Crecen las amenazas escolares en el país: hay detenidos y más de mil casos bajo investigación

Una serie de amenazas de tiroteo en escuelas de distintas provincias encendió las alarmas en el sistema educativo argentino y derivó en detenciones, imputaciones y el refuerzo de medidas preventivas. Los casos más recientes se registraron en Salta, Córdoba y Mendoza, donde autoridades judiciales y educativas avanzan con investigaciones para determinar responsabilidades.

En la provincia de Salta, tres alumnos de 17, 18 y 19 años fueron detenidos tras ser acusados de realizar grafitis intimidatorios en el baño de varones del Colegio Walter Adet. Según la investigación, en las pintadas se advertía sobre un presunto tiroteo que ocurriría el próximo lunes, lo que generó preocupación en la comunidad educativa.

El fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, constató que los estudiantes ingresaron al sector donde se hallaron las inscripciones. De acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal, los jóvenes señalaron que se trataba de un “reto”. El Juzgado de Garantías ordenó sus arrestos y la audiencia de imputación fue fijada para este sábado, mientras continúa la recolección de pruebas.

En paralelo, en la provincia de Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° imputó a ocho adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”. La causa investiga más de 100 episodios similares en la capital provincial y otras localidades como La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.

La situación también impacta en Mendoza, donde la Dirección General de Escuelas confirmó la detención de tres alumnos por amenazas de tiroteo registradas durante la última semana. El ministro de Educación provincial, Tadeo García Zalazar, informó que los implicados son menores de edad y que uno de ellos es imputable.

El funcionario explicó que la identificación de los sospechosos fue posible gracias al trabajo de la Policía de Investigaciones y al seguimiento de pistas en redes sociales, además de la colaboración de padres e instituciones educativas. También advirtió que continúan analizando indicios sobre la posible participación de más estudiantes.

En cuanto a las sanciones, García Zalazar detalló que los casos encuadran en el delito de amenazas agravadas. Los menores imputables quedarán a disposición de la Justicia Penal Juvenil, mientras que los menores de 16 años serán apartados del ámbito escolar y sometidos a evaluaciones psicológicas junto a sus familias. Asimismo, no descartó sanciones para los padres en caso de incumplimiento de sus responsabilidades.

Según datos oficiales, en Mendoza se registraron cerca de 70 escuelas con amenazas de tiroteo, lo que representa menos del 10% del sistema educativo provincial. A nivel nacional, la problemática alcanza a más de 1.000 establecimientos, lo que motivó la articulación entre distintas jurisdicciones para abordar una situación que, según las autoridades, no debe ser minimizada y requiere respuestas coordinadas.

Con información de medios

JIB