Sin domar la inflación, no habrá mejora salarial... ni victoria electoral

Después de la reunión de Gabinete económico del pasado miércoles comenzó a confeccionarse una lista que -aun inacabada- se mantiene bajo estricto secreto. Es la nómina de los empresarios y sindicalistas que serán invitados a rubricar el varias veces promocionado y nunca concretado acuerdo de precios y salarios. Esta semana, en el siguiente encuentro del mismo Gabinete -que preside Santiago Cafiero, pero donde manda Martín Guzmán- se continuará con la delicada tarea de armar el listado.

Se pretende convocar a una amplia gama de empresarios y sindicalistas que sean representativos de todos los sectores, pero también con peso específico en sí mismo. No solo dirigentes de cámaras sino dueños de grandes compañías. No se ceñirán a los presidentes del Grupo de los Seis (Unión Industrial, Cámara de Comercio, de la Construcción, Asociación de Bancos de Capital Argentino, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Sociedad Rural), a quienes ya convocó el presidente Alberto Fernández para celebrar el 9 de julio entre críticas de Cristina Fernández de Kirchner. “Tampoco vamos a invitar sólo a las pymes. Los empresarios argentinos son los que hay, no los elegimos nosotros”, contraatacan en la Rosada el reproche de la vicepresidenta. En el Frente de Todos conviven tres posiciones. La de quienes consideran que deben dialogar con el establishment, escucharse mutuamente, sin perder firmeza, como patrocina Guzmán. La de los ultra K, que advierten -sin rodeos- que los grandes hombres de negocios “siempre te van a cagar”. Y, finalmente, la de los massistas, que les rinden pleitesía, aunque buscan sacar alguna ventaja.

Hombres de negocios y gremialistas serán invitados a rubricar un pacto que intentará ir recuperando de forma gradual lo que perdieron de márgenes de ganancia y poder de compra, respectivamente, en los dos últimos años de gobierno de Mauricio Macri y en el pandémico 2020. En el Ministerio de Economía señalan que son los trabajadores quienes deben tener prioridad en la lenta reconquista de los ingresos perdidos. Guzmán insiste con su objetivo de inflación escrito en el presupuesto: 29%, con un rango que va del 25% al más probable 33%. Por su parte, el consenso de bancos y consultoras -relevados por FocusEconomics- anticipa un 49% (Fitch Solutions tiene el pronóstico más optimista, 38%). 

El anhelo de la Rosada consiste en que los salarios suban entre dos y cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación. Si se materializa el milagro de Guzmán -y la inflación baja del 35% de 2020 al 29% en 2021-, entonces los sueldos podrían subir entre el 31% y el 33%. Por ahí rondará la pauta que pondrán sobre la mesa. 

El propio gobierno enfrenta su paritaria con los empleados públicos en mayo. Sabe que, para plantearles una pauta del 31% al 33% que sea aceptable, sí o sí debe evitar que la inflación mensual se mantenga en el 4% de diciembre entre enero y abril. “Hay que llegar con el IPC (índice de precios al consumidor) más bajo posible”, admiten. Dentro del oficialismo, a la inflación la llaman “la bestia” y constituye la principal preocupación económica por sus impactos políticos, económicos y sociales.

En el Gobierno reina la creencia de que se trata de un fenómeno con múltiples causas, desde la devaluación del peso hasta el fuerte alza de las cotizaciones internacionales de las materias primas (no sólo agrícolas, sino también las industriales) hasta una emisión monetaria excesiva, pero entre los funcionarios no comparten los reclamos de lo que ellos llaman “la tropa”, las bases que “con legitimidad tienen una expectativa imposible de volver a 2015” y que quieren resolver la pelea de los precios con congelamientos masivos o prohibición de exportaciones. No por nada Guzmán y su par del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el más alto funcionario camporista, llevan semanas recorriendo el territorio en clave electoral y seguirán haciéndolo para explicar la política económica a gobernadores y militantes. La idea es preservar la unidad del Frente de Todos. El ministro de Economía no pierde oportunidad para hacer docencia, como hizo en ámbitos universitarios hasta que, hace un año, a sus 37, llegó a su cargo actual. 

En Casa Rosada saben que el votante “no te perdona si en año electoral los salarios quedan por detrás de la inflación”. Macri lo probó. Por eso sostienen que la victoria en octubre depende de controlar la inflación y aplicar rápida y masivamente las vacunas, porque “sería muy difícil volver a planes de emergencia con una cuarentena estricta”. También reconocen otros “clivajes” en el año electoral: las políticas de vivienda, educación -por eso el anhelo de volver a las clases presenciales, aunque con los reparos por la salud y por eso contrastan al gobierno bonaerense, que comenzó a negociar protocolos con los gremios en agosto pasado, con el porteño-, justicia y seguridad.

El politógo Ignacio Labaqui comentó días pasados en Twitter que “la mejor forma de entender la política económica del Gobierno es pensarlo como un election targeting”. “En el inflation targeting (N. de la R.: como el que aplicó sin éxito Federico Sturzenegger y su equipo en la era macrista), el Banco Central fija una meta de inflación y sube o baja la tasa en función de esa meta. En el election targeting, el Gobierno fija un objetivo electoral y toda la política económica se ajusta a ese objetivo”, opinó Labaqui. 

