El peso de la deuda

Guzmán viajará en octubre a la asamblea del FMI, muy crítica de los subsidios a la energía y la emisión monetaria

Guzmán, en la Universidad Nacional de Cuyo, a fines de agosto, en una recorrida de campaña.

Martín Guzmán debe terminar de negociar el acuerdo para postergar los vencimientos del préstamo récord que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así de claro lo tienen los más cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su fracaso en la lucha contra la inflación -que también le compete a la cristinista Paula Español, que al final se queda como secretaria de Comercio Interior, y al resto del gabinete económico- ha sido la causa de que los salarios y las jubilaciones continuaran en 2021 la caída del poder de compra a la que fueron condenados desde 2018. Guzmán aún debe completar su misión. 

Ajustes y reconfiguraciones

Ajustes y reconfiguraciones

El ministro iba acompañar a Nueva York al presidente Alberto Fernández para el discurso que este martes debía ofrecer ante la asamblea general de la ONU. El viaje se suspendió por la crisis interna del Frente de Todos, la alocución será virtual y no habrá, por tanto, gestiones de Guzmán por el acuerdo. Pero volará a Washington para la asamblea anual del FMI, del 15 al 17 de octubre. De todos modos, en el Gobierno descartan por ahora que se pueda anunciar un pacto antes de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Habrá que ver si el calendario cambia ahora que el jefe de Gabinete es Juan Manzur, de fluidos contactos en Estados Unidos.

Con el FMI se discutirá sobre todo el gasto público y el modo de financiarlo, según altas fuentes oficiales. Pero el organismo que encabeza la búlgara Kristalina Georgieva -ahora bajo fuego por supuesta manipulación estadística a favor de China cuando se desempeñaba en el Banco Mundial- no cuestionará cualquier erogación. El Fondo está de acuerdo con el gasto social, sobre todo en tiempos de pandemia. Por ejemplo, no objetaría algunos de los anuncios previstos para la campaña electoral, como la suba del salario mínimo, que impacta en los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, o un bono para los jubilados y perceptores de la asignación universal por hijo (AUH), que sufrieron una contracción del poder adquisitivo, no porque la fórmula de movilidad jubilatoria sea una “mierda”, como la llamó la diputada Fernanda Vallejos, sino porque este índice o el macrista siempre pierden cuando la inflación se dispara. De hecho, el Gobierno espera que el déficit fiscal primario (antes del pago de la deuda) termine en el 4% del PBI por el fuerte aumento de las prestaciones de la Seguridad Social en septiembre y diciembre, dada la fórmula que se actualiza por las variaciones salarial y de la recaudación tributaria. Cristina Kirchner denunció la semana pasada un “ajuste” porque en los primeros ocho meses del año el rojo sólo llegaba al 2,1%. El déficit también se ampliará porque la ejecución presupuestaria se acelera en todos los finales de año.

En cambio, el FMI cuestiona subsidios a las clases medias y altas como los que rigen para las tarifas de electricidad y gas. A diferencia del presupuesto de la seguridad social, estas subvenciones no padecieron ajuste alguno sino que, por el contrario, se incrementaron. En el Gobierno señalan que todos están de acuerdo con la segmentación de tarifas según los ingresos de los hogares, incluidos el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, los “Federicos” que responden a la vicepresidenta. Sin embargo, reconocen que falta materializar la segmentación y que para eso se requiere de gestión. La Secretaría de Energía, que conduce Darío Martínez, y el Enargas están recabando información en organismos públicos varios para determinar los ingresos de los hogares. Resta saber si Manzur acelererá el proceso.

También resulta una incógnita qué opinan los técnicos del FMI sobre medidas como la actualización del piso salarial desde el que se paga impuesto a las ganancias. Se trata de una medida que favorece al 25% de los empleados en blanco que más cobran, pero para el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, es un caballito de batalla para congraciarse con los gremios de los trabajadores mejor remunerados.

Además del gasto no social, al Fondo le preocupa cómo se financian las erogaciones. El organismo pretende que se siga ampliando el mercado local de deuda y que se recurra lo menos posible a la emisión monetaria. En los últimos meses ha habido ocasiones en los que el Tesoro pudo conseguir financiamiento extra entre los inversores y otros en los que no alcanzó a refinanciar todo lo que vencía. En el Gobierno reconocen que los bancos están al límite de su capacidad prestable y que, por tanto, deberían empeñarse en seducir a las empresas -que invierten sus flujos de caja-, los fondos comunes de inversión y los inversores minoristas. Pero en una de las mayores sociedades de bolsa señalan que el mercado no quiere bonos sino dólares, dado el contexto económico reinante. Ni siquiera un aumento de tasa de interés los atraería si sigue la incertidumbre política.

