El Gobierno extendió hasta 2056 la concesión de los aeropuertos a Eurnekian, para quien trabajó Milei

El Gobierno aprobó la renegociación del contrato de Aeropuertos Argentina 2000, la concesionaria del grupo Corporación América de Eduardo Eurnekian, que le permitirá seguir operando los 35 aeropuertos del llamado Grupo “A” del Sistema Nacional de Aeropuertos hasta el 13 de febrero de 2056. La medida se oficializó este lunes mediante la Decisión Administrativa 27/2026, con la firma del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo. En la misma edición del Boletín Oficial se publicó el Decreto 1074/2026, en el que Javier Milei se excusa de intervenir en cualquier asunto vinculado a la empresa por haber mantenido, antes de llegar a la Presidencia, “un vínculo profesional” con Corporación América.

Las dos normas llevan la misma fecha, el viernes pasado 25 de septiembre. Pero el acuerdo que aprueba la decisión administrativa ya había sido firmado el 1° de septiembre entre la presidenta del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Noelia Ruiz, y Daniel Ketchibachian, en representación de la concesionaria, y es el resultado de una negociación que empezó después de que Milei asumió. Es decir, el apartamiento del Presidente se formalizó cuando el negocio ya estaba cerrado. El propio decreto aclara que “entrará en vigencia desde el momento de su dictado”, con lo cual no alcanza a nada de lo que pasó antes.

El texto de la excusación reconoce el conflicto: “Como es de público y notorio conocimiento, quien suscribe mantuvo, antes de asumir el ejercicio de la función pública, un vínculo profesional con el grupo empresario Corporación América”. Milei fue durante años economista jefe del holding de Eurnekian. El decreto se apoya en la Ley de Ética de la Función Pública, en la Ley de Procedimientos Administrativos y en el Código de Ética aprobado por el Decreto 41/99, que exige que la función pública “inspire confianza en la comunidad”. Como el Presidente no tiene un superior al cual elevar la excusación, la competencia pasa al jefe de Gabinete, en virtud del artículo 16, inciso 35, de la Ley de Ministerios, que le permite renegociar contratos de concesión “en caso de imposibilidad del Poder Ejecutivo”. El decreto consigna que intervino la Oficina Anticorrupción.

En concreto, el acuerdo suma once años al vencimiento vigente, fijado en 2038 por la prórroga que otorgó el gobierno de Alberto Fernández en 2020, y lleva la concesión hasta el 13 de febrero de 2049. Sobre esa base, se agregan otros siete años, hasta 2056, sujetos a dos condiciones. La primera es que antes del 30 de junio de 2027 la empresa demuestre, mediante el informe de una auditora internacional, que tiene los fondos o el financiamiento para una inversión directa adicional de US$600 millones, IVA incluido, destinada al “Plan Integral de Ezeiza”. La segunda, que el 75% de esas obras esté terminado antes del 31 de diciembre de 2031. Si no cumple, la concesión termina “de pleno derecho” en 2049. El contrato original, firmado en 1998 durante el gobierno de Carlos Menem, vencía en 2028: con esta readecuación, el grupo podría sumar 28 años más de explotación.

Aeropuertos Argentina concentra alrededor del 90% del tráfico aéreo del país y opera terminales como Ezeiza, Aeroparque y Córdoba, por las que pasan cerca de 43 millones de pasajeros al año. Por su escala, es uno de los contratos de infraestructura más importantes que administra el Estado. La excusación de Milei, que debía despejar dudas sobre la imparcialidad de la decisión, se conoció el mismo día que el resultado de una negociación llevada adelante por su propio gobierno durante casi tres años. Quedó para el registro formal un apartamiento que no tuvo efecto sobre el negocio: la firma que faltaba era la de Santilli.

La pandemia como excusa

La justificación oficial para extender el contrato es la pandemia. Los considerandos recuerdan que el tráfico internacional de la concesión cayó 76% en 2020 y 86% en 2021 respecto de 2019, y el doméstico, 77% y 62%. Según el acta, los ingresos de la concesión se redujeron 60% entre 2019 y 2020. Ese mismo argumento fue el que sostuvo la prórroga de diez años otorgada por el Decreto 1009/20, a cambio de inversiones por 606 millones de dólares. Seis años después, el acta sostiene que las proyecciones de aquel acuerdo “no tuvieron un debido correlato” y que el impacto de la pandemia en el sector “se extiende hasta la actualidad”. La renegociación se hizo bajo el artículo 7° bis de la Ley 17.520, modificada por la Ley Bases, y su reglamentación, el Decreto 713/24, que obliga al Estado a garantizar el equilibrio económico-financiero de las concesiones.

El eje del acuerdo es la rentabilidad. Según el ORSNA, la Tasa Interna de Retorno (TIR) del contrato era de 12,49% a fines de 2024; la empresa consideraba que era todavía más baja y reclamaba volver al 16,45% que, según su interpretación, surgía de los acuerdos anteriores. Una auditoría encargada por las partes la ubicó en 11,52%. El acta fija una TIR de 14,30%, que atribuye tanto al “sacrificio compartido” como a “las perspectivas positivas de la política económica implementada por el Gobierno Nacional”. Según fuentes de la negociación citadas por la agencia Noticias Argentinas, la empresa pretendía una tasa cercana al 17% y también había pedido ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), algo que el Ejecutivo rechazó.

El documento explica que para recomponer esa ecuación se privilegió la “variable plazo” por sobre cambios en tarifas o inversiones, que “tendrían mayor impacto en los usuarios”. Aun así, establece que el ORSNA deberá dictar los actos necesarios para “alinear las tasas aeroportuarias” a los valores de la nueva proyección financiera hasta 2056, que se publicarán después de la aprobación del acuerdo. La concesionaria seguirá aportando el 15% de sus ingresos totales al fideicomiso de obras del sistema, y la inversión de 600 millones de dólares queda por fuera de ese esquema.

Algunas cláusulas refuerzan la posición de la empresa. La obligación general de inversión se dará por cumplida cuando se alcance el monto previsto para cada período, “independientemente del avance físico de las obras”. El ORSNA y el Estado se comprometen a no exigir inversiones que superen las proyecciones sin compensar a la concesionaria. Se mantiene hasta el final de la concesión la exclusividad en la Región Metropolitana de Buenos Aires, que incluye Ezeiza, Aeroparque, San Fernando y El Palomar. Y se crea un panel técnico de tres miembros para resolver las controversias antes de que lleguen a la Justicia.

El acuerdo también cierra el frente judicial. La cláusula novena establece que el Estado y la concesionaria, “incluyendo los accionistas de este último”, no tendrán nada más que reclamarse por hechos anteriores al acta ni por los perjuicios derivados de la pandemia. La empresa deberá desistir en diez días hábiles de la demanda que inició contra el ORSNA por la Resolución 56/23, que tramita en el fuero contencioso administrativo federal y que, según el acta, es la única causa judicial en curso. El texto deja constancia de que la concesionaria pagó todas las multas firmes impuestas por el regulador.

MC