En tratativas con el FMI

En el equipo de Guzmán disienten con ese análisis. A pesar de que Alberto Fernández ha dicho que no quiere tener un “plan económico”, el ministro repite como letanía la necesidad de un “programa macroeconómico integral, sin hacer anuncios espectaculares con los que se sueña con romper la dinámica inflacionaria.” “La inflación es un síntoma, no una causa, de una serie de desbalances”, observan en las huestes de Guzmán -quien ha nombrado como secretario de Política Económica a un estudioso de los procesos mundiales de desinflación y ex funcionario de menor rango del vidalismo, Fernando Morra, en lugar de Haroldo Montagu, del Plan Fénix-. “Los desbalances tienen que ver con la estructura productiva, no podemos crecer en ingresos sin crecer en exportaciones porque te quedás sin divisas, devalúas y tenés más inflación. Tenemos un histórico déficit fiscal, que financiás con endeudamiento y, si no tenés acceso, con emisión monetaria.”

El plan contra la inflación que plantea Guzmán tiene cinco ejes. Primero, apuntalar la recuperación económica para que, con ella se inicie la “consolidación” fiscal -es decir, la reducción del rojo-. Segundo, la necesidad de reforzar el mercado de deuda doméstico -donde el Gobierno viene financiándose más y más- mientras se aplacan por ahora las expectativas de devaluación que ardían en octubre pasado. Tercero, el impulso de las exportaciones. Cuarto, la acumulación de reservas del Banco Central, razón de la vigencia de un cepo cambiario que evite shocks del dólar. Quinto, el acuerdo para “acompañar” las expectativas de precios y salarios porque, “si se negocian desordenadamente, quedarán desanclados”. Respecto de esas anclas, en el Palacio de Hacienda no se encomiendan a ninguna en particular (dólar, tarifas o salarios, por ejemplo) porque consideran que “todas son débiles y el día de mañana te crean un desbalance, por lo que hay que repartirlas de manera coordinada.”

Este es el programa que el ministro pretende acordar con el Fondo Monetario Internacional antes de mayo próximo. El banco norteamericano JP Morgan advirtió hace unos días que teme un “acuerdo de baja calidad” con el FMI, que deje sin abordar “las presiones económicas que están aumentando”. El Fondo está interesado, sobre todo, en que le devuelvan su préstamo récord. Su mayor accionista, Estados Unidos -con la nueva secretaria del Tesoro a la cabeza, Janet Yellen, que recién está acomodándose en el cargo- puede que juegue a favor de Guzmán. Yellen y Guzmán han estudiado bajo la tutela del mismo premio Nobel, Joseph Stiglitz. De la mano de Stiglitz, el ministro argentino aprendió a ser “pragmático, ni ortodoxo puro ni heterodoxo puro, un heterodoxo de la heterodoxia”, como definió en una entrevista con elDiarioAR.

Guzmán considera que “un verdadero acuerdo de baja calidad” sería uno que se logre sin consenso político en la Argentina y, por eso, busca que se apruebe en el Congreso, no solo con el voto del Frente de Todos -el cristinismo incluido- sino también de los bloques independientes necesarios para que lo convalide la Cámara de Diputados y hasta con el de Juntos por el Cambio. Soñar no cuesta tanto, pero puede resultar una utopía en un año electoral.

Las negociaciones por precios y tarifas continuaron esta semana con el pacto por la carne vacuna, que, si sale bien, reforzará al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas -tan amigo de Fernández que hasta lo invitó a su casamiento, pero cuestionado por los cristinistas-. Mientras se judicializa la pelea por las telecomunicaciones -con Telecom (de los dueños del Grupo Clarín) a la cabeza-, el Ejecutivo se aboca a acordar valores del trigo, las frutas y las verduras. En simultáneo, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció para febrero un aumento del 50% de la tarjeta Alimentar, que reciben 1,5 millones de familias, y ya ha elevado la cantidad de beneficiarios del plan social Potenciar Trabajo, de 570.000 que recibió de Macri (en su gobierno solo se capacitaban) a 800.000 (ahora pueden optar entre formarse, emplearse en una cooperativa, o donar su trabajo a una escuela u otra institución social). Los del Potenciar Trabajo reciben medio salario mínimo ($ 10.300) por media jornada laboral y se han sumado ya 230.000 de los 8,9 millones que cobraban el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Mientras los sectores de bajos recurso reciben contención, entre los de altos ingresos prevalece la queja, incluso de industriales que están beneficiándose con una repunte que supera el nivel prepandémico. Esta semana se reglamentó la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario orientada a las grandes fortunas y, al comentarla en privado, el dueño de una de las 30 mayores empresas del país dijo, al borde de la descompostura: “Se sigue atacando el aparato productivo. Se funde la fábrica o se van. Están todos en Uruguay. No va a quedar nadie. Y, por supuesto, va faltar el trabajo. Esto no tiene cura”.

