Milei había criticado al dueño de Techint
Caputo habló con la UIA sobre la reforma laboral en medio de la caída industrial
En un contexto de fuerte retroceso de la actividad manufacturera y tensiones dentro del sector empresario, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, junto a los empresarios Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués. El eje central del encuentro, según detalló el propio funcionario, fue la reforma laboral que impulsa el Gobierno.
A través de sus redes sociales, Caputo calificó como “excelente” la reunión y señaló que conversaron especialmente sobre el Fondo de Aportes Laborales (FAL), las medidas para reducir lo que el oficialismo denomina “costo de la industria del juicio” y el nuevo régimen de empleo que prevé una reducción de aportes patronales al 2% durante cuatro años. También mencionó el RIMI para pymes y la denominada ley de Inocencia fiscal como parte del paquete estructural.
El ministro planteó que estas reformas serán “fundamentales” para consolidar el nuevo modelo económico, con mayor creación de empleo, mejores salarios y apertura comercial. Además, sostuvo que coincidieron en la necesidad de reducir la carga impositiva, especialmente a nivel provincial y municipal, para mejorar la competitividad de la industria. El mensaje buscó exhibir sintonía con la UIA en medio de un escenario donde el sector atraviesa una de las caídas más pronunciadas de los últimos años y persisten diferencias internas sobre el impacto de las reformas laborales.
La central fabril llegaba a la cita con propuestas concretas para reactivar la actividad económica, con especial énfasis en estimular el crédito al consumo, aliviar la carga fiscal y generar incentivos para sectores golpeados por la apertura comercial. Según trascendió, entre las medidas que la UIA le llevaba a Caputo figuran mecanismos de financiamiento similares al programa Ahora 12 para incentivar la demanda interna y estímulos para la construcción y otras ramas con efecto multiplicador en la economía.
El trasfondo de esta convocatoria es una industria operando muy por debajo de su potencial. Según datos del Centro de Estudios de la UIA, la producción industrial cayó 3,9% interanual en diciembre de 2025 y el uso de la capacidad instalada se mantiene en niveles comparables a los de la pandemia, con efectos directos sobre empleo y decisiones de inversión. El sector textil, calzado y metalmecánica no automotriz son algunos de los rubros más golpeados.
En este contexto de fragilidad sectorial se produjo en las últimas semanas un choque de alta visibilidad entre el Gobierno y Paolo Rocca, al calor de la adjudicación de la provisión de más de 137.000 toneladas de caños de acero para un gasoducto estratégico que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro. El contrato fue ganado por la empresa india Welspun, que presentó una oferta más baja, pese a que la compañía de Rocca —a través de Tenaris, la siderúrgica del grupo— había intentado reducir su precio hasta un 24% por debajo de su oferta original para igualar a su competidor.
El empresario italiano-argentino sostuvo en una carta pública que la adjudicación pone en riesgo el empleo argentino y advirtió sobre prácticas de dumping —ofertas por debajo de costo para capturar mercados—, reclamando reglas claras de competencia y defendiendo que los precios de Tenaris estaban alineados con mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa. Desde el Gobierno, en cambio, destacaron que el diferencial de precios —aproximadamente un 40% más barato según diversas fuentes oficiales— justifica la decisión de adjudicar a la firma extranjera, argumentando que insumos más baratos reducen costos de proyectos de infraestructura clave.
El episodio escaló hasta una intervención pública del presidente Javier Milei, quien criticó con dureza a Rocca en redes sociales por la disputa y cuestionó la práctica empresarial que, según él, resiste la apertura comercial al proteger costos más altos. El mandatario lo llamó “Don Chatarrin de los tubitos caros”. Ese cruce encapsula las tensiones más profundas entre la política industrial de apertura defendida por el oficialismo y el reclamo de sectores fabriles por políticas que nivelen las condiciones para competir con importaciones, en un momento en que el derrumbe productivo y la caída del empleo industrial son variables difíciles de soslayar.
MC