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Próxima a cumplir 18 años en vigencia, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) está en riesgo

Aunque no llegue a ser derogada, expertos consideran que la ley puede ser desfinanciada y reducida a su mínima expresión.

Celeste del Bianco

4 de marzo de 2024 20:18 h

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Esta publicación forma parte del programa “Towards Equality” (Hacia la igualdad), una alianza colaborativa de 16 medios de comunicación internacionales que destacan los desafíos y las soluciones para alcanzar la igualdad de género. Towards Equality es una iniciativa impulsada por Sparknews.

Si bien el Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Ómnibus que impulsó fallidamente el gobierno de Javier Milei no se refieren específicamente a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), el ajuste a las políticas públicas de género y los dichos previos del presidente indican que la aplicación está en peligro. 

La ley exige que todas las escuelas argentinas ofrezcan educación sexual adecuada a la edad para enseñar a los alumnos los “aspectos biológicos, psicológicos, sociales, emocionales y éticos” de la sexualidad, promover “actitudes responsables hacia la sexualidad” y asegurar “la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres”. En la práctica, los temas abarcados van desde el consentimiento y la anticoncepción hasta la identificación de instancias de abuso sexual y la equidad de género.

A lo largo de los años, la norma tuvo una implementación dispar en las distintas provincias del país según los gobiernos locales, pero se convirtió en una herramienta clave, por ejemplo, para detectar abusos sexuales en la infancia. Según cifras oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2020 el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abuso sexual lo hicieron después de tener una clase de ESI en la escuela. 

Los datos confirman la necesidad de mantener esta ley: un estudio de Casa FUSA de 2021 realizado en personas de entre 16 y 24 años de las provincias de Salta, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba y Río Negro, muestra que la ESI ayudó a identificar y actuar en casos de violencia de género propias o del entorno familiar. También se refleja en el descenso de los embarazos adolescentes. Para el 2021, la tasa de fecundidad adolescente en la Argentina había bajado un 57% con respecto al 2005. 

Sin embargo, el presidente Javier Milei la considera parte de “la agenda postmarxista” vinculada a “la destrucción del núcleo social más importante dentro de la sociedad, que es la familiar”. Según el primer mandatario, la ESI, que fue sancionada en 2006, “está vinculada con otras cosas, que tiene que ver con la discusión del ecologismo”. 

El desfinanciamiento es una de las vías para que pierda impulso y dependerá de los gobiernos provinciales la calidad de su permanencia. Esta actitud de las máximas autoridades conlleva también la habilitación de discursos violentos que atacan a la ESI en distintos sectores de la sociedad. 

En este contexto difícil, educadoras y educadores de distintas regiones se organizaron para preservar la ley en un contexto complejo en el que la máxima autoridad del país la considera como “adoctrinamiento” que “deforma la cabeza de la gente”. 

¿Vaciamiento en puerta?

“Sabemos que no le van a dar presupuesto, además existe el artículo 5 que es un respaldo para quienes no quieren aplicarla”, sostuvo Ana María Vega, especialista en Promoción y Educación para la Salud, diplomada y formadora en ESI, en diálogo con elDiarioAR. Si bien la norma establece que las jurisdicciones nacional, provincial y municipal deben garantizar la implementación obligatoria de la ESI, el artículo 5 indica que cada institución educativa puede adoptar los lineamientos de la ley de acuerdo a sus valores, lo que significa que, por ejemplo, una escuela católica puede brindar una educación sexual que refleje sólo el ideario católico.

“El secretario de Educación de Nación (Carlos Torredel) viene de la educación privada y siempre se respaldó en el artículo 5 para la no aplicación. No van a derogarla, pero sí van a vaciar el programa. Ya lo han hecho: despidieron a un montón de gente a la que no se le renovó el contrato. Con poca gente y poco presupuesto se aletarga la aplicación de la ESI porque no hay una política pública que le siga dando impulso”, agregó la especialista que trabaja en la provincia de Mendoza. 

“Nos preocupa con dolor”, afirmó la psicóloga y psicóloga social Eugenia Otero a elDiarioAR. Ella es coordinadora del Postítulo de Especialización en Educación Sexual Integral en el Instituto “ Joaquín V. González” de la Ciudad de Buenos Aires y cotidianamente interactúa con educadores y educadoras. “Un gobierno como el de Milei viene a poner en cuestión un montón de cosas que veníamos intentando pensar y revisar para un mundo mejor, menos desigual. Cuando escuchamos a las personas que estudian en el postítulo y nos cuentan los padecimientos de aquellos con quienes trabajan, lo que aparece es la necesidad de transformarlo. Y duele un montón que la transformación vaya en el sentido contrario. Estábamos en un mundo cruel que había que transformar y lo que vemos ahora es algo más cruel”, agregó. 

“Vemos con enorme preocupación que en lugar de una gestión que pueda mejorar algo las situaciones profundas de violencia y desigualdades, lo que recibimos desde el Estado son ideas, discursos y acciones que tienen que ver con cancelar derechos, con dejar de cuidar a las personas para cuidar las cosas. En nombre de una supuesta libertad niega y visibiliza la existencia de desigualdades muy profundas, cancela la posibilidad de pensar el encuentro con otro”, sostuvo. A pesar de este panorama, Otero sostiene que hay que mantener la esperanza y defender las conquistas obtenidas. 