El presidente Fernández se reunió este miércoles con empresarios chilenos, quienes le preguntaron cuándo terminarán los controles de precios y de cambios. Al final de la crisis, respondió. Uno de ellos, Horst Paulmann, dueño de Cencosud, prometió invertir este año en la Argentina US$ 163 en sus supermercados (Jumbo y otros), en Easy, en sus shoppings y en nuevos frigoríficos para exportar. En cambio, un gestor de inversiones financieras de familias ricas de Chile confesaba en Buenos Aires que habían llegado fondos desde allí con la victoria legislativa de Sergio Massa en 2013 hasta la devaluación de 2018. Se habían ilusionado con Macri, pero ahora no piensan volver e incluso prometen que se tomarán su tiempo si llega a vencer un Horacio Rodríguez Larreta en 2023. 

La saga YPF

Sobre lo que se especula, y mucho, es en torno de la reestructuración de deuda de YPF. El pasado martes, la petrolera 51% estatal (el restante 49% está en manos de fondos privados) mejoró la primera oferta y espera una respuesta el próximo viernes. Las posiciones con los acreedores se han acercado, pero aún se baraja la necesidad de presentar una tercera propuesta de pago. Todo sea por evitar un default porque, a diferencia de un país, una empresa está expuesta a embargos de activos. Aunque la acción de YPF vale -en dólares- menos que en la crisis de 2001/2002 o que ante la estatización del 51% en 2012, sólo US$1.436 millones, se calcula que cuenta con recursos por US$25.000 milllones, mucho más que los US$400 millones a los que se vende su torre en Puerto Madero.

Las petroleras son compañías muy endeudadas porque necesitan invertir mucho para recuperar los fondos varios años más tarde. En el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la YPF de Miguel Galuccio se endeudó para elevar la inversión y consiguió que le dieran aumentos de precios del combustible -el barril criollo valía más que el internacional- y del gas. Hay petroleros que critican que Galuccio quemó inversiones con pozos pocos productivos en Vaca Muerta, pero otros consultores lo defienden al sostener que esas perforaciones mapearon y quitaron riesgo a esa roca prometedora y que el pasivo era sustentable con los elevados ingresos en dólares de aquellos años. Después vino Mauricio Macri, eliminó el barril criollo para crear precios de mercado -con lo que los redujo- y después los volvió a administrar por las devaluaciones de 2018 y 2019. ¿Resultado? Cayeron las ventas de YPF.

Aunque Macri impulsó las exportaciones, YPF quedó excluida de los subsidios en Vaca Muerta, de los que se benefició sobre todo Tecpetrol, de Techint. Así es que la petrolera estatal redujo también su inversión y ahora carece de fondos para pagar su deuda. Porque el problema no es sólo la falta de dólares del país para que YPF afronte el vencimiento de US$ 413 millones en marzo próximo. Por algo propuso dejar de abonar obligaciones por dos años para poder hacerse de caja y volver a invertir para tornarse viable. Una petrolera que no invierte va camino de la bancarrota. Pero el CEO, Sergio Affronti, y el director financiero, Alejandro Lew, dos profesionales que llegaron allí por recomendación de Galuccio a la vicepresidenta, debieron ofrecer intereses para los próximos 24 meses en su segunda propuesta.

En Wall Street hay quienes creen que YPF no irá al default y, por eso, planean rechazar la oferta. Se prevé que se apruebe el canje del bono que vence en marzo, pero corren dudas por los de mayor plazo. También están los que consideran que Guzmán está detrás de la propuesta y ya demostró en la renegociación de la deuda soberana que termina aflojando un poco su dureza inicial. El principal acreedor del pasivo público, el fondo BlackRock, también es uno de los mayores tenedores de bonos de YPF y, a la vez, segundo accionista privado de la petrolera. Otros acreedores de YPF son Ashmore, Oaktree y Fidelity (que concentra los títulos que vencen en marzo). 

Los fondos no sólo reclaman por los pagos de la deuda sino que también quieren conocer el plan de negocios de la empresa, el que, a su vez, depende en buena medida de la política energética del país. En Wall Street están a favor de la liberalización de mercados, pero ni Guzmán -que tiene en su órbita la Secretaria de Energía- ni el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, caminan por allí, aunque uno y otro difieren a la hora de considerar que el sector requiere actualizaciones tras los tarifazos de Macri y el congelamiento de los últimos dos años.

A los lobos de Nueva York les provoca dudas que Cristina Fernández de Kirchner haya promovido a un político, el santacruceño Pablo González, como presidente de YPF, pero también en su momento impulsó a otro, el neuquino Darío Martínez, como secretario de Energía, quien terminó alineándose a Guzmán y tomando distancia de Bernal (que es referente del Instituto Patria). Los que conocen al kirchnerismo desde dentro aseguran que para la vicepresidenta YPF es clave, por lo que no permitirá un congelamiento de precios y tarifas, como con otras empresas. Si lo hiciera, arriesgan, tarde o temprano terminará cambiando de rumbo. Ya sucedió una vez. Fue en 2012, cuando quitó la política energética de las manos de Julio De Vido -coautor de un libro con Bernal- para entregársela a Axel Kicillof.

AR