Ruta del dinero K: tras la confirmación de sentencias, cinco de los seis condenados ya están en Comodoro Py para quedar detenidos

Fabián Rossi, el ex marido de Iliana Calabró, se entregó esta mañana en los Tribunales federales de Retiro para comenzar a cumplir su condena de 4 años y seis meses de prisión por lavado de dinero.

Rossi fue el primero de los seis condenados citados para esta jornada en ingresar al Tribunal Oral Federal 4 , en el sexto piso de Comodoro Py 2002.

El área amaneció con custodia policial y restricciones de circulación a la espera de los convocados por el juez del Tribunal, Néstor Costabel, luego que la Corte Suprema de Justicia dejó firmes todas las condenas.

Rossi era apoderado de SGI, conocida como “la Rosadita”, la financiera de Puerto Madero donde fue filmado el hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, contando miles de dólares.

Los restantes citados por el Tribunal son el ex presidente de “Austral Construcciones” Julio Mendoza (no fue a Comodoro Py porque está inernado con problemas de salud), el ex empleado bancario que participó en operaciones de lavado Juan De Rasis, un ex empleado de SGI César Fernández, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro, de 79 años, todos ellos ya en Tribunales y a disposición de la Justicia para sus traslados a centros de detención.

Rossi presentó informes médicos sobre diversas patologías que sufriría por lo cual su defensa podría intentar obtener un arresto domiciliario que no podrá basarse en la edad porque tiene 60 años.

Otros condenados mayores de 70 también podrían intentar obtener ese beneficio.

La Corte rechazó por inadmisibles los recursos de queja directa que presentaron todas las defensas contra las condenas resueltas en el juicio oral, entre ellas la de Lázaro Báez a diez años de cárcel.

Báez está con arresto domiciliario en otra causa penal y el Tribunal dispuso determinar cuánto le falta cumplir de condena.

El pedido de la Fiscalía

“Solicito se ordenen sus inmediatas capturas y consecuentes alojamientos en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, requirió días atrás el fiscal federal Abel Córdoba, quien llevó adelante la acusación en el debate oral ante el TOF4.

Ante la decisión de la Corte, ahora el encargado de intervenir en la etapa de ejecución de las penas es el Tribunal que tuvo a cargo el juicio oral. Por ello Córdoba requirió que ordene detener a seis de los condenados por “lavado de activos” porque recibieron penas mayores a tres años y de cumplimiento efectivo.

En todos los casos permanecieron excarcelados porque no se consideraron firmes las condenas hasta que ayer se expidió el máximo tribunal del país. Rossi está condenado a cuatro años y seis meses de prisión en su rol de ex apoderado de la financiera SGI.

La Fiscalía pidió además apresar al ex presidente de “Austral Construcciones” Julio Mendoza, al ex empleado bancario que participó en operaciones de lavado Juan De Rasis, a un ex empleado de SGI César Fernández, al empresario Carlos Molinari y a otro condenado, Eduardo Castro, de 79 años.

En el caso de Rossi, que llegó a Comodoro Py este lunes a las 9, presentó informes médicos sobre diversas patologías que sufriría por lo cual su defensa podría intentar obtener un arresto domiciliario que no podrá basarse en la edad porque tiene 60 años. Otros condenados mayores de 70 también podrían intentar obtener ese beneficio.

La decisión de la Corte

El pasado 29 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a Lázaro Báez y una veintena de personas en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, al rechazar los recursos presentados por las defensas por considerarlos “inadmisibles”, en lo que representa un hito judicial en la lucha contra el lavado de activos derivados de la corrupción.

Con el fallo del máximo tribunal se torna definitiva la sentencia que impuso diez años de prisión al empresario Lázaro Báez por maniobras de lavado por más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, a través de una estructura financiera y societaria que incluyó operaciones en el país y el exterior, y que cobró notoriedad pública tras la difusión en 2016 del video de “La Rosadita”, donde se lo veía a su hijo contando fajos de billetes.

La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, quienes aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar planteos sin necesidad de fundamentarlos. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al entender que correspondía la intervención de la Procuración General.

El fallo también ratificó las condenas de otros imputados como Martín Báez (seis años y medio), Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín (seis años cada uno), Julio Mendoza (cinco años) y Leonardo Fariña (tres años y medio), entre otros. En total, fueron 22 personas condenadas, aunque las hijas de Báez resultaron absueltas por falta de prueba de su participación en los hechos.

El Tribunal Oral Federal 4, que juzgó la causa entre 2018 y 2021, deberá ahora computar las penas efectivamente cumplidas y decidir sobre arrestos pendientes o penas en suspenso. Además, se ratificaron multas multimillonarias de hasta US$328 millones y el decomiso de activos por 65 millones de dólares.

La investigación se inició en 2013 a raíz de un informe periodístico televisivo, y se consolidó en 2016 con la difusión del video que mostraba la operatoria en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. La Justicia determinó que las maniobras de lavado estaban precedidas por evasión fiscal y uso de facturas apócrifas, vinculadas al manejo de Austral Construcciones, firma insignia del empresario ligado al kirchnerismo.

Por su parte, la situación de la ex presidenta Cristina Kirchner en esta causa sigue en etapa de instrucción. Aunque el juez Sebastián Casanello había dictado su sobreseimiento, la Cámara Federal lo revocó tras aceptar como querellante a una ONG. La Corte también desestimó los recursos presentados por su defensa por cuestiones formales.

Con esta decisión, la causa “ruta del dinero K” se convierte en uno de los expedientes judiciales por corrupción más avanzados de los últimos años, con condenas firmes y decomisos históricos.

Con información de agencias.

IG