El Potenciar Trabajo llega a menos de un tercio de las personas que se desempeñan en la economía popular

Una panadería cooperativa en Longchamps; sus empleados son beneficiarios el Potenciar Trabajo

Si bien el programa Potenciar Trabajo, que en los últimos días fue cerrado de manera permanente a nuevos accesos, aparece muy ligado a la economía popular, esos dos universos no son reflejos perfectos. Según datos oficiales a los que accedió elDiarioAR, el Potenciar Trabajo no alcanza ni siquiera a un tercio de las personas que trabajan dentro de los márgenes de la economía popular y se enfoca en un segmento muy específico: el escalón más bajo de ese conjunto de personas. 

Si se miran las bases del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep), se advierte que de los 3,5 millones de inscriptos (la punta del iceberg de un ecosistema mucho más amplio, que todavía se mantiene al margen de la registración) solo 978.355 perciben el Potenciar Trabajo; el 28%. Ese programa consta de un monto mensual equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, pensado como un complemento de los ingresos que la propia persona genera por su actividad. 

Las mujeres son mayoría en el mundo de la economía popular (como contracara, los varones son mayoría en el empleo registrado), pero su porcentaje es todavía más elevado si se mira al subgrupo de personas que se desempeñan en la economía popular y cobran el Potenciar Trabajo. Son el 63%, casi todas jóvenes –el 83% tiene entre 18 y 45 años–, sin estudios secundarios completos y se desempeñan sobre todo en tareas vinculadas a los servicios socio comunitarios. Cocinan, limpian o coordinan en comedores comunitarios o merenderos; cuidan niños, enfermos o ancianos o hacen tareas de promoción contra la violencia de género, entre otras ocupaciones. 

“Tiene sentido que el Potenciar Trabajo le de más contención a ese segmento que a otros como el del comercio popular [artesanos, feriantes, vendedores ambulantes, limpia vidrios, artistas callejeros] o los servicios personales y oficios [bicicleteros, peluqueros, jardineros, mecánicos, paseadores de perros], porque son actividades que generan menos ingreso y son menos valorizadas por el mercado. En muchos casos no complementa sino que es el único ingreso que tienen esas compañeras”, apunta Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social. 

Si se mira el universo total de los trabajadores de la economía popular inscriptos en el Renatep, la actividad que se destaca (engloba al 35%) son los servicios personales y otros oficios. Que, además, se realizan mayoritariamente de manera individual (85%); sin cooperativas, emprendimientos familiares u organizaciones comunitarias mediante. 

El Potenciar Trabajo se diferencia de otros programas como la Tarjeta Alimentar o la AUH porque no pretende ser una transferencia de ingresos a los sectores más vulnerables destinada al consumo inmediato, sino una herramienta de fortalecimiento productivo. Es decir, un dinero que ayude a formalizar y amplificar la posibilidad de generar ingresos de alguna iniciativa ya existente. 

Por eso el Gobierno decidió ponerle un tope a su expansión mediante el decreto 728/2022, que se publicó el 4 de noviembre en el Boletín Oficial y clausuró el número en los 1.350.000 beneficiarios actuales. Según explican en el Ministerio de Desarrollo social, el presupuesto destinado a este programa –que fue de $357.106 millones en los primeros 10 meses del año, según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso– debe estar bien distribuido entre el componente de beneficiario monetario y el de fortalecimiento de las actividades, que incluye la entrega de herramientas de trabajo o de créditos para financiar un mayor despliegue.  

“Para este nivel de presupuesto, consideramos que la relación cantidad de beneficiarios/ fortalecimiento productivo está bien. Tenés que asegurarte que el programa construya un escenario de salida: la salida al empleo por la vía de la economía popular”, apunta Chena sobre los motivos detrás del acuerdo para limitar los nuevos accesos. 

Si bien en los últimos días circularon versiones imprecisas, que hablaban de más de 250.000 beneficiarios que habrían presentado sus declaraciones juradas para pagar el impuesto a los Bienes Personales (lo que indicaría un patrimonio de al menos $6 millones, sin contar la vivienda propia), una lectura detallada del informe que le dio origen demuestra que el dato no es tal. 

La categoría en la que la AFIP identificó a un 18,3% de los beneficiarios incluye a personas que presentaron declaraciones de Bienes Personales “o tenencia de bienes informados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor y/o tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil y/o la tenencia de embarcaciones”. Es decir, califican dentro de esta categoría personas que tienen una moto, un auto, una camioneta para trabajar o incluso alguna embarcación para la pesca artesanal. 

Finalmente el Ministerio de Desarrollo Social decidió suspender a 2.243 beneficiaros que, en un chequeo más exhaustivo, detectó que compraron dólares para atesoramiento o hicieron consumos en moneda extranjera en los últimos meses. 

En el Ministerio se quejan del impacto público que generaron las primeras versiones. “Ese número, que finalmente representa apenas el 0,3% del universo total, está dentro del margen de error, pero sin embargo se utilizó para fortalecer dos ideas que no son ciertas pero suelen atentar contra el programa: que lo cobran personas que no lo necesitan, o que lo cobran personas que no hacen nada”. 

DT

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