personas
La comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia se reúne este martes por primera vez desde que el diputado de La Libertad Avanza Sebastián Pareja asumió su presidencia, en un contexto en el que el decreto que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) para detener personas sigue en pie pese a los cuestionamientos judiciales que enfrenta desde principios de año.
El encuentro, a puertas cerradas, está previsto para las 16 en el sexto piso del Edificio Alfredo Palacios, anexo del Senado, y tiene como objetivo fijar un plan de trabajo y abordar asuntos pendientes que la comisión arrastra desde la gestión anterior, encabezada por el radical Martín Lousteau. Entre esos pendientes figura el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) presentado por la SIDE, que la bicameral rechazó y sobre el cual formuló observaciones por escrito que el organismo, conducido por Cristian Auguadra y bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo, nunca respondió.
Tampoco hubo respuestas oficiales a los planteos sobre el DNU 941/2025, la norma que reformuló la Ley de Inteligencia Nacional y que la propia SIDE emitió a fines de diciembre pasado. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026 y le otorgó a los organismos de inteligencia facultades extraordinarias para aprehender personas en casos de flagrancia o por requerimiento judicial, una ampliación de competencias que generó rechazo de un amplio arco político —incluido el PRO de Mauricio Macri— y una serie de presentaciones judiciales que hasta ahora no lograron torcer su vigencia.
La reforma no se limitó a las facultades de detención. El mismo DNU creó el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jefatura de Gabinete, que quedó a cargo de la protección del ciberespacio nacional y separado de las tareas de ciberinteligencia, reservadas ahora a la ex Agencia Federal de Ciberseguridad, rebautizada Agencia Federal de Ciberinteligencia.
El organismo ya está en funciones: el 9 de febrero, mediante el decreto 92/2026, el Gobierno designó al matemático Ariel Waissbein como director ejecutivo, con rango de subsecretario, y a Ezequiel David Gutesman como subdirector. La norma también reorganizó la inteligencia militar: disolvió la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y concentró esa función en la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO), que pasó a asesorar directamente al jefe del Estado Mayor Conjunto en la producción de inteligencia estratégica militar, con el argumento oficial de una superposición de funciones y una estructura sobredimensionada.
La Justicia rechazó, de hecho, los dos principales intentos por frenar el decreto. El 28 de mayo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°4, a cargo de la jueza Rita Ailán, desestimó una medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para suspender los efectos de la norma: la magistrada consideró que no estaban acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y remitió el debate de fondo sobre la constitucionalidad del DNU a la sentencia definitiva. El CELS adelantó que apelaría la resolución.
A fines de junio, el mismo juzgado rechazó también un amparo presentado por los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón, en este caso por entender que los legisladores carecen de legitimación para litigar contra normas dictadas por el Poder Ejecutivo y que no acreditaron un perjuicio concreto. Con ambos reveses judiciales, el DNU 941/2025 continúa vigente y operativo.
En ese escenario llega Pareja a la conducción de la bicameral, luego de una negociación que el 12 de mayo dejó satisfecha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que no aceptaba otro nombre para el cargo, y compensó al PRO —que también pretendía la presidencia— con la vicepresidencia primera para el senador misionero Martín Goerling. La vicepresidencia segunda quedó reservada para Unión por la Patria, que todavía debe designar a su representante. La definición no estuvo exenta de tensiones internas en el propio oficialismo: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le había prometido el cargo a Cristian Ritondo en febrero, pero Karina Milei terminó imponiendo a Pareja, uno de sus armadores territoriales más cercanos en la provincia de Buenos Aires.
La integración de la comisión también generó disputas. Quedó conformada por cinco legisladores libertarios —Pareja, los diputados Gabriel Bornoroni y Cesar Treffinger, y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche—, tres de Unión por la Patria —los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez—, dos del PRO —Goerling y Ritondo—, el radical Maximiliano Abad y las senadoras Carolina Moisés y Edith Terenzi. El interbloque Popular del Senado, que preside José Mayans, reclamó sin éxito un segundo lugar por ser la primera minoría: la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, le asignó esa banca a Moisés, senadora de Convicción Federal alejada del kirchnerismo.
La primera reunión de la comisión bajo el mando de Pareja llega, entonces, con una agenda cargada: además de organizar el trabajo del cuerpo encargado de fiscalizar los fondos reservados de la SIDE, deberá decidir si retoma los reclamos sin respuesta sobre el PIN y el DNU 941/2025, en momentos en que la ampliación de las facultades de los servicios de inteligencia para detener personas sigue sin una resolución judicial definitiva.