PANORAMA ECONÓMICO

Tarifas, alimentos y pandemia, las tres madres de todas las batallas económicas

De mantenerse los precios en los niveles actuales, las exportaciones agrícolas podrían aportar US$12.000 millones extra

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No hay una sola madre de todas las batallas. Hay tres. Por lo menos en la coyuntura económica argentina. Tarifas, precios de los alimentos y una pandemia que amenaza con dañar la recuperación de la actividad.

En el Gobierno hay diversas posiciones sobre cuánto deben aumentar las tarifas de electricidad y gas. En septiembre pasado, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó el presupuesto 2021, sostuvo que las tarifas y los subsidios debían aumentar a la par de la inflación -prevista en un 29%-, meta difícil de alcanzar según la mayoría de los economistas, que anticipan entre 45% y 50%. Pero, tanto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como su asesor en energía en el Instituto Patria e interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, sostienen que las facturas sólo deben subir 9% y en abril. En el kirchnerismo duro, mientras tanto, piensan que, en un año electoral, directamente no deberían aumentar.

El secretario de Energía, Darío Martínez, viene repitiendo en diversas entrevistas que los sectores de menores ingresos no sufrirán alzas, los de ingresos medios pagarán de acuerdo con la inflación o la evolución salarial y los de mayores ingresos, un porcentaje mayor. "A los de Puerto Madero, la máxima expresión del aumento", dicen en la Casa Rosada. Martínez, muy alineado con Guzmán, además de insistir con la segmentación de tarifas según ingresos, sostiene que lo importante es que los subsidios se acoten al 1,7% del PBI. Como el presupuesto prevé un crecimiento del PBI del 5,5%, entonces las subvenciones podrían ser del 1,7% pero aumentar por encima de la inflación, lo que implicaría que las tarifas subirían menos.

Queda claro, entonces, que no se elevarán 29% como preveía Guzmán en un principio, pero tampoco está definido que la cifra definitiva sea el 9%. Tal vez lo sea en el caso del gas, pero quizás el porcentaje sea mayor en el de la electricidad, que requiere de subvenciones más cuantiosas. En Energía sostienen que las diferencias de internas no son grandes, que la segmentación tarifaria es una tarea que llevará tiempo y que no producirá una baja significativa de los subsidios.

Funcionarios K conjeturan que Cristina Fernández de Kirchner no va a caer dos veces en el mismo error de congelar las tarifas. Otros. que la quieren menos. la critican por creer que los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri hincharon los bolsillos de las empresas del sector cuando, según ellos, sus balances no lo demuestran. En la Rosada recuerdan que los diputados dirigidos por Máximo Kirchner y el Senado, que preside su madre, ya aprobaron ese presupuesto 2021 que preveía aumentos tarifarios por inflación, pero admiten que tal vez terminen siendo menores y se compensen los mayores subsidios con un crecimiento económico superior al esperado (+5,5%) y una recaudación adicional de retenciones por el nuevo boom de precios de materias primas agrícolas.

Un ministro del Gobierno advierte que, si el alza de tarifas resulta demasiado pequeña, será objetada por el FMI, preocupado por la reducción de las subvenciones. Guzmán plantea que la Argentina necesita recuperar la senda del crecimiento sostenible y por eso reclama al FMI postergar cuatro años los vencimientos del préstamo récord que le dio a Mauricio Macri. Una de las incógnitas es cuánto del 4,5% de déficit fiscal presupuestado se financiará con emisión monetaria y cuánto con colocación de deuda en el mercado local. Oficialistas sometidos a regañadientes a Guzmán opinan que él podría conseguir todo el financiamiento que requiere en el mercado doméstico si ofreciera instrumentos atractivos. En su debut como secretario de Finanzas, Mariano Sardi logró este jueves cinco veces más fondos de lo que buscaba.

También esta semana, Sardi y el también nuevo secretario de Política Económica, Fernando Morra, retomaron las negociaciones online con el FM,I después del receso de las fiestas. Las conversaciones continuarán la semana próxima. Aunque el gobierno de Estados Unidos, accionista mayoritario y con poder de veto en el Fondo, cambie este miércoles, tanto el staff del organismo como su directora gerenta, Kristalina Georgieva, permanecerán y es con ellos que se discuten las políticas fiscal y monetaria para los próximos años. Hasta ahora, Georgieva y los técnicos se muestran lejos de las tradicionales posiciones dogmáticas del FMI, movilizados a favor de que el mundo haga una política contracíclica ante la pandemia. Pretenden, eso sí, que la Argentina les de seguridades de que devolverá el crédito que le otorgó a Macri -por impulso de Donald Trump- la anterior jefa del FMI, Christine Lagarde.

