Violencia de género en la Iglesia: denuncian por desobediencia a la justicia al arzobispo de Mendoza

El Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, fue denunciado por “desobediencia” a la justicia y “entorpecer” la primera investigación por violencia de género contra la Iglesia católica que se realiza en el país y que vuelve a poner en discusión la injerencia del derecho canónico sobre la justicia argentina.

El Arzobispo de Salta y otros dos religiosos fueron acusados de violencia de género por Carmelitas Descalzas

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Se trata de una causa que se inició en julio de 2019, cuando Yolanda Quiroga, una mujer que hoy tiene 70 años, se presentó ante la justicia de Mendoza para acusar al Arzobispado de esa provincia por hostigamiento y el maltrato. En septiembre de 2018, Yolanda se había animado a denunciar por primera vez ante las autoridades eclesiásticas que durante años había sufrido el trato violento por parte de uno de los diáconos de la parroquia San Pedro y San Pablo. Ambos habían tenido una relación en la que ella quedó dos veces embarazada. Las dos veces el clérigo la obligó a abortar. Les contó también que había descubierto que el diácono tenía, en paralelo a su vida sacerdotal, una familia con esposa e hijos.

El diácono murió antes de que la causa judicial pudiera avanzar pero lo que la mujer reclama es la forma en que fue tratada por las autoridades del Arzobispado. En la primera denuncia que hizo ante la justicia, Quiroga aseguró: “Me repitieron hasta el hartazgo que ”ese“ era el procedimiento canónico, que yo no había cumplido con las citaciones, que no tenía derecho a ser representada, que ellos recopilaban elementos para determinar la ”verosimilitud“ de la denuncia, en una auténtica falta de respeto hacia mí, tratándome de mentirosa y fabuladora”.

En resumen, la mujer dijo: “Doble actitud violenta contra mi persona, la del arzobispado y la del diácono”.

De acuerdo a su denuncia, el Arzobispado prometió iniciar una investigación dentro de las leyes canónicas. Cómo suele ocurrir en la mayor parte de las causas que se inician dentro de la Iglesia, a las víctimas les resulta imposible acceder a los resultados. En el caso de Quiroga, además, sufrió hostigamiento. Contó que uno de sus testigos fue “visitado por dos sacerdotes en su domicilio particular, en una clara maniobra intimidatoria que, indudablemente, no sólo sorprendió al testigo sino que le infundió un profundo temor”, mientras que ella recibió una citación en su casa cuando nunca había informado su domicilio real, sólo el legal.

Es por eso que Quiroga decidió dejar de lado la justicia divina y pasar a la terrenal. Así presentó la primera denuncia por violencia de género contra la Iglesia católica, y el 31 de mayo de 2021,  el Tribunal Tercero de Gestión Asociada de Mendoza le pidió al Arzobispado que en un plazo de 10 días envíe una copia del expediente sobre la denuncia realizada por Quiroga.

Ante la falta de respuesta, el Tribunal reiteró el pedido el 17 de febrero de este año. Esta vez, dirigido al arzobispo Marcelo Colombo.

Hasta el momento, la Iglesia mendocina se niega entregar su investigación amparada en el Concordato de 1966, un acuerdo firmado entre la Santa Sede y el gobierno militar por el cual el Estado argentino le reconoce el libre ejercicio de la religión.

Para la Iglesia, ese Concordato es la autorización para que la justicia no pueda acceder a sus investigaciones, como ocurre en la mayor parte de las denuncias por abuso sexual infantil.

Así, ante el pedido de la justicia, el arzobispado respondió: “Niego expresamente que el Arzobispado de Mendoza, por su condición de persona jurídica pública, tenga la obligación de cumplir y ajustar  su estructura, organización y funcionamiento al Estado Constitucional de  Derecho, al que estamos sometidos todos. Es persona jurídica pública no estatal, regida por su propio derecho, según el art. 147 C.C.C.N. y el Acuerdo  con la Santa Sede”.

Ante esta respuesta, con la representación de sus abogados, Carolina Jacky y Carlos Lombardi, Quiroga decidió impulsar una denuncia por desobediencia y obstrucción a la justicia y pidió que se investigue la responsabilidad penal del arzobispo Colombo. El pasado 26 de junio, presentaron un escrito en el que aseguran que “la orden impartida ha sido clara, fue impartida por un juez en el ejercicio de sus funciones y la orden ha sido incumplida. La orden tuvo un destinatario, el que se identifica en esta denuncia, y fue debidamente comunicada o notificada”.