En el Ejecutivo insisten en que la incorporación de los US$ 4.300 millones de derechos especiales de giro (DEG) que envió el FMI a la Argentina -asistió a todos los países por la pandemia- no implicará un aumento del gasto primario. Todos esos fondos se consumirán en lo que resta del año en pagos de capital e intereses al propio Fondo, como el que se abonará este miércoles, unos 1.800 millones en concepto de amortizaciones. Los 4.300 millones entraron por el Tesoro, que se los transfirió al Banco Central a cambio de cancelar adelantos transitorios. De este modo, la autoridad monetaria podrá ampliar su capacidad legal de asistencia al Gobierno, pero no este año sino en 2022. En el equipo económico consideran que en 2021 no se necesitarán más que los $ 1,2 billones de pesos presupuestados de giros del Central al Tesoro. Hasta ahora le transfirió 850.000 millones.

Al Fondo no le suelen gustar los controles de capitales, pero ahora los acepta, como lo ha demostrado en la crisis de Islandia, donde se extendieron entre 2008 y 2017. Más que el cepo, al organismo le interesa que se cuiden las reservas, que no se dilapiden para frenar corridas cambiarias, como en 2018, sino que se incrementen para ir saldando la deuda. No aboga por una devaluación del peso después experiencias pasadas que no sirvieron más que para agravar la pobreza. En tanto, el equipo económico espera que, en la medida en que se estabilice la inflación apenas por encima del 2% mensual, se podrá volver a depreciar el peso al compás de los precios, como en 2020. En 2021, el dólar oficial viene subiendo la mitad que la inflación, con el consiguiente atraso de un tipo de cambio que aún sigue siendo competitivo. 

Pero en el mercado la mayoría de los inversores apuesta a una devaluación poselectoral. En el Gobierno la desestiman, incluso a pesar de la crisis política que ocasionó el cambio de gabinete y que presiona sobre la moderación fiscal de Guzmán. En los despachos oficiales consideran que el campo no puede atrasar más liquidación de granos porque debe pagar a sus proveedores y celebran que este lunes la Bolsa de Comercio de Rosario haya formulado su primera previsión de la cosecha de 2022 con una expectativa récord y sin la sequía que temía semanas atrás. Además, apuntan a que en el mercado especulativo los que se quedan en dólares pierden dinero y por eso terminan volviendo al peso, que les asegura mayor rendimiento. Lo que sí les preocupa es la crisis del gigante inmobiliario chino Evergrande porque evalúan que un estallido mundial perjudicará a todos los países, incluida la Argentina, que ya sufre el efecto colateral de una baja de las cotizaciones de las materias primas.

Otro de los asuntos en debate con el FMI son las llamadas reformas estructurales, entre las que se suele colar la flexibilización laboral. La coalición Juntos ha presentado un proyecto de ley para eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un mayor seguro de desempleo, lo que ha provocado la crítica del presidente Fernández.

Pero Guzmán no sólo deberá negociar el acuerdo con el FMI en Washington. También deberá hacerlo puertas adentro con Cristina Kirchner, quien no quiere un default pero critica el ajuste, y su hijo Máximo, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, quien ya advirtió que el presupuesto 2022 se discutirá en la cámara. “Espero que cambien el eje y se den cuenta de que lo progresista puede ser gastar pero no tener déficit fiscal”, auguran en el equipo económico. “Estamos gastando más porque aumentamos la recaudación aún más y por eso baja el déficit. Pero la discusión es qué espacio hay para impulsar más la demanda interna sin agravar el problema inflacionario y de la balanza de pagos (ingreso y egreso de dólares al país). Hay que ver qué se puede hacer de acá a noviembre para que nos vuelvan a votar los que nos votaron en 2019 y qué se puede hacer para ganar en 2023”, analizan en el equipo económico. Allí están seguros de que sin acuerdo con el FMI no se resolverá ni la inflación ni la falta de divisas. Claro que el acuerdo con el Fondo tampoco es garantía de que bajen los precios, se consigan dólares ni se ganen elecciones sino que puede ocurrir todo lo contrario, como aconteció entre 2018 y 2019.

AR

Etiquetas
stats