En Wall Street calculan que la Argentina recibiría 12.000 millones de dólares extra gracias al alza de la soja y las demás commodities.

La decisión final correrá por cuenta del directorio del Fondo Monetario Internacional, donde sí tendrá peso el nuevo gobierno de Joe Biden. Habrá que esperar a que Janet Yellen -cuyo tutor de tesis fue el mentor de Guzmán, Joseph Stiglitz- se acomode como secretaria del Tesoro y designe a la persona que se encargará del caso argentino. En 2001, George W. Bush tardó ocho meses en esa tarea. Fernández espera que Biden se demore mucho menos. Mientras tanto, los fondos de inversión de Wall Street presionan de antemano a sus amigos demócratas para que el FMI exija a la Argentina un sendero de ajuste, reformas estructurales y apertura económica, con una clara intención: que el país vuelva a reestructurarles la deuda.

Guzmán quiere que el pacto con el Fondo pase por el Congreso, de modo tal que cuente con un apoyo político amplio. En el kirchnerismo duro sostienen que el Legislativo no es una escribanía y que Guzmán no puede lavarse las manos sino que debe poner la firma, como reclamó sin nombrar a nadie la vicepresidenta a fin de año en el acto en el estadio Ciudad de La Plata.

En Wall Street calculan que la Argentina recibiría 12.000 millones de dólares extra gracias al alza de la soja y las demás commodities. Igual no les agrada un gobierno con controles de precios y de cambios ni que YPF reestructure su deuda porque -alegan- obedece a la necesidad de frenar la salida de dólares por dos años. Los más gurkas´+} llegan a advertir que la petrolera estatal argentina va camino de convertirse en una nueva Petróleos de Venezuela (PDVSA). En Economía responden que, con el canje de deuda, YPF busca fondos para invertir y producir, lo que permitirá luego afrontar los pagos de su abultada deuda. En el establishment, en tanto, hay dudas sobre cómo impactará esta reestructuración en el financiamiento de las otras empresas argentinas.

Alimentos para el mundo, precios para el consumo

La segunda madre de las batallas radica en el encarecimiento de los alimentos. El alerta lo lanzó el Indec cuando, el jueves pasado, publicó el dato de inflación de diciembre: 4%, el valor más alto para 2020. El Gobierno ya llegó a acuerdos por el aceite y con la cadena del maíz -cereal con el que se alimentan vacas, cerdos y pollos-, pero aún falta instrumentarlos. El pacto por el aceite es más sencillo, porque depende directamente de las grandes empresas que integran la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportador de Cereales (Ciara-CEC). En cambio, el convenio por el maíz tiene varias aristas. Hay que asegurar que una parte de la producción vaya a precios menores que los internacionales para los productores porcinos, avícolas, lecheros y vacunos. Resulta clave, en consecuencia, darles financiamiento y asegurar la trazabilidad de los valores rebajados hasta los supermercados y las carnicerías. 

En materia financiera, el acuerdo requiere del compromiso de las aceiteras y las bolsas de cereales. Entonces aparecen dos actores pesado del nuevo Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), creado en 2020 por más de 40 cámaras , que ha sabido construir un buen diálogo con el actual gobierno (en contraposición con la Mesa de Enlace). En ese Consejo destacan las figuras de Gustavo Idígoras -ex funcionario técnico, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y hombre que responde al ex senador peronista cordobés y dueño de Aceitera General Deheza, Roberto Urquía, a su vez cuñado del jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo- y José Martins -mandamás de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires-. En el Gobierno califican a Martins como una rara avis del sector, alguien que aceptó la derrota electoral del proyecto político con el que más se identificaba el campo en 2019 y que, ante la amenaza de cuatro años de enfrentamientos como en los ocho años de Cristina Fernández de Kirchner, se reunió con ella el año pasado como inicio de su estrategia de diálogo.