El pánico moral

La referente nacional en ESI y vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Graciela Morgade, sostiene que la idea de “adoctrinamiento” busca manipular a las familias con la instalación del “pánico moral”. “Es tratar de inculcar terror a las familias respecto de que van a decirles o hacer a sus hijas, hijos e hijes. Es una estrategia para manipular a las familias y personas. No estoy diciendo que no haya familias para las cuales la ESI sea una mala noticia porque tienen una mirada respecto de las relaciones de género y consideran que no hay que respetar a las disidencias, sino educarlas o criminalizarlas. Pero también sabemos que en estos años la ESI tuvo una fuerte validación. Les niñes y les jóvenes quieren hablar de cuestiones que tienen que ver con su sexualidad, con su proyecto de vida, con sus temores, con sus falta de conocimiento, de cuestiones de violencia. Todos los estudios muestran que, sobre todo en las chicas, la ESI es una oportunidad para hablar de lo que incomoda y duele”, explicó.

Además, Morgade agregó: “Es muy difícil discutir con alguien que habla de las ‘ideas de la libertad’ y no piensa que eso forma parte de una doctrina. Además, no se visualiza que hay otra forma de pensar los cuerpos y las sexualidades. Las formas tradicionales también son ideológicas y doctrinarias”. 

¿Qué pasa en las escuelas?, ¿Qué actitudes tienen las familias ante un escenario creciente de discursos de odio?, ¿Cómo repercute el discurso oficial? Las especialistas coinciden en que esto habilitó la proliferación de discursos que atacan y critican la Educación Sexual Integral.

Otero contó que eso se puede ver en uno de los ejercicios que cada año hacen en el profesorado desde que se inició en el 2009. Le piden a las y los docentes que piensen una escena temida y muchas veces apareció la idea de madres y padres indignados por trabajar con ESI. Cuando preguntaban si eso efectivamente pasaba en la escuela, la respuesta era negativa. 

Sin embargo, en los últimos años eso cambió. “Dejó de ser una fantasía. Hoy hay discursos en las comunidades de las escuelas y hay familias que cuestionan. No desde que llegó Milei, sino desde antes que empezó a aparecer algo de la reacción a la ESI. No lo miramos de manera inocente, no es una reacción de esas familias porque están viendo algo en sus hijos o sus hijas que les preocupa sino que tiene que ver con una reacción organizada, con una bajada de línea desde sectores como algunas iglesias o espacios que tienen mucho poder y que responden. Preocupa pensar como tergiversan la ESI”, detalló. 

Una causa federal

En el mismo sentido se expresó Morgade que lo enmarcó dentro de una reacción más general. “Desde antes de que asumiera Milei, antes de las elecciones, lo que empezamos a observar es una especie de ‘permisos’ para decir cualquier cosa. Empezó a haber mayor permiso para expresar, para cuestionar a la ESI, a las políticas de género, a los feminismos y al movimiento de mujeres y LGTBIQ+. Empezábamos a ver ciertas formas violentas en las familias. Es por eso que constituimos el Movimiento Federal por más ESI para apoyarnos, alertar sobre esos procesos de resistencia violenta, para aportarnos materiales porque efectivamente lo que se empezó a habilitar es la expresión de discursos violentos y de odio”, describió.

Es por eso que en este contexto se vuelve central la acción de los gobiernos provinciales para mantener con vigor la ESI. “Con una situación así en lo macro, en lo micro va a depender de qué posicionamiento tenga cada provincia: su ministro de Educación, también desde el ámbito presupuestario que en todas está todo muy disminuido. Para muchas personas no parece ser prioritaria la ESI aunque resuelve muchos otros problemas”, afirmó Vega. 

Asimismo, recordó los vaivenes que tuvo la ley a nivel federal según los signos políticos de cada gobierno. “El compromiso político a nivel nacional también ha influido. Todos los gobiernos progresistas han tenido para el programa nacional de ESI un presupuesto importante, con gente con posibilidad de extender la capacitación a muchas provincias. Pero en la época del expresidente Mauricio Macri se despidió a gran cantidad y solo se sostuvo el programa y se le dió una impronta vinculada solo con la salud sexual reproductiva limitando todos los otros enfoques como son la perspectiva de género, de derechos humanos y diversidad”, agregó.

Diputados del bloque de La Libertad Avanza presentaron a mediados de febrero un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en diciembre de 2020 después de un extenso debate y con la prensa de miles de mujeres y diversidades conocida como “la marea verde”. Pocas horas después de conocida la propuesta, voceros del Poder Ejecutivo aclararon que habían actuado de manera inconsulta y que el oficialismo no consideraba que fuera el momento propicio para ese debate. Ese intento de retroceder en los derechos adquiridos se suma a otros como la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (creado en 2019 por el expresidente Alberto Fernández). Se trata de un gobierno que no solo minimiza estas cuestiones sino que también las desprecia ( en Davos, Milei habló de la “agenda sangrienta del aborto”). Ante este panorama, el futuro de la Educación Sexual Integral es preocupante. Quizás no deroguen la ley, pero sí pueden desfinanciarla y reducirla a su mínima expresión.

CdB/MF

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