El sindicato de trabajadores viales denunció penalmente a Milei por el uso de fondos de la seguridad social
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación (STVyARA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por un supuesto manejo irregular de fondos de la seguridad social, en una causa que también alcanza a funcionarios y legisladores.
La acción fue impulsada por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat, y quedó radicada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) bajo el número 204/2026.
En la denuncia se solicita investigar la posible comisión de delitos como violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta. Según el escrito, los hechos estarían relacionados con una presunta utilización de fondos de la seguridad social para inversiones en el ámbito privado.
De acuerdo con la presentación, esos recursos habrían sido derivados hacia instrumentos bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, un organismo ajeno al sistema previsional y al esquema de reparto que financia las jubilaciones de los trabajadores.
El gremio advirtió que este mecanismo implicaría un retroceso hacia modelos similares a los de las antiguas AFJP, que -según señalaron- generaron perjuicios para los trabajadores y beneficiaron al sector financiero.
La denuncia también involucra a funcionarios que habrían intervenido en la elaboración del proyecto de Ley de Modernización Laboral, así como a legisladores que votaron a favor de la norma.
En ese marco, el sindicato sostuvo que las medidas cuestionadas podrían vulnerar principios constitucionales, en particular el artículo 14 bis, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social.
Además, se invocaron tratados internacionales de derechos humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen estándares de protección laboral basados en criterios de dignidad, progresividad y no regresión.
Desde STVyARA concluyeron que las políticas señaladas representarían un retroceso en materia de derechos sociales, en contradicción con la jurisprudencia vigente tanto a nivel nacional como internacional.
Con información de la agencia NA
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