Los noventa, la Argentina de Menem

INTRODUCCIÓN

El propósito principal de esta obra colectiva es aportar información general y datos concretos sobre algunos aspectos de la gestión del presidente Carlos Saúl Menem, que se extendió desde el 8 de julio de 1989 hasta el 10 de diciembre de 1999.

Los autores de esta obra hemos considerado que los resultados del gobierno del presidente Menem no han sido evaluados correctamente, cuando no tergiversados o falseados, por distintas razones, entre ellas las originadas en la ignorancia o la mala fe de algunos sectores políticos que fracasaron cuando les tocó gobernar, antes y después de la gestión del presidente Menem, atribuyéndole insólitamente una parte o toda la responsabilidad por sus propias falencias y fracasos.

También contribuyeron a esa deformación algunas campañas mediáticas ordenadas y pagadas por autoridades nacionales, como la realizada por el conocido publicista Dick Morris durante el gobierno de la Alianza. Cabe recordar al efecto la denuncia efectuada ante la justicia de los Estados Unidos por Mattie Lolavar, ex socia del mencionado Morris, acusándolo de promover “la difusión de información falsa, extorsionar a periodistas que cobraban sueldos de la SIDE y organizar operaciones contra el ex presidente Carlos Menem” porque Morris y otros en Washington “pensaban que destruir a Menem podía servirle a De la Rúa, vinculando al ex presidente con el atentado contra la AMIA y recordando que tomó dinero de los árabes para su campaña”.

Somos conscientes de que durante un gobierno de poco más de diez años resulta muy difícil no incurrir en errores, como seguramente sucedió en los años noventa, no los negamos y los asumimos. Pero cuando por parte de los referidos sectores opositores se potencian esos errores, se inventan otros y no reconocen nada positivo en esa gestión, no cabe duda de que se está actuando de mala fe.

El problema se agrava cuando para descalificar a ese gobierno se demonizan las acciones y medidas que posibilitaron superar el caos económico y social que se vivía en nuestro país en 1989, obligando al presidente Raúl Alfonsín y al vicepresidente Víctor Martínez a renunciar seis meses antes de la terminación de sus mandatos y al presidente Carlos Menem y al vicepresidente Eduardo Duhalde a asumir sus cargos anticipadamente, en medio de una situación que se había tornado inmanejable para el gobierno renunciante. Esa descalificación y esa demonización, además de falsear la verdad, trajeron como consecuencia que gobiernos posteriores optaran por no aplicar medidas similares por el descrédito generado respecto de ellas en la opinión pública.

Las reformas de los noventa fueron atacadas mediante eslóganes, algunos con cierta gracia y fáciles de repetir pero totalmente alejados de la realidad. Uno de ellos, por ejemplo, es que el Gobierno había malvendido las “joyas de la abuela”, cayendo en lo ridículo y calificando de “joya” a una empresa telefónica estatal que tardaba diez años o más para instalar una línea, registrándose tal escasez que tener un teléfono aumentaba el valor de una casa o un departamento. Luego de las privatizaciones, el aumento de líneas telefónicas fijas fue de 136%.

Algo similar ocurría con las empresas eléctricas estatales, cuyo suministro era tan deficiente que, antes de su privatización, los cortes diarios eran permanentes y prolongados, llegándose al extremo de reducir hasta los horarios de emisión de los canales de televisión. El promedio de cortes llegó a diez horas por día. Podría seguir con los ejemplos, pero me remito a los trabajos incluidos en esta obra que explican con datos fehacientes que las supuestas “joyas de la abuela” no eran tales o, en su caso, estaban muy deterioradas, con el agravante de que producían enormes pérdidas que el Estado no estaba en condiciones de afrontar, obligando a producir una emisión de moneda que nos llevó, como se dijo anteriormente, a la hiperinflación más alta de la historia argentina.

Otro de los eslóganes repetidos fue tomado de la frase del presidente Menem: “Ramal que para, ramal que cierra”, dándole un significado distinto del que realmente tuvo, porque no se refería a la política ferroviaria en general. Esa frase se utilizó como medida disuasoria frente a las amenazas de una huelga ferroviaria, que ocasionaría mayores problemas a la ya calamitosa situación de los ferrocarriles. Al respecto cabe recordar las desastrosas consecuencias de las huelgas ferroviarias en los gobiernos de los presidentes Perón y Frondizi, durante las cuales se produjeron movilizaciones militares, centenares de obreros despedidos, detenciones, etcétera, con las consiguientes pérdidas multimillonarias para la empresa estatal, es decir, para todo el pueblo argentino.

