Córdoba: investigan las denuncias de hostigamiento policial contra una víctima de gatillo fácil

El mural que recuerda a Joaquín, víctima del gatillo fácil en Paso Viejo, Córdoba

La madrugada del domingo 25 de octubre del año pasado, B., un chico de 14 años, su hermano Jorge de 18 y un grupo de amigos entre los que se encontraba Joaquín Paredes, de 15 años; estaban festejando el cumpleaños de otro chico en la plaza de Paso Viejo, cuando llegó la Policía y los baleó. Esa misma madrugada, Joaquín Paredes murió de un balazo policial, B. fue herido en la espalda y Jorge en una pierna. Desde esa noche, hace nueve meses, B. está aterrorizado, quiere suicidarse, su familia denunció que la Policía los hostiga y los allanó nueve veces.

Fue víctima de gatillo fácil y denuncia acoso y hostigamiento de la Policía de Córdoba: "yo no quiero vivir más"

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A finales de julio pasado, elDiarioAR contó la historia de B. y las denuncias de su mamá Paola sobre el acoso que sufre de parte de policías de Paso Viejo, un pueblito de poco más de 1.000 habitantes ubicado en el norte cordobés, a 170 kilómetros de esta Capital.

A raíz de la publicación del caso, el viernes pasado, el director de Políticas Públicas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de DD.HH. de la Nación, Mariano Przybylski, y el secretario de DD.HH. de la Provincia, Calixto Angulo se reunieron con Soledad -la mamá de Joaquín Paredes-; y con Paola y Maribel, la madre y la tía de B; además de familiares de otras víctimas cordobesas de gatillo fácil como Franco Sosa, Gastón Mirabal, José Antonio Avila, Yamil Malizzia o Agustín Barrios.

Allí las autoridades nacionales y provinciales se comprometieron ante los familiares de las víctimas a investigar las denuncias por hostigamiento policial y a activar las causas que estén paralizadas en la Justicia, además de ofrecer una batería de asistencia a las víctimas.  

“Los funcionarios de la Nación se comprometieron a investigar nuestras denuncias; a contactarse con la Fiscalía y con los funcionarios de la Provincia para revisar las actuaciones, porque asesinar a un chico no es un abuso de autoridad, es un homicidio. Y no puede ser que tengamos libres a policías que participaron del asesinato de Joaquín y que hirieron a otros dos chicos”, detalló a elDiarioAR, Ivana Reynoso del colectivo Justicia por Joaquín.

Desde la Secretaría de DD.HH. de la Nación siguieron desde cerca el crimen de Joaquín Paredes y el mismo día de su asesinato, abogados del organismo estuvieron acompañando a las víctimas. Cuando la fiscal de Deán Funes, Fabiana Pochettino, a cargo de la Fiscalía de Cruz del Eje no aceptó como querellante a la Secretaría de DD.HH. de la Nación, Przybylski le sugirió al abogado del organismo Claudio Orosz que se constituyera como querellante particular de las víctimas.

Reynoso agregó: “Esperamos que la cuestión jurisdiccional no sea un impedimento para actuar en contra del amedrentamiento que sufren los sobrevivientes de 112 balas policiales”.

La reunión del viernes pasado fue para que Przybylski, director de Políticas Públicas contra la Violencia Institucional escuchara de boca de los familiares de las víctimas, cómo es el hostigamiento que denunciaron ante elDiarioAR por parte de policías de Paso Viejo, y que posteriormente denunciaron ante otros medios cordobeses. 

“Nos enteramos por la prensa, ahora recibimos el testimonio de las víctimas, se va a iniciar una investigación y vamos a notificar de la situación al Gobierno de Córdoba, ya tenemos pautadas reuniones con funcionarios provinciales”, señalaron desde la Secretaría de DD.HH. de la Nación.

Por el asesinato de Joaquín Paredes y las heridas sufridas por B. y su medio hermano Jorge Navarro, la fiscal Pochettino imputó al agente Maykel López por los delitos de homicidio doblemente calificado por uso de arma de fuego y por su condición de policía, tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad. En tanto que los policías Enzo Alvarado, Iván Luna, Jorge Gómez y Ronald Fernández Aliendro, sólo fueron imputados del delito de “abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público”.

