Desabastecimiento: las grandes empresas se defienden de la imputación del Gobierno y apuntan al “factor Covid-19”

Las grandes empresas de consumo masivo trabajan por estas horas en sus descargos, luego de que fueran imputadas por la Secretaría de Comercio por “generar desabastecimiento” de ciertos alimentos, bebidas y productos de higiene personal y limpieza. Contra la versión oficial, que identifica una conducta especulativa y promete ser “implacable”, las compañías aseguran que producen al máximo de su capacidad y que los faltantes se explican por alteraciones vinculadas a la pandemia y otros eventos excepcionales, como el paro de los aceiteros en diciembre.    

Concretamente, la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Paula Español, comunicó ayer la imputación a Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por “retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”.

La decisión se tomó luego de verificar que esas firmas habrían incumplido la intimación a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, establecida en la reglamentación del programa de Precios Máximos. 

elDiarioAR consultó sobre el procedimiento a las once empresas alcanzadas, que se inclinaron por guardar silencio o por negar las acusaciones. “Venimos trabajando al máximo de capacidad posible teniendo en cuenta el contexto: trabajadores en los grupos de riesgo, ausentismo, protocolos de Covid-19”, enumeraron en una de las compañías. Además, señalaron que “se modificó el esquema productivo, asumiendo nuevos costos para garantizar la producción y el abastecimiento de aquellos productos que más demandaban los consumidores”.

En el caso de las empresas alimenticias, también señalaron la “enorme” repercusión que generó en la capacidad productiva el paro de aceiteros, que se levantó el 30 de diciembre pasado después de 21 días. 

Las empresas fueron intimadas a presentar, en un plazo de cinco días hábiles, la información que demuestre el cumplimiento de la norma. Además, se les ordenó que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 (el desabastecimiento se registra a partir de ese mes) y tomen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión de los productos para su comercialización. 

Sin embargo, en el discurso de las empresas no hay una situación que remediar; sólo alcanzaría con explicarla. “Se está trabajando en mantener los máximos niveles de producción, como se hizo durante toda la pandemia”, apuntaron en una firma. En otra, señalaron incluso cierto “desconcierto”. “Desde el inicio de la pandemia se enfocó la producción en los productos de mayor necesidad, incluso resignando rentabilidad”, añadieron.

En el Gobierno argumentaron que los problemas vinculados al Covid-19 existen desde marzo, por lo que no explicarían la caída de producción en noviembre, diciembre y enero.  “En todo caso deberían explicar qué cambió a partir de ese momento”, apuntaron. Si bien una empresa consultada por este medio señaló que ya entregó la documentación requerida, en la Secretaría de Comercio informaron que todavía no recibieron ninguna respuesta formal tras la imputación. 

En el Gobierno argumentaron que los problemas vinculados al Covid-19 existen desde marzo, por lo que no explicarían la caída de producción en noviembre, diciembre y enero.

Las multas, que van de $500 a $10 millones, son definidas por los abogados del área de Infracciones del Ministerio de Producción y su magnitud depende de cuánto de los faltantes puedan ser justificados, por ejemplo, por cierre de líneas por la pandemia, cuestiones de logística o  falta de insumos. Sin embargo, fuentes de la cartera explicaron que la prioridad es lograr la regularización de la situación y no aplicar las multas que, por otra parte, pueden resultar insignificantes para estas compañías, todas de gran volumen. 

Por otro lado, las firmas insisten en que no fueron “imputadas”, pese a que esa fue la palabra utilizada por la Secretaría de Comercio, sino que simplemente se les hizo un “pedido de información”. Si bien es cierto que no se trata de un proceso judicial, sino que cursa dentro de la estructura del Ministerio de Producción, en Comercio explicaron que hay, en efecto, una imputación. “Funciona así: hay una denuncia, se hace una imputación en función de esa denuncia, se abre una investigación, se detecta que efectivamente hubo faltantes y se le pide a la empresa que aporte la información que lo justifique. Si eso no ocurre, se multa”, detallaron. Si la empresa decide apelar la multa, entonces sí se inicia un proceso judicial. 

El Gobierno está concentrado en implementar una estrategia que permita reducir la inflación de este año al orden del 29% y la decisión de la Secretaría de Comercio, que en su comunicación oficial identificó a las empresas alcanzadas, se inscribe en una lógica oficial de señalar directamente a quienes consideran los formadores de precios capaces de desviar el objetivo. Por eso Español anticipó que, tal como instrumentó el presidente Alberto Fernández, será “implacable con los especuladores” y señaló que el órgano a su cargo lleva realizadas 34.000 inspecciones a lo largo de la pandemia.

DT