De Chacay Oeste a Rosario, alquilar es una odisea en todos los rincones del país

Neuquén está entre las ciudades con alquileres más caros, según Reporte Inmobiliario

“En Chacay Oeste no hay docentes porque no tienen donde vivir”, dice el título de la noticia publicada en el diario local El Chubut. Chacay Oeste es una pequeña localidad de la meseta patagónica en el que viven 20 familias, algunas de las cuales tuvieron que albergar provisoriamente en sus hogares a maestros para evitar que sus hijos se quedaran sin clases. Incluso en ese lugar, que en el mapa satelital de Google no tiene calles ni marcas de locales comerciales, encontrar un lugar donde vivir es un desafío. 

“En toda la provincia hay falta de disponibilidad de viviendas, ya sea porque no hay casas suficientes para alquilar o porque el precio las hace inaccesibles. Muchas veces las personas recurren directamente a los medios para que el Gobierno les dé una solución”, dice Rebeca Ancina, que vive en Puerto Madryn y es secretaria general del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos Trabajadores del Chubut, integrado a la CTA Autónoma. 

Si bien la discusión suele centrarse en los grandes centros urbanos, el acceso al hábitat y en particular el mercado de alquiler muestra problemas en todos lados: la oferta es escasa y los precios, en muchos casos, prohibitivos. Un informe de Reporte Inmobiliario señala que en ciudades como Neuquén o Bariloche los precios de alquiler son superiores incluso a los de Buenos Aires. En promedio, un departamento de dos ambientes usado cuesta $55.330 en Neuquén, $55.000 en Bariloche y $49.600 en CABA.

“Acá hay mucho trabajo en el petróleo, cada vez más, y la gente del rubro gana sueldos altísimos. Entonces los alquileres del centro o en barrios emergentes lindos están muy en relación a eso y a las personas que trabajamos en otras cosas nos cuesta un montón”, dice Nati Ebe, que es fotógrafa y vive en Neuquén. 

El Índice para Contratos de Locación, que regula la renovación de los alquileres de acuerdo con la ley vigente, arroja un incremento interanual de casi 65% en septiembre; eso deberían aumentar los alquileres que tengan su actualización actual en el mes de la primavera. Pero las subas no reguladas por la ley –es decir, las de renovación de contratos o publicación en el mercado– más que duplican estos valores.

En Rosario en los últimos 12 meses el alquiler de un monoambiente aumentó un 155% y el de un departamento dos ambientes, 150%. “En ese mismo período el dólar oficial subió 40,8% y los últimos datos de inflación muestran un aumento interanual de 78,5%. No hay ninguna variable que pueda explicar los aumentos”, dice Celina Calore, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO).  

Según la economista, la actualización de los precios de mercado es incluso superior a la que se registra en la Ciudad de Buenos Aires, donde el porcentaje ronda el 80% anual. “Hay muchos factores que pueden estar detrás de esto. Rosario tuvo un boom inmobiliario en los últimos 15 años y se construyeron viviendas de alta gama que no tienen correlato con la demanda de las familias. Además se han retirado viviendas de alquiler y hay propietarios que deciden no alquilar porque consideran que es un negocio que no les da la rentabilidad que esperan”, señala. La oferta cae, los precios suben y se incrementa la porción del salario o el ingreso familiar que se destina a garantizar un techo. 

En localidades turísticas como El Chaltén, en Santa Cruz, se suma otra complejidad. Es más conveniente económicamente alquilar las propiedades a los visitantes que a los locales, que se quedan sin opciones o deben pagar precios pensados para bolsillos extranjeros. 

“Acá la situación está empeorando. Ahora ya directamente no hay nada para alquilar y el que tiene algo sabe que hay cien personas esperando, así que elige y pone las condiciones”, dice Mauro Piombo, docente de El Chaltén que vive hace 17 años en esa ciudad. 

Según cuenta, en la temporada alta los comerciantes trabajan con menos personal del que necesitan porque deben llegar desde otras localidades y no tienen lugar para alojarlos. “Mi cuñada, que tiene una cervecería, estuvo averiguando y una persona le cobra $50.000 por persona para vivir en casillas rodantes que puso en su terreno”, apunta. “Ella le dijo que era una locura y el tipo le contestó ‘Es lo que se está cobrando’. La verdad es que cada uno cobra lo que quiere”. 