El arzobispado de Mendoza ya fue condenado por no abrir sus investigaciones a la justicia. En 2015, la Corte Suprema de Justicia de la provincia sancionó a la Iglesia a pagar 30 mil pesos a Iván González, un joven que había denunciado abusos por parte de un sacerdote, por no entregar la investigación canónica. En aquel fallo, los jueces señarlon que “Considerar que la Iglesia Católica, en su calidad de  persona pública no estatal, se encuentra obligada a cumplir con el deber de informar que consagran los Tratados internacionales de Derechos Humanos,  no implica en modo alguno vulnerar el Derecho Canónico ni el Concordato  firmado con la Santa Sede, ...”.

En otro tramo agrega que  “en dicha ponderación de valores y jerarquías,  es lógico que el canon 1717 del Código Canónico invocado por la recurrente, en  cuanto consagra un procedimiento resguardado por el secreto, a los fines de no  poner en peligro la buena fama de alguien, no puede prevalecer sobre los  Tratados Internacionales de Derechos Humanos ya citados” .

La de Mendoza fue la primera denuncia por violencia de género contra un obispo, pero no la última. En abril de este año el arzobispo Mario Cargnello fue denunciado a la Justicia por violencia de género junto a otros dos religiosos por parte de la Congregación de las Carmelitas Descalzas. Según la denuncia, las monjas “son víctimas de hechos de violencia de género, psicológica, física y económica por parte del Arzobispo Mario Cargnello, del Monseñor Martín de Elizalde y de Lucio Ajalla, Sacerdote”. La causa avanza y Cargnello ya tuvo que declarar ante la justicia.

MG

El Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, fue denunciado por “desobediencia” a la justicia y “entorpecer” la primera investigación por violencia de género contra la Iglesia católica que se realiza en el país y que vuelve a poner en discusión la injerencia del derecho canónico sobre la justicia argentina.

El Arzobispo de Salta y otros dos religiosos fueron acusados de violencia de género por Carmelitas Descalzas

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Se trata de una causa que se inició en julio de 2019, cuando Yolanda Quiroga, una mujer que hoy tiene 70 años, se presentó ante la justicia de Mendoza para acusar al Arzobispado de esa provincia por hostigamiento y el maltrato. En septiembre de 2018, Yolanda se había animado a denunciar por primera vez ante las autoridades eclesiásticas que durante años había sufrido el trato violento por parte de uno de los diáconos de la parroquia San Pedro y San Pablo. Ambos habían tenido una relación en la que ella quedó dos veces embarazada. Las dos veces el clérigo la obligó a abortar. Les contó también que había descubierto que el diácono tenía, en paralelo a su vida sacerdotal, una familia con esposa e hijos.

El diácono murió antes de que la causa judicial pudiera avanzar pero lo que la mujer reclama es la forma en que fue tratada por las autoridades del Arzobispado. En la primera denuncia que hizo ante la justicia, Quiroga aseguró: “Me repitieron hasta el hartazgo que ”ese“ era el procedimiento canónico, que yo no había cumplido con las citaciones, que no tenía derecho a ser representada, que ellos recopilaban elementos para determinar la ”verosimilitud“ de la denuncia, en una auténtica falta de respeto hacia mí, tratándome de mentirosa y fabuladora”.

En resumen, la mujer dijo: “Doble actitud violenta contra mi persona, la del arzobispado y la del diácono”.

De acuerdo a su denuncia, el Arzobispado prometió iniciar una investigación dentro de las leyes canónicas. Cómo suele ocurrir en la mayor parte de las causas que se inician dentro de la Iglesia, a las víctimas les resulta imposible acceder a los resultados. En el caso de Quiroga, además, sufrió hostigamiento. Contó que uno de sus testigos fue “visitado por dos sacerdotes en su domicilio particular, en una clara maniobra intimidatoria que, indudablemente, no sólo sorprendió al testigo sino que le infundió un profundo temor”, mientras que ella recibió una citación en su casa cuando nunca había informado su domicilio real, sólo el legal.

Es por eso que Quiroga decidió dejar de lado la justicia divina y pasar a la terrenal. Así presentó la primera denuncia por violencia de género contra la Iglesia católica, y el 31 de mayo de 2021,  el Tribunal Tercero de Gestión Asociada de Mendoza le pidió al Arzobispado que en un plazo de 10 días envíe una copia del expediente sobre la denuncia realizada por Quiroga.