Tras la reunión del viernes, Mariano Przybylski; Gerardo Battistón, abogado de la Secretaría de DD.HH. de la Nación y militante de la Asamblea Permanente de los DD.HH. (APDH); las madres de Paso Viejo y otros familiares de víctimas de gatillo fácil, se sumaron a la marcha por el primer aniversario del asesinato de Blas Correas, el chico de 17 años baleado en esta Capital en un control policial la madrugada del 6 de agosto del año pasado.

Pericias balísticas

El jueves de la semana pasada, en la sede de la Policía Judicial de Córdoba comenzaron las pericias balísticas a las armas secuestradas a los cinco policías de la Subcomisaría de Paso Viejo, para determinar el grado de responsabilidad de los agentes en la balacera que terminó con la vida de Joaquín Paredes e hirió a los otros dos chicos. Una pericia inicial realizada hace nueve meses determinó que del arma de López había salido la bala que asesinó a Joaquín y que hirió a B. Las pericias médicas, indicaron que el tercer herido, Jorge Navarro no fue baleado en la pierna, sino que la lesión sufrida fue al cortarse con un hierro. El abogado querellantes, Claudio Orosz sostiene que “se busca determinar la cantidad de proyectiles disparados, el número y tipo de armas utilizadas y los autores de esos disparos”. 

La fiscal Pochettino determinó que la madrugada en que Joaquín Paredes fue asesinado, sólo se dispararon 11 balazos: siete salieron de la pistola del policía Maykel López, asesinando a Joaquín e hiriendo a B.; mientras que otras cuatro balas calibre 9 milímetros salieron de las pistolas de los otros cuatro policías imputados.

“Los testimonios de las víctimas y de los testigos hablan de muchísimos más disparos. No sólo de 11. Por ejemplo, hay un móvil policial, donde un agente se parapeta en la parte trasera y dispara, tal el relato de una testigo que miraba desde su casa. Pero después que esa camioneta se va, quedan varias vainas en la parte trasera y varias vainas en la parte delantera; cuando la testigo aseguró que desde su posición sólo pudo ver un solo tirador. Eso nos indica que, al menos, estamos ante dos tiradores en dos posiciones distintas; contradiciendo la versión oficial”, señaló Orosz.

Además, a pocos metros de donde se desató la balacera de los policías de Paso Viejo contra los adolescentes, vive un armero que declaró en la causa que “al menos hubo 60 disparos”. La versión de este testigo concuerda con el conteo de los proyectiles que esa noche portaba cada agente y de los que fueron devueltos en cada cargador. 

Desde la querella señalaron que “según los libros de novedades de la Subcomisaría de Paso Viejo, la noche del 24 de octubre los cinco agentes salieron a patrullar con sus pistolas con dos cargadores cada una; portando 17 balas cada cargador; lo que da un total de 170 proyectiles. Y que en el recuento de cargadores y balas no utilizadas, realizado la mañana del 25 de octubre, se devolvieron poco más de medio centenar de proyectiles, lo que da un faltante de más de 100, que fueron disparados”.  

Actualmente están detenidos en la cárcel de Cruz del Eje, los policías Maykel López y Enzo Alvarado. Los otros tres están libres. En la autopsia de Joaquín Paredes fue recuperado un proyectil del pulmón de la víctima, que fue disparado por la pistola del policía López. No se recuperó la bala que hirió a B.; y la pericia realizada por los médicos de guardia, determinó que Jorge Navarro no había sido herido por un proyectil. El policía López fue acusado también de herir a B.

Luego de la reunión con los funcionarios nacionales y provinciales, Paola, la madre de B. le dijo a elDiarioAR: “Queremos que nos escuchen, todos los meses tenemos allanamientos. Espero que después de la reunión no nos persigan más. Mi hijo B. no quiere vivir más, cada vez que llega la Policía a casa, él se queda paralizado”.

La Defensoría de Niños

Ni bien elDiarioAR publicó las denuncias de hostigamiento policial de los familiares y amigos de B., la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, Amelia López tomó contacto con la familia de B. y ordenó una serie de acciones “tendientes a resguardar la integridad del adolescente B., como así también de su familia”.