En Mendoza una familia de tres personas necesita por lo menos tres salarios mínimos y medio para pagar la canasta básica y el alquiler, según una investigación de las arquitectas Virginia Miranda Gassull y Florencia Ginestar, del Instituto de Ambiente Hábitat y Energía (Inahe) del Conicet. En esa localidad cuyana, como sucedió en muchas ciudades intermedias, en los últimos años se evidenció un proceso de fuerte inquilinización. “En el centro urbano de la provincia el 32,5% de población alquila, mientras que el promedio provincial es el 18%”, precisó Miranda Gasull, que además confirmó que la oferta es poca y los precios “no tienen relación con la calidad”.

En abril de este año la Ley de Alquileres, vigente desde  junio de 2020, volvió a ser tema de debate en el Congreso. Después de un mes de sesiones informativas, con más de 130 oradores, se emitieron tres dictámenes en la Comisión de Legislación General como síntesis de los más de 20 proyectos de reforma presentados.  

El dictamen de mayoría, impulsado por el Frente de Todos, refrenda la ley vigente y mantiene los puntos centrales  de la norma, los más cuestionados: el plazo de tres años de contrato y la actualización anual del alquiler regida por el el índice del Banco Central, que toma la evolución de los salarios y de la inflación por partes iguales. El dictamen de minoría, respaldado por Juntos por el Cambio, no propone derogar la norma pero desanda su corazón: vuelve al plazo de contrato de dos años y a la “negociación libre” del precio entre las partes. 

Ninguno llegó a ser tratado en sesión porque la discusión se congeló, pero la puesta en duda del marco normativo vigente alcanzó para retraer más a los propietarios, que buscan evitar cerrar contratos con los términos actuales. 

Si bien la Ley de Alquileres es clara respecto de lo que se le puede exigir a un inquilino al momento de firmar un contrato, en los hechos la lista de requisitos se abre a los pedidos más exóticos: no tener mascotas, no tener hijos menores, depositar un año de alquiler adelantado, pagar en dólares.  

Según informó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en su reciente informe en el Congreso, en las 24 jurisdicciones del país hay apenas 195.818 contratos registrados ante la AFIP, un trámite que se exige desde la sanción de la nueva ley. El número representa el 6,5% de la cantidad de viviendas en alquiler que se estima que hay en todo el país, 3 millones. En Santiago del Estero, por ejemplo, los contratos inscriptos apenas superan los 200; en Catamarca y La Rioja no llegan a  los 500. 

Sin contrato, tampoco se puede tener la tranquilidad de que el techo está garantizado por tres años y se habilitan mecanismos de expulsión arbitrarios e ilegales. “En la pandemia [cuando regía el decreto que prohibía los desalojos por falta de pago] me retrasé en el pago por tres meses porque me quedé sin trabajo en el club en el que cocinaba y los dueños me cortaron los servicios. Primero el gas, después me sacaron el medidor”, cuenta Nancy Fernández, que alquila en el barrio Alberdi de José C. Paz. “Yo les pedí que me dieran al menos seis meses para juntar algo de plata e irme, porque salí a buscar otro lugar para alquilar, caminé por todos lados, y te pedían más de $100.000 para entrar, un monto que yo no podía juntar”, cuenta la mujer, que limpia en casas de familia, cuida personas mayores y revende cosméticos y productos de dieta. 

En el Presupuesto 2023 enviado al Congreso por el Ministerio de Economía se incluye la posibilidad de blanquear capitales si es que se destinan a comprar viviendas usadas en el país para utilizar como hogar propio o ponerlas en alquiler. Si bien se argumenta que esta medida podría dinamizar el mercado, hay quienes creen que generará una mayor especulación. “Si el Estado no puede cumplir hoy en día su tarea recaudatoria o de fiscalización, ¿cómo va a hacer para controlar si se vuelcan esas viviendas en alquiler?”, apunta Leandro Vera, investigador del área Derechos económicos, sociales y culturales del CELS. “Una vez más, estamos viendo la cristalización de la idea de la vivienda como un bien de inversión, en la que no importa el uso que tenga ni el derecho de los inquilinos”.

DT

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