Maximiliano Pullaro consiguió, finalmente, quedar habilitado para pelear por una reelección en 2027. Este miércoles y luego de dos meses de debate, la Convención Reformadora de Santa Fe aprobó la nueva Constitución provincial que, además de introducir grandes reformas en el sistema político provincial, habilita la reelección del gobernador y el vice por un período consecutivo.
Este martes, Pullaro protagonizó el cierre de la Convención Reformadora con la proclamación de una nueva Constitución para Santa Fe. De ahora en más, solo Mendoza tendrá en su Carta Magna la prohibición de la reelección del gobernador. “Esta Constitución moderna y de avanzada es mucho mejor que la que habíamos imaginado”, dijo el gobernador.
El nuevo texto reemplazará a la Constitución de 1962, una de las más antiguas del país, y será jurado este viernes en la Legislatura provincial. A pesar de la resistencia que generaba su posible reelección, la continuidad del mandato del gobernador fue aprobada con el 67% de los votos de los convencionales.
Sin embargo, también se puso un límite para evitar la reelección indefinida tanto para el gobernador como los legisladores.
La reforma de la Constitución buscó modernizar el sistema político santafesino, incorporando nuevos derechos –como los ambientales– y estableciendo mecanismos de mayor transparencia, como la exigencia de “ficha limpia” para los candidatos o la obligación de presentar declaraciones juradas.
En cuanto al sistema de representación se estableció un esquema proporcional para las elecciones provinciales y se incorpora la iniciativa popular como mecanismo de participación ciudadana. También da mayor autonomía a los municipios ya que los que tengan más de 10.000 habitantes podrán dictar su propia carta orgánica y eleva al rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa.
Recién este lunes a Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías culminó su trabajo, ya que los nuevos derechos incorporados es una de las partes más importantes de la nueva Constitución. Allí se expresa claramente que todas las personas tienen derecho al agua y la protección de los humedales tendrán rango constitucional.
“El ambiente es un bien colectivo y la Provincia establece políticas públicas de protección con base en los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad y no regresividad, responsabilidad y solidaridad”, señala el texto.
Con respecto al agua, agrega: “El agua es un bien colectivo de uso común e indivisible, esencial para la vida humana, de los ecosistemas y para el desarrollo productivo. Tiene función social y ambiental y goza de especial protección desde una perspectiva sistémica. Toda persona tiene derecho de acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento”.
Por otro lado, se incluyó un nuevo artículo que establece la implementación de medidas para contrarrestar desigualdades por motivo de género, edad, etnia, discapacidad, clase social o pertenencia territorial: “La Provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas. Se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación, en especial, y sin perjuicio de otros grupos que se encuentren en situación de desventaja estructural”.
También establece la obligación del estado a proteger a los consumidores en un “entorno físico y digital; y especialmente para los consumidores y usuarios hipervulnerables de protección contra los riesgos de la publicidad, del sobreendeudamiento y de las cláusulas contractuales y prácticas abusivas”.
Y además fija el derecho de las personas a la protección digital: “Toda persona tiene derecho a conocer de forma clara, accesible y comprensible los criterios, parámetros y lógicas utilizadas en los sistemas automatizados o algorítmicos de toma de decisiones y a la intervención de una persona humana cuando esa decisión pueda afectar sus derechos, especialmente en los que se implemente inteligencia artificial u otras tecnologías emergentes”.
Con información de El Ciudadano