Revés para el Gobierno: un juez federal suspendió una suba de retenciones

Tractorazo del pasado 23 de abril, el fantasma del Gobierno para impulsar retenciones

El debate político y jurídico sobre el aumento de las retenciones a la exportaciones del complejo agro exportador registró un revés para el Gobierno: un juez federal de Villa María, Córdoba, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la cerealera Bunge S.A para que no se le aplique una alícuota de 33% de derechos de exportación a la venta de aceite y harina de soja.

El fallo, que no resuelve el planteo de inconstitucionalidad hecho por Bunge, ordena a la AFIP que no le cobre el 33% a la cerealera; es decir, que no aplique el artículo 1° del decreto 131 de marzo pasado cuando el Gobierno dejó sin efecto una baja de retenciones que había aplicado en el 2020. El fallo lo firmó Roque Rebak, titular del Juzgado Federal de Villa María, el pasado 19 de mayo. El Estado nacional apeló la disposición que deberá ser analizada por el tribunal de alzada. De esa manera, señalaron fuentes oficiales, la decisión aún no está firme.

La disposición judicial, que atiende el reclamo de una de las grandes cerealeras alcanzadas por la última modificación del esquema de retenciones, se produce en un momento particular: el debate político, dentro del Gobierno y con la oposición, sobre la necesidad de incrementar las retenciones para intentar desacoplar los precios internos de productos como el trigo de los precios internacionales, frente a la disparada que se produjo por la guerra en Ucrania.

“Cumplida que sea la contracautelar impuesta, líbrese oficio a la AFIP - DGI ordenando a la misma a que suspenda la aplicación del art. 1° del decreto 131/2022 respecto de las exportaciones de Bunge Argentina S.A. que comprendan los productos agroindustriales, por el término de 6 (seis) meses (art. 5 Ley 26.854)”, indica el fallo de Rebak en su parte resolutiva.

Diferencias

Si bien el fallo no resuelve la cuestión de fondo de la inconstitucionalidad, el debate jurídico está sobre la mesa. Alberto Fernández sostiene que un incremento de retenciones debe pasar necesariamente por el Congreso mientras que sectores del FdT, vinculados a Cristina Kirchner, sostienen que una suba se puede aplicar por decreto.

El Gobierno, tal como hoy ratificó la portavoz Gabriela Cerruti, plantea que la medida requiere de una ley y por eso apunta a la oposición y pide que se abra un debate en ese sentido. Juntos, el interbloque Federal y los libertarios han manifestado, hasta acá, su rechazo a acompañar una medida en ese sentido.

“Es una de las herramientas que tenemos, que se está utilizando en muchos países, pero no hay que dar batallas perdidas: si antes de enviar un proyecto al Congreso, la oposición hace un tractorazo o salen todos en coro a decir que se oponen y que eso no va a suceder, es una pérdida de tiempo tratar dar esa batalla en el lugar inadecuado si ya la oposición está diciendo que de ninguna manera la votaría y por lo tanto no tendríamos los votos para que salga”, dijo Cerruti esta mañana en la habitual conferencia de prensa semanal de la portavoz.

“Falta política: Alberto tiene que sentarse con los gobernadores, buscar una forma de acordar para que parte de las retenciones vayan a las provincias y de ese modo, intentar una medida que es necesaria”, explica un técnico, con lectura política, del FdT.

La lectura más aceptada es que sin Presupuesto 2022, que incluía la delegación de facultades en materia de retenciones, el Ejecutivo no tiene la posibilidad de disponer un incremento via decreto. La discusión política es de otro orden: ¿enviar un proyecto para que fracaso en el Congreso? Ahí aparece la discusión sobre una derrota cantada o una toma de posición política que “exponga” a la oposición.

Por ahi pasa el debate dentro del FdT y que tiene, como paradoja, que tanto Fernández, como Martín Guzmán y Matías Kulfas, comparten la idea de que se debe aplicar alguna medida para desacoplar los precios, sino son retenciones, la alternativa sería fijar cupos de exportaciones.

PI

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