Funcionarios de la Defensoría mantuvieron una reunión con la fiscal Fabiana Pochettino para interiorizarse de la causa original del asesinato de Joaquín; además de los allanamientos denunciados a las viviendas de B. y de su medio hermano Jorge, quién vive con su abuela materna: “Nuestros equipos se entrevistaron con la fiscal para adelantar la cuestión documental, atendiendo los dichos de la madre del adolescente B. se le realizó un requerimiento formal sobre las acciones realizadas por policías en las viviendas de las víctimas y en el transcurso de la semana próxima vamos a evaluar la documentación y mantendremos nuevas reuniones con la fiscal”, le dijo Amelia López a elDiarioAR.

Además, la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes le giró “a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) una solicitud para que se realice una intervención, no sólo a favor de B.; sino a todo el núcleo familiar. Hay que hacer un seguimiento del chico, que fue una víctima de ese accionar la noche en que fue asesinado Joaquín; hay que ver su estado de salud, si está escolarizado, si está contenido; pero además hay que ver cómo está esa familia, si tienen acceso a cosas mínimas para resguardar la integridad de B.”.

En los próximos días, funcionarios y equipos interdisciplinarios de la Provincia viajarán a Paso Viejo a hacer un relevamiento entre las familias de los chicos que estuvieron junto a Joaquín paredes la noche en que fue asesinado. Extraoficialmente se informó desde la Nación y desde el Gobierno de Córdoba que se están estudiando implementar algún tipo de ayuda para las víctimas del tiroteo.

Los familiares de Joaquín Paredes y de B. se reunieron, además con legisladores de la oposición que vienen haciendo un seguimiento de los casos de violencia institucional. “Escuchamos a los familiares e integrantes del colectivo Justicia por Joaquín; desde el primer momento acompañamos a estas familias, no se trata de casos aislados, sino de una política de Estado que se implementa en Córdoba hace dos décadas. Lamentablemente tenemos que contar con cientos de víctimas de violencia institucional a nivel nacional y acá en Córdoba, donde en nuestra provincia tenemos una Policía profundamente represiva y mafiosa”, señaló la legisladora Luciana Echevarría del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

La legisladora de izquierda agregó que “todos estos casos de gatillo fácil siguen impunes hasta el día de hoy, donde no hay grandes avances en las causas. En el caso de Joaquín y B., la impunidad y la desprotección es muchísimo mayor, estamos ante familias humildes, que viven a cientos de kilómetros de la Capital, donde actúan con mayor impunidad; han sido liberados varios de los policías involucrados en el operativo donde asesinaron a Joaquín; además tenemos que ver cómo siguen hostigando a B., uno de los sobrevivientes y testigo de este tiroteo. La idea de reunirnos, más allá que he participado de otras instancias de apoyo a estas víctimas de gatillo fácil, es poder también, brindarles toda la contención que necesiten, que sepan que no están solos y que estamos a disposición para seguir reclamando Justicia por Joaquín, por Blas, por Yamil y por todas las víctimas y desmantelemos esta política de gatillo fácil, para que no haya ni un pibe menos, ni un policía más”.

En junio pasado, cuando fue liberado el policía Iván Luna, las legisladoras de izquierda Echevarría y Noel Argañaraz y los radicales Dante Rossi y Verónica Garade acompañaron a la mamá de Joaquín, Soledad Paredes, en el pedido de una audiencia con el gobernador Juan Schiaretti: “Queremos que el Gobierno nos escuche, no puede ser que mientras dejamos flores por Joaquín en el cementerio, sigan liberando a los asesinos de mi hijo. Los policías andan sueltos por la zona y se cruzan todo el tiempo con los chicos que recibieron los balazos. Estamos denunciando las amenazas de muerte que reciben el abuelo y tío abuelo de Joaquín, hemos hecho la denuncia en los Tribunales Cruz del Eje. La comunidad de Paso Viejo está muy preocupada, son policías que dispararon a sangre fría”, aseguró esa vez la madre de Joaquín Paredes.

GM

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