Opinión - Economías

El acuerdo con el FMI, condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento sostenido

Para la recuperación económica es clave apuntalar la inversión y las exportaciones.

Tras dos años de negociaciones, el presidente Alberto Fernández anunció un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual trae un marco de menor incertidumbre en materia económica para los próximos meses.  

La incertidumbre que tradicionalmente caracteriza a la economía argentina se ha visto acentuada con el paso de la pandemia: se experimentó, al igual que en otros países del mundo, el empeoramiento de varios indicadores económicos y sociales. Ante este escenario, resultó indispensable la implementación de políticas tendientes a la recuperación de la economía. Pasado lo peor, se advierte la reversión de algunos sectores productivos, siendo lo más destacable lo experimentado por la industria, que terminó el año con una mejora en relación a lo que acontecía en el mismo período de 2019 (+13,3% en dic-21), e incluso se trata del mejor diciembre de los últimos cuatro años. 

A partir de ahora, el objetivo debe ser que esta incipiente recuperación pueda consolidarse y transformar las políticas de Gobierno en un pilar fundamental del desarrollo productivo, que apuntale, especialmente, la inversión y las exportaciones. 

Si bien hay diferencias entre los analistas económicos acerca de los caminos a seguir para lograr el crecimiento, se debe reconocer que uno de los consensos básicos es la necesidad de invertir para crecer. No hay grietas al considerar a ésta como el motor de la economía en el mediano y largo plazo. A través de ella, las empresas innovan, mejoran procesos, ganan mercados y crean nuevos productos. Como consecuencia, se genera un crecimiento genuino en la economía que trae aparejado un mayor nivel de empleo, de ingresos y de bienestar. 

A pesar de este consenso, debe recordarse que Argentina, estructuralmente, es uno de los países con menos inversión sobre PBI. Al considerar el período 2003 – 2020, se observa que ronda el 17 -18% promedio. Asimismo, según el Banco Mundial, en el año 2020 (último dato disponible de esta entidad) al comparar Argentina con una canasta selecta de países, nos encontramos con que nuestro país se ubica por debajo de otros de la región como ser Brasil, Chile y Perú, e incluso por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. 

En cuanto a lo invertido en I+D, concepto relacionado con el desarrollo de las capacidades tecnológicas que apuntalan la competitividad de las empresas, se observa que Argentina ostenta una participación de 0,5% del PBI (promedio entre 2008 y 2018), lo que la ubica por debajo de Brasil (1,2%) y de la media de América Latina y el Caribe (0,7%), aunque por encima de Chile, Colombia y México (0,4%; 0,2%; y 0,4%, respectivamente).

Si uno tuviese que listar los motivos de estos débiles indicadores, seguramente la cuestión macroeconómica ocupe un lugar importante. Pero dentro de ésta se debe destacar el bajo nivel de penetración financiera que hay en nuestro país, habida cuenta de la necesidad de recursos requeridos para apuntalar la inversión. 

A modo de representar esta situación, podemos observar el crédito bancario al sector privado sobre PBI, cuyas estadísticas publicadas por el Banco Mundial muestran que la Argentina ostentaba en 2017 (último dato publicado) un porcentaje de 15,9; superada ampliamente por otros países de la región, como ser Bolivia (64,5%); Brasil (59,5%); Chile (113,2%). De hecho, se encuentra por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (48,6%); y, por supuesto, de países desarrollados, como los miembros de la OCDE que tienen un 142,2% del PBI otorgado en créditos bancarios al sector privado.  

Además, si uno abriese este indicador vería que, dentro del sector productivo, son las empresas MiPyMEs aquellas que más marginadas se encuentran en cuanto al crédito, lo cual resulta paradójico en un país donde el 98% de las firmas cumplen con esa condición de tamaño, al tiempo que generan el 64,7% del empleo privado registrado. 

Es por este motivo que resulta oportuno apuntalar políticas con el fin de poner recursos allí donde las empresas más lo necesitan, para poder, primero, revertir la recesión pandémica, y segundo, para sentar las bases para el crecimiento del sector privado argentino, que es el gran generador de riqueza y empleo en nuestro país. Es absurda esa dicotomía entro lo público y lo privado; se debe tratar de un esquema de complementariedad, donde el Estado acompañe y ayude a aquellas empresas que tienen proyectos de gran envergadura para nuestro país, pero que no cuentan con el financiamiento suficiente para poder llevarlo a cabo. Además, estamos siendo testigos de la recuperación económica tanto a nivel local como internacional, lo que exige esfuerzos para aprovechar esta oportunidad y no quedarse atrás. 

En este marco, y conscientes de ello, el Gobierno, a través de la Secretaría PyME (SEPyME), ha dado los primeros pasos para esta transformación productiva. Se multiplicó 28 veces el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) -de $2.200 millones en 2019 a $66.200 millones en 2021-; a la par que se amplió sustancialmente el Fondo de Garantías del Gobierno nacional (FOGAR), pasando de unos $1.000 millones en 2019 a unos $150.000 millones en la actualidad. Esto permitió que entre 2020 y 2021 se otorgaran 1.021.560 créditos a MiPyMEs y trabajadores independientes por más de $218 mil millones, lo que implicó un aumento de 244 veces en relación al otorgado en el bienio 2018-2019.

Como conclusión, podemos señalar que el acuerdo con el FMI trae consigo una mayor certidumbre, lo que a su vez colabora con una normalización de los mercados de crédito que debería ser aprovechada con el fin último de apuntalar inversiones productivas. En este sentido, se debe aprovechar este contexto para fortalecer el mercado de deuda local, con foco en las MiPyMEs con el fin de apuntalar el desarrollo productivo, el que, al mismo tiempo, debe procurar la morigeración de las asimetrías regionales.

Dicho objetivo debe ser transversal a cualquier gobierno, en tanto y en cuanto tengamos como objetivo común el crecimiento del producto, la innovación y la generación de empleo.

DT

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