Las severas críticas en relación con la política en materia de transportes se pueden contestar con los resultados obtenidos en la década 1989-1999 por las reformas efectuadas: la cantidad de pasajeros transportados por los ferrocarriles se incrementó en un 72%, y en cargas, el 23%; en subterráneos, el número de pasajeros creció un 88%, y por vía aérea, el 111%. En los artículos de Domingo Cavallo y de Alieto Guadagni se precisan en detalle estos datos, entre muchos otros que revelan el crecimiento del PBI en esa década.

Otra de las expresiones utilizadas en contra del gobierno del presidente Menem fue la de la supuesta frase de las “relaciones carnales” con los Estados Unidos, atribuida al canciller Guido Di Tella. Decimos supuesta porque nunca fue pronunciada, como se explica bien en el trabajo de Andrés Cisneros y Jorge Raventos incluido en esta obra, en el que se analiza el alcance de las relaciones con ese país, que distan mucho de ser las que de mala fe se adjudican invocando esa frase. No obstante ello, algunos políticos y periodistas siguen repitiéndola como loros, para relativizar los beneficios que obtuvo nuestro país al mantener buenas relaciones, no solo con los Estados Unidos, sino también con todos los países desarrollados y subdesarrollados del mundo.

Nuestros feroces críticos instalaron a su vez el concepto de “Corte adicta”, haciendo referencia a la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se aumentó de cinco a nueve el número de sus integrantes en 1990. En realidad, comenzaron a calificarla de esa forma a partir del momento en que se sancionó la ley que disponía ese aumento, es decir, antes de que se conocieran sus fallos y resoluciones. En el meduloso trabajo realizado por el doctor Rodolfo Barra, incluido en esta obra, se demuestra en forma contundente la improcedencia del cuestionamiento, explicando cómo se integró el Tribunal en cada uno de los casos puestos en tela de juicio, de donde resulta que en la casi la totalidad de ellos hubo siempre la participación de magistrados que no habían sido designados por el presidente Menem. Existe al respecto un estudio realizado por el Instituto Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, denominado “La Corte Suprema de Justicia frente a los poderes políticos a través del control de constitucionalidad: 1983-1998”, según el cual la llamada mayoría oficialista no se expresa como tal en el 91% de los fallos, quedando de este modo desmentida, con datos provenientes de una fuente insospechada, la veracidad de lo que venimos afirmando.

De todos modos cabe recordar que el presidente Alfonsín había enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley en 1987 para ampliar a 7 el número de integrantes de la Corte —con la particularidad de que el titular del Poder Ejecutivo se reservaba el derecho de nombrar al presidente de la Corte con acuerdo del Senado—, que no llegó a sancionarse no obstante tener dictamen favorable de mayoría, suscripto entre otros por el diputado doctor Jorge Vanossi. En el mismo sentido se puede señalar que en 1958, en la presidencia del doctor Arturo Frondizi, también se había elevado a 7 el número de integrantes de la Corte (ley 15.271), que luego sería disminuido a 5 en 1966 por el gobierno de facto que lo derrocó; mientras que durante la presidencia del doctor Arturo Illia se había enviado al Senado un proyecto de ley elevando a 11 la cantidad de miembros, aprobado por esa Cámara reduciéndola a 10, pero finalmente no fue sancionado. Traemos a colación esos datos para dejar en claro que la idea de aumentar el número de integrantes de la Corte no fue original del presidente Menem, por lo que considero injusto que se siga insistiendo con lo de la Corte adicta o la mayoría automática, cuando por otra parte los resultados desmienten esa calificación. Pareciera que la descalificación no se debía a la acción de aumentar el número de miembros de la Corte, sino a quién la promovía, porque si lo hacía un presidente de origen justicialista, estaba mal, y si venía de otro partido, era correcto.

La modernización del sistema procesal penal demandó mayores espacios físicos para los nuevos tribunales, por lo que el Poder Ejecutivo le cedió al Poder Judicial el edificio de Comodoro Py, donde funcionan actualmente, antes ocupado por la Dirección Nacional de Vialidad. Por otra parte se estableció, por primera vez, la autarquía financiera del Poder Judicial de la Nación, mediante la ley 23.853 del 27 de septiembre de 1990.

El tema de la cultura también fue un frente de ataque a la administración del presidente Menem, más que todo por razones ideológicas de sectores de izquierda. La respuesta de su gobierno fue contundente, y se debe destacar, entre muchas otras realizaciones, la terminación del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, la más importante del país, que había comenzado a construirse treinta años atrás y cuya obra se encontraba prácticamente paralizada. Su inauguración tuvo lugar el 10 de abril de 1992. Asimismo se construyó el Centro Cultural Borges, en el edificio de las Galerías Pacífico, que ocupó 10.000 metros cuadrados y fue inaugurado en octubre de 1995.