En el Ejecutivo rescatan que incluso en la Mesa de Enlace hay dirigentes sensatos y abiertos al diálogo, pero advierten que están bajo la presión de bases y dirigentes más duros, enrolados en Juntos por el Cambio. Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), se desmarcó del lockout de adhesión dispar de la última semana. Pero los líderes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA, la entidad con más socios), Jorge Chemes, y la Federación Agraria (que tradicionalmente nucleaba a los más chicos), Carlos Achetoni, mantuvieron el diálogo en privado con altos funcionarios a pesar de la protesta. Estas tres entidades están en el CAA.

La que se mantiene al margen es la Sociedad Rural, cuyo presidente, Daniel Pelegrina, enfrenta una interna del ex ministro de Agricultura de Macri, Luis Miguel Etchevehere. Pelegrina es uno de los pesos pesados del Foro de Convergencia Empresarial, que integra a decenas de cámaras pero donde dominan la Asociación Empresaria Argentina (AEA, el club de dueños de grandes empresas), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Cámara de Comercio de EE. UU. en la Argentina (Amcham) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El Foro se ha convertido en la voz más crítica de los hombres de negocios contra el gobierno de Fernández, con recientes reproches por el finalmente suspendido cierre de la exportación de maíz, la regulación de las telecomunicaciones, el programa de Precios Máximos en supermercados y las idas y vueltas con las cuotas de las prepagas. El coordinador de este foro es Miguel Blanco, director general de Swiss Medical, la empresa de Claudio Belocopitt, quien ha expresado sus reparos sobre la reforma sanitaria que impulsa la vicepresidenta para coordinar las tareas del Estado, las prepagas y las obras sociales. Blanco es, además, presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y fue director financiero The Exxel Group, aquel conglomerado de empresas de vertiginoso crecimiento en los 90 y veloz derrape en los 2000.

En el Ejecutivo hay conciencia de que tampoco pueden tirar demasiado de la cuerda porque necesitan de las exportaciones agrícolas para que entren dólares.

En las próximas semanas, los ministros de Agricultura, Luis Basterra, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aspiran a sellar acuerdos por los precios de la carne y del trigo, materia prima para el pan, las pastas, las empanadas y la pizza. Los funcionarios negocian con el consorcio de exportadores de carne bovina ABC el valor de 10 cortes populares para todo 2021. Además, con una perspectiva de dos años, se aspira a dejar de enviar la media res a las carnicerías para que lleguen directamente los cortes cuarteados, como sucede en todo el mundo (menos en la Argentina y Paraguay). Con el cuarteo se podrían distribuir los cortes populares en determinadas zonas y los más caros en otras. Esa transformación requiere de inversiones en los frigoríficos que se dedican solamente al mercado local y que, en general, operan desde la informalidad.

En el caso del trigo, al igual que en el del maíz, se busca asegurar el abastecimiento interno a un precio diferencial del internacional. La cantidad ya está acordada, pero no todavía el valor. Al igual que en el caso del maíz, el Gobierno negocia bajo la implícita amenaza de que si no se llega a un acuerdo de caballeros, se aumentarán las retenciones a la exportación o se reinstalará los registros de operaciones de exportación (ROE), los cupos que durante el kirchnerismo administró de manera polémica Ricardo Echegaray.

En el Ejecutivo hay conciencia de que tampoco pueden tirar demasiado de la cuerda porque necesitan de las exportaciones agrícolas para que entren dólares y se eviten devaluaciones bruscas que disparen la inflación en el año electoral. En el sector privado critican que Basterra haya adoptado primero la prohibición de exportaciones de maíz para después sentarse a negociar, en lugar de haber apostado primero por el diálogo. En la Rosada lo defienden y destacan que evitó que escalará el conflicto. Sostienen que quieren potenciar el sector agroindustrial argentino, pero que en esta crisis económica eso no puede terminar impactando en el poder adquisitivo de las familias.

Mientras tanto, la secretaría de Comercio Interior, Paula Español, acordó con las grandes empresas de alimentos, bebidas e higiene una ampliación del programa Precios Cuidados y la liberalización controlada de 40 rubros sometidos a los controles de Precios Máximos. En el empresariado adjudican su dureza a la presión que, sobre ella, ejercen las críticas de los kirchneristas más duros y advierten por eventuales faltantes de algunos productos cuyos costos aumentaron en 2020 dos o tres veces más que los precios finales.

