Paraná: denuncian que hace una década está frenado un juicio de abuso sexual de menores

Rituales sexuales, droga y alcohol, eran parte de la escena cotidiana de tres menores que fueron ultrajados durante aproximadamente siete años, por parte de su familia materna y personas del entorno. Los testimonios que las dos niñas y el niño brindaron frente a la justicia siempre fueron coherentes y recurrentes. Los tres señalaron que personas adultas los sometían a graves prácticas sexuales.  Estos hechos constan en la a causa que comenzó a investigarse en 2013 a partir de la denuncia radicada por abuso intrafamiliar contra un menor, estuvo prácticamente paralizada hasta 2017, cuando tras un análisis exhaustivo por parte del Ministerio Público Fiscal, y ante nuevas imputaciones presentadas por el Ministerio Popular, el tema volvió a salir a la luz. 

La fiscal, Laura Cattaneo, revisó las Cámara Gesell que se habían realizado a los menores del núcleo conviviente, se encontró con testimonios desgarradores. Las niñas y el niño habían narrado de qué manera los adultos los hacían participar en rituales donde eran abusados sexualmente, sin embargo, la causa no había avanzado.

Cattaneo advirtió que lo que hasta ese momento se había investigado como un caso de abuso intrafamiliar afectaba también a otros menores e involucraba a personas ajenas al grupo familiar, por lo cual accionó nuevamente la denuncia.

Ese año, siendo ya mayor de edad, una de las víctimas pudo distinguir en una rueda de reconocimiento a varias de las personas que quedaron sindicadas como partícipes de los abusos.

“Son hechos realmente muy graves que conmocionan de solo leerlos”, dijo el Juez de Transición, Gustavo Maldonado, que ese año dictó el procesamiento a once adultos por corrupción de menores, abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual agravado y promoción de la prostitución. 

Entre ellos, además de los familiares, se imputó a un ex Comisario, una policía, un locutor de la ciudad de Gualeguaychú, y a comerciantes de la zona, lo que dejó entrever la posibilidad de estar frente a una red de trata, dedicada a la captación, el ofrecimiento y la explotación sexual de estos menores.

Uno de los imputados es Mario René Wolff Furlong, ex Comisario General, ahora retirado, que en el momento de los hechos se encontraba en actividad. En los testimonios brindados por las víctimas, aparece varias veces mencionado. Sin embargo no fue imputado sino hasta la investigación realizada por la fiscal Cattáneo. La inacción de la justicia durante cuatro años abrió varios interrogantes en relación a los vínculos de poder, comerciales, empresariales y con algunos medios de comunicación que tenía el ex oficial. Del expediente también se desprende que podría tener mayores responsabilidades en los delitos que serán expuestos en el juicio.

En el extenso texto de imputación presentado por la fiscal quedó planteada la complejidad de las responsabilidades atribuidas a las personas imputadas, la urdimbre de relaciones familiares, la pluralidad de actores y sus roles en una sociedad pequeña como es Oro Verde, a escasos diez kilómetros de la capital provincial. 

Dilaciones 

Durante el proceso, los defensores de los imputados han formulado distintas recusaciones, por lo que el juicio que debía comenzar el pasado lunes 3 de octubre, nuevamente fue pospuesto. 

En los últimos días, Guillermo Mulet, uno de los abogados de la defensa, recusó a integrantes del Tribunal, porque ya habían tomado intervención en la causa en 2019, cuando resolvieron rechazar un pedido de prescripción solicitado por la defensa y confirmaron elevación a juicio. Antes, también otros magistrados habían sido recusados por la misma razón, en un trámite judicial que lleva años y donde muchos funcionarios y funcionarias han participado en algún momento del proceso.  

 “Las recusaciones planteadas, tanto la anterior como esta, tienen la finalidad de garantizar un juicio justo” dijo Mulet en representación de su defendida y agregó que las recusaciones se basan en que las decisiones que adoptaron los magistrados en intervenciones previas y antes de llegar a juicio, suponen un prejuzgamiento por lo cual dichos integrantes no pueden volver a intervenir.

Este jueves 6 de octubre se aceptó la primera de las recusaciones y el martes 11 se deberá resolver la segunda para poder conformar el tribunal integrado por jueces que estén en condiciones de resolver el juicio sin más dilaciones, algo que vienen reclamando los actuales representantes por el Ministerio Público Fiscal, Matilde Federick y Mariano Budassoff, en resguardo de los derechos de las víctimas.

“Desde la Fiscalía lo que interesamos es la pronta realización del juicio. Tenemos a los chicos esperando hace años y sabían que esta semana empezaba el juicio y eran los primeros en declarar” señalaron los fiscales preocupados ante la demora que podría frustrar declaraciones que son fundamentales.

Desde la organización ASI Basta que acompaña a víctimas de Abusos Sexuales en las Infancias señalaron que siguen con indignación e impotencia la dilación del Juicio a los responsables de las violencias sexuales padecidas por los hermanos de la localidad de Oro Verde.

“Esperamos juicio y sanción sin más prórrogas que sólo conducen a la revictimización de los niños en tantos años de espera” dijo Norma Romero en representación de la ONG y agregó que el hecho constituye una afectación significativa de los derechos humanos y la vulneración a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, incluidos en la Constitución Nacional, que promueve la recuperación física y psicológica de todo niño, niña, adolescente sometidos a abusos sexuales inhumanos y degradantes.                                                                                                  En diálogo con elDiarioAR, desde ASI Basta indicaron que “estos principios constitucionales son rectores y hace que otros derechos y mecanismos judiciales deban ceder ante el mismo, para de esa forma evitar la dilación y el beneficio por parte de los acusados, en detrimento del niño y las niñas, víctimas de semejante delito”.       

Para la organización, el Poder Judicial es el único ente estatal que a través de su sentencia puede dictaminar quién es culpable. “Es reparador para el niño o niña víctima de agresión sexual si se arriba y comprueba mediante un juicio, la culpabilidad de las o los victimarios”, de allí la indignación por la demora que mantiene a las víctimas en espera de justicia. 

SM