Contadores desaconsejan blanquear y bancos ponen reparos a recibir fondos por la ley de inocencia fiscal

Más de un contador, no todos, desaconsejan a sus clientes con flujo de fondos o stocks no declarados blanquearlos a partir de la nueva ley de inocencia fiscal, que aún resta reglamentar. Mientras, los bancos privados y los públicos excepto el Nación ponen reparos a recibir efectivo o plata del exterior o de criptoactivos sin registrar por cuestiones de compliance (cumplimiento normativo) para evitar incurrir en lavado de dinero. Incluso advierten a sus usuarios que deberían elaborar un reporte de operación sospechosa (ROS) para girarlo a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que lucha contra el lavado.

“Es una ley muy extraña con una serie de defectos, por lo que las posibilidades de éxito que le veo hoy, sin reglamentar, son muy relativas”, opina el contador Jorge Gebhadt, asociado al estudio Aguirre Saravia & Gebhardt. En primer lugar, considera que podrían quedar afuera los 2,1 millones de monotributistas y los 10 millones de empleados formales en relación de dependencia. Lo mismo opina su colega Juan Pablo Futten.

“A los monotributistas les harían desistir de su categoría para entrar en el nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias, lo cual yo no le recomendaría a nadie porque automáticamente las retenciones de Ganancias pasan a ser del 31%, el IVA no necesariamente se puede trasladar a un cliente”, expone Gebhardt. “Los empleados o los jubilados que tengan dólares -N. de la R.: hay gente con ingresos en blanco que los ilegalizaron al comprar divisas en cuevas- también deberían adherirse a este régimen simplificado”, añade el mismo contador. Hay 7,1 millones de jubilados y pensionados.

Futten, que integra el kirchnerista Instituto Patria, reconoce que la ley acierta al subir bien el umbral a partir del cual se considera delito -y, por tanto, con pena de prisión- la evasión tributaria, de $1,5 millones a 100 millones, dado que el monto había quedado desactualizado por la inflación. También en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pase a controlar sólo los últimos tres años, no los cinco, como antes, salvo tres excepciones (si el organismo considera que debe tributarse más del 15% por encima de lo declarado por el contribuyente, si este usó facturas truchas o si evadió más de $100 millones). Sin embargo, Futten concuerda con las dudas de si algún monotributista adherirá -algo no menor teniendo en cuenta que hay millonarios escondidos en esa categoría- o algún empleado en blanco. Es decir, el nuevo esquema sólo atraería a autónomos, también llamados responsables inscriptos, que suman 422.000 personas.

En cambio, el contador César Litvin disiente: “El régimen simplificado es una excelente opción para los contribuyentes de Ganancias, no ganan mas de $1.000 millones anuales, con un patrimonio menor a $10.000 millones y que no son grandes contribuyentes. La declaración jurada es muy simple, conviene incluso pasarse a los autónomos que tienen todo en blanco porque además ya no les revisarán lo de más de tres años. El monotributista que se asesore por si le conviene o no salirse del monotributo. A algunos sí y a otros no. A la mayoría no le va a servir cambiar”, concede. También lo aconseja “para los que tienen dólares en el colchón, que incluso pudieron haber provenido de pesos en blanco, porque sólo así los pueden exteriorizar y darles una renta”.

Gebhardt sigue arremetiendo: “Al no ser una ley de blanqueo, quedan abiertas muchas rendijas peligrosas. Se dicen que no van a revisar los consumos ni los incrementos patrimoniales, pero la ley de procedimiento tributario hay presunciones más que siguen vigentes, por ejemplo, el inventario no declarado por un comerciante o si los depósitos bancarios superan a las ventas”. Por eso, pronostica poca adhesión a la ley de inocencia fiscal, salvo que la reglamentación la cambie.

Futten advierte que la reglamentación tampoco puede modificar la ley. Y agrega cuestionamientos. Recuerda que el último blanqueo de capitales de 2024 incluyó, a pedido de senadores opositores, un artīculo que establece que los que adhirieron no pueden sumarse a eventuales futuras amnistías fiscales hasta 2038. El contador alerta que es muy delgada la línea que separa la inocencia fiscal de un blanqueo. Litvin rechaza esta objeción: “La nueva ley tiene efectos de blanqueo, pero no es un blanqueo”. Futten añade que, a diferencia del sinceramiento fiscal de hace dos años, ahora hay un tope de US$60.000 y se pregunta por que registrarían fondos aquellos que no lo hicieron entonces. Claro que hay gente que en este periodo ha vuelto a generar recursos sin declarar.

Futten, docente de impuestos en la Universidad de Buenos Aires (UBA), advierte que los bancos pueden hacer los ROS ante operaciones de montos inusuales de sus clientes. En una de las principales entidades privadas de la Argentina y en otras de mayores billeteras virtuales cuentan que están esperando la reglamentación para definir cómo proceder. Después de que se conozca, las asociaciones de bancos entregarán al Gobierno un documento con sus dudas, después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, los retara por rechazar fondos no declarados y aconsejara dirigirse a depositarlos al Nación, que preside Darío Wasserman, consignado como uno de los recaudadores de la última campaña libertaria. En un banco público siguen aplicando las mismas normas de siempre contra el lavado, el terrorismo y el tráfico de armas, a la espera de nuevos detalles de la UIF y el Banco Central.

“Hay que trazar una línea divisoria entre dinero negro y dinero sucio, proveniente del narco o la venta de armas”, opina el CEO del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich. “Los bancos por compliance y por la UIF tienen que saber el origen de dinero y reportar operaciones sospechosas. En blanqueos anteriores, los bancos no querían recibir depósitos para evitar esa responsabilidad. Que pidan lo que deben pedir, pero que no ahuyenten a sus clientes de siempre. Cuando ya son clientes se sabe dónde generan dinero, pero si se presenta alguien sin cuenta en bancos y con cifras significativas, van a pedir el origen lícito del dinero”, reconoce.

Diego Fraga, del estudio Expansion, apunta que la nueva ley tiene “mucho intenciones, pero falta afinar el lápiz y aclarar cosas”. El abogado tributarista señala que resta definir qué documentación deberán pedir los bancos y la UIF, coincide con Gebhardt en que no se desactivan todas las presunciones de evasión, aconseja -como Litvin- que los monotributistas hagan una simulación previa a pasarse al nuevo régimen para ver si les conviene o no y recuerda que la ciudad de Buenos Aires y las provincias mantienen sus propios regímenes tributarios y que la estructura de la ARCA, aunque haya estrenado nombre, repite prácticas arraigadas. Es decir, sigue habiendo inspectores con vocación de perseguir evasores.

AR/MF