Ante la falta de respuesta, el Tribunal reiteró el pedido el 17 de febrero de este año. Esta vez, dirigido al arzobispo Marcelo Colombo.

Hasta el momento, la Iglesia mendocina se niega entregar su investigación amparada en el Concordato de 1966, un acuerdo firmado entre la Santa Sede y el gobierno militar por el cual el Estado argentino le reconoce el libre ejercicio de la religión.

Para la Iglesia, ese Concordato es la autorización para que la justicia no pueda acceder a sus investigaciones, como ocurre en la mayor parte de las denuncias por abuso sexual infantil.

Así, ante el pedido de la justicia, el arzobispado respondió: “Niego expresamente que el Arzobispado de Mendoza, por su condición de persona jurídica pública, tenga la obligación de cumplir y ajustar  su estructura, organización y funcionamiento al Estado Constitucional de  Derecho, al que estamos sometidos todos. Es persona jurídica pública no estatal, regida por su propio derecho, según el art. 147 C.C.C.N. y el Acuerdo  con la Santa Sede”.

Ante esta respuesta, con la representación de sus abogados, Carolina Jacky y Carlos Lombardi, Quiroga decidió impulsar una denuncia por desobediencia y obstrucción a la justicia y pidió que se investigue la responsabilidad penal del arzobispo Colombo. El pasado 26 de junio, presentaron un escrito en el que aseguran que “la orden impartida ha sido clara, fue impartida por un juez en el ejercicio de sus funciones y la orden ha sido incumplida. La orden tuvo un destinatario, el que se identifica en esta denuncia, y fue debidamente comunicada o notificada”.

El arzobispado de Mendoza ya fue condenado por no abrir sus investigaciones a la justicia. En 2015, la Corte Suprema de Justicia de la provincia sancionó a la Iglesia a pagar 30 mil pesos a Iván González, un joven que había denunciado abusos por parte de un sacerdote, por no entregar la investigación canónica. En aquel fallo, los jueces señarlon que “Considerar que la Iglesia Católica, en su calidad de  persona pública no estatal, se encuentra obligada a cumplir con el deber de informar que consagran los Tratados internacionales de Derechos Humanos,  no implica en modo alguno vulnerar el Derecho Canónico ni el Concordato  firmado con la Santa Sede, ...”.

En otro tramo agrega que  “en dicha ponderación de valores y jerarquías,  es lógico que el canon 1717 del Código Canónico invocado por la recurrente, en  cuanto consagra un procedimiento resguardado por el secreto, a los fines de no  poner en peligro la buena fama de alguien, no puede prevalecer sobre los  Tratados Internacionales de Derechos Humanos ya citados” .

La de Mendoza fue la primera denuncia por violencia de género contra un obispo, pero no la última. En abril de este año el arzobispo Mario Cargnello fue denunciado a la Justicia por violencia de género junto a otros dos religiosos por parte de la Congregación de las Carmelitas Descalzas. Según la denuncia, las monjas “son víctimas de hechos de violencia de género, psicológica, física y económica por parte del Arzobispo Mario Cargnello, del Monseñor Martín de Elizalde y de Lucio Ajalla, Sacerdote”. La causa avanza y Cargnello ya tuvo que declarar ante la justicia.

MG

El Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, fue denunciado por “desobediencia” a la justicia y “entorpecer” la primera investigación por violencia de género contra la Iglesia católica que se realiza en el país y que vuelve a poner en discusión la injerencia del derecho canónico sobre la justicia argentina.

El Arzobispo de Salta y otros dos religiosos fueron acusados de violencia de género por Carmelitas Descalzas

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Se trata de una causa que se inició en julio de 2019, cuando Yolanda Quiroga, una mujer que hoy tiene 70 años, se presentó ante la justicia de Mendoza para acusar al Arzobispado de esa provincia por hostigamiento y el maltrato. En septiembre de 2018, Yolanda se había animado a denunciar por primera vez ante las autoridades eclesiásticas que durante años había sufrido el trato violento por parte de uno de los diáconos de la parroquia San Pedro y San Pablo. Ambos habían tenido una relación en la que ella quedó dos veces embarazada. Las dos veces el clérigo la obligó a abortar. Les contó también que había descubierto que el diácono tenía, en paralelo a su vida sacerdotal, una familia con esposa e hijos.