Los datos sobre la ESI que contradicen los dichos de Clara Muzzio, la vice de Jorge Macri

Mientras la vicejefa de Gobierno porteña, Clara Muzzio, sostiene que la Educación Sexual Integral (ESI) es “una trampa mortal” que “no redujo las enfermedades de transmisión sexual” ni los embarazos adolescentes, las estadísticas oficiales y los informes de organismos con validez institucional —judiciales, académicos y de organizaciones internacionales— muestran un panorama distinto: la ESI está asociada a una caída sostenida del embarazo adolescente y a una mejor detección de abuso infantil, y el reciente repunte de infecciones de transmisión sexual coincide, en todo caso, con el desfinanciamiento del propio programa, no con su implementación.

El dato más contundente es el del Ministerio de Salud de la Nación: los embarazos en menores de 20 años cayeron 67% entre 2005 y 2024, de 107.109 a 35.292 casos, en el período que coincide con la sanción de la Ley 26.150 (2006) y la implementación del Programa Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). En las provincias donde el ENIA tuvo mayor despliegue —Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes— los partos adolescentes bajaron entre 30% y 60% según los últimos relevamientos disponibles. La socióloga Silvina Ramos, investigadora del CEDES y coordinadora del diseño del Plan ENIA, señala además que entre las adolescentes que participaron de actividades de ESI hubo un 20% más de adhesión a métodos anticonceptivos, el dato que originalmente justificó diseñar el programa.

En materia de protección infantil, el propio Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires —que depende del Poder Judicial porteño, no del Ejecutivo que integra Muzzio— documentó que entre el 70% y el 80% de los chicos y chicas de 12 a 14 años que pasaron por su Sala de Entrevistas Especializada pudieron reconocer y relatar que habían sido víctimas de abuso gracias a lo aprendido en clases de ESI. La actualización de ese informe en 2024 sumó otro dato: uno de cada cuatro chicos elige hoy el entorno escolar para develar voluntariamente una situación traumática, lo que sitúa a la ESI como una de las pocas herramientas sistemáticas de detección temprana de abuso sexual infantil con las que cuenta el Estado.

El argumento con el que Muzzio intentó sostener su postura —el aumento de casos de sífilis entre jóvenes— es real, pero la causalidad que propone es, como mínimo, discutible. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la tasa de sífilis pasó de 56,1 casos cada 100.000 habitantes en 2019 a 93 cada 100.000 en 2024, y en 2025 se notificaron 55.183 casos, un 49% más que en 2024 y un 64% por encima de la mediana 2020-2024. Ese repunte es contemporáneo, no de la ESI, sino de su desfinanciamiento: el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, y la cantidad de docentes capacitados cayó de 65.000 en 2023 a 900 en 2024, mientras que las provincias asistidas por el programa pasaron de 24 a 6.

A eso se suma el derrumbe en la distribución estatal de preservativos: cayó 64% entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2024 según un análisis de Chequeado sobre datos del Presupuesto abierto, y para 2025 la caída fue total —en el tercer trimestre de ese año se distribuyeron apenas 832 unidades en todo el país, según relevó El Auditor—. Especialistas de Fundación Huésped y de Amnistía Internacional Argentina coinciden en que atribuirle a la ESI el aumento de una enfermedad que crece justo cuando se recortan la educación sexual y el acceso a preservativos invierte la relación causal más plausible.

A nivel internacional, la evidencia respalda el mismo sentido. Las Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad de UNESCO, elaboradas con UNFPA, ONU Mujeres, UNICEF y la OMS, sistematizan estudios de múltiples países y concluyen que los programas de educación sexual integral retrasan el inicio de la actividad sexual, aumentan el uso de anticonceptivos y preservativos, y no incrementan la frecuencia de relaciones sexuales, tal como sostienen quienes se oponen a estos programas. Un ensayo controlado aleatorizado en el Reino Unido con más de 8.000 estudiantes de 66 escuelas, el programa “If I Were Jack”, mostró un aumento significativo del uso de anticonceptivos tanto en varones como en mujeres tras cursar el programa.

Un último dato contextualiza la discusión: la ESI y el Plan ENIA no nacieron ni se sostuvieron bajo un solo signo político. El diseño del ENIA arrancó en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, con participación de los ministerios de Salud y Educación, CIPPEC, CEDES y agencias de la ONU, y se profundizó bajo el gobierno de Alberto Fernández. La propia funcionaria del Ministerio Público Tutelar que documentó el impacto de la ESI en la detección de abuso, Pilar Molina, coordinó ese mismo programa en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, del PRO. Es, en los términos de la propia Molina, una política “que no refleja un posicionamiento ideológico” sino que atravesó gestiones de distinto color político hasta el recorte actual.