La pandemia, marchas y contramarchas

La tercera madre de las batallas económicas tiene raíz sanitaria. En marzo pasado, Alberto Fernández privilegió la salud por sobre la economía. Hoy la situación es distinta y su objetivo radica en evitar, por todos los medios, que la pandemia provoque más cierres de la actividad que el de los bares que funcionan de 1 a 6 de la madrugada. "Costó mucho recuperar la economía como para, ahora, volver a cerrarla", admiten en la Rosada. Allí prevén que, antes que afectar cualquier otro sector productivo o comercial, se prohibirán primero las reuniones sociales y después las familiares. Un ministro reconoce que en febrero se agudizará la cantidad de contagios, pero confía en que en marzo o abril se masifique la vacunación, con lo que se evitaría un escenario catastrófico en lo sanitario y lo económico. En Economía miran con preocupación cómo los nuevos confinamientos en Europa están impactando la actividad. De todos modos, rescatan que finalmente la caída del PBI de 2020 resultaría un poco inferior al 10%, es decir, por debajo de los peores pronósticos que, en su momento, soltaron los economistas más alarmistas y de mayor rating. 

Entre el 10% y el 20% de la clase media cayó en desgracia durante la cuarentena y buscó ingresos en sectores de la llamada economía popular.

La industria no se parará e, incluso, estaba previsto exceptuarla de un eventual toque de queda nocturno (que finalmente no se adoptó). El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) para asuntos laborales, Daniel Funes de Rioja, habló con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para que en las fábricas se testee con frecuencia al personal (algunas grandes empresas, por ejemploToyota, hacen pruebas aleatorias periódicas, pero las pymes carecen de esa capacidad) y también se vacune inmediatamente después que se haya atendido a los profesionales de la salud, los docentes y las personas de riesgo. Moroni trasladó el pedido a su par de Salud, Ginés González García. El ministro de trabajo también recibe la presión empresaria para que, a fin de mes, deje de prorrogar la prohibición de despidos y suspensiones y la doble indemnización por cesantías, en contraposición al pedido de los sindicatos, temerosos por los puestos de trabajo ante un panorama económico aún incierto.

En la economía popular también aspiran a seguir recuperando la normalidad. La salida del aislamiento, que en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se extendió de marzo a noviembre, supuso una bocanada de aire fresco para muchos trabajadores de clases bajas y medias. En la Secretaría de Economía Popular, que conduce Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, calculan que entre el 10% y el 20% de la clase media cayó en desgracia durante la cuarentena y buscó ingresos en sectores de la llamada economía popular: recurrió al cuentapropismo, se puso a cocinar para vender hamburguesas caseras, comida vegana o tortas o a producir barbijos fashion. Hay trabajadores informales que recuperaron las changas, pero ahora cuentan con la mitad de los clientes que tenían antes de la pandemia. Por ejemplo, pileteros o jardineros. Varios de ellos fueron los que abarrotaron La Salada y la calle Avellaneda en las fiestas para comprar ropa y revenderla luego en sus barrios. Las organizaciones sociales han podido desmontar las ollas populares, aunque quedan en pie los comedores (mientras reabren rotiserías y panaderías) y se crean infinidad de verdulerías y locales que se dedican exclusivamente a la venta de productos de limpieza.

En el Evita, que mantiene una fuerte interna con La Cámpora, señalan que el crecimiento económico resulta tan prioritario como la distribución de las vacunas. Mientras no haya suficientes inoculaciones, drama que sufre toda América Latina y el resto del mundo en desarrollo, apuntan a trabajar en la prevención: recordar a los trabajadores que deben usar barbijo y mantener las burbujas con sus compañeros de tareas laborales. A diferencia de las orgas más cercanas a la vicepresidente, están de acuerdo con la finalización del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pero reclaman más subsidios o créditos para que la gente pueda trabajar. También que vuelvan las clases, dado que los niños más pobres han sido los más excluidos de la educación digital.

Que se recupere el empleo y la educación regrese a las escuelas son deseos compartidos tanto por los de arriba como por los de abajo. Las diferencias, a veces tensas, arrancan en el cómo.

AR

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