Abortos no deseados y bebés infectados en el embarazo: el impacto de las decisiones de Trump en la lucha contra el VIH en África

Un nuevo informe elaborado por la organización Physicians for Human Rights (PHR) alerta de que la congelación de los fondos para la asistencia humanitaria decretada por el Gobierno de Donald Trump puso en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la epidemia de VIH y desencadenó una catástrofe sanitaria en la región de África oriental. El estudio documenta casos de mujeres seropositivas que decidieron abortar por miedo a trasmitir el virus a sus hijos, así como bebés que terminaron contagiados durante el embarazo ante la falta de acceso a medicamentos.

“Estamos creando una bomba letal para el futuro”, denuncia uno de los trabajadores entrevistados para el informe.

El Gobierno de Trump emitió el 20 de enero de 2025 una orden ejecutiva que congeló todos los nuevos fondos de asistencia humanitaria y ordenó una revisión de 90 días de los existentes. Apenas cuatro días después, el secretario de Estado, Marco Rubio, envió órdenes de paralización de todos los programas en curso, lo que supuso el freno inmediato de cientos de proyectos, incluido el PEPFAR, el plan estrella de Washington para combatir el VIH en países de bajos ingresos, sobre todo del África subsahariana.

La congelación de los fondos fue parte de la paralización general de la ayuda internacional de Estados Unidos. Aunque posteriormente se concedieron excepciones parciales, la primera semana tras las órdenes de suspensión fue especialmente crítica: clínicas de Uganda y Tanzania tuvieron prohibido dispensar medicamentos comprados con fondos estadounidenses y se interrumpieron por completo los servicios comunitarios de distribución de antirretrovirales.

En los testimonios recogidos por PHR, profesionales sanitarios describen que recibieron mensajes de WhatsApp y correos electrónicos que les ordenaban detener inmediatamente todas las actividades, dejando a pacientes y programas abandonados y sin alternativas. Uno de los trabajadores comunitarios en Tanzania relata: “Ese día ya teníamos organizadas las rondas para entregar la medicación en la comunidad, y de repente nos dijeron que parásemos todo. Muchos pacientes llevan meses llamando y no sabemos cómo ayudarles”.

No quería que me culparan de traer al mundo a un bebé enfermo, así que decidí abortar

El mismo informe recoge testimonios de mujeres que interrumpieron su embarazo por miedo a dar a luz a un niño con VIH: “No quería que me culparan de traer al mundo a un bebé enfermo, así que decidí abortar”, cuenta. Según los datos recogidos, en algunas de las regiones hasta un 25% de las mujeres embarazadas seropositivas trasmitieron el virus a sus hijos durante esos meses críticos. “Es realmente doloroso ver a alguien dar a luz a un bebé cuyo primer test de ADN es positivo en VIH, simplemente porque no tuvo acceso al tratamiento”, dice un trabajador sanitario ugandés.

Además, varios pacientes describieron la angustia de ver sus reservas de medicamentos agotarse y tener que saltarse la dosis. “Me dieron solo 14 pastillas, cuando antes recibía medicación para tres meses. Me entró miedo y ansiedad. Pensé: '¿y si mañana ya no hay más?'”, explica una joven ugandesa en el informe.

Aumento del estigma

La crisis tuvo un efecto colateral especialmente grave: la intensificación del estigma. El informe documenta un aumento de agresiones físicas y verbales contra personas con VIH y contra colectivos históricamente discriminados. Desde Tanzania, un médico alerta en el informe: “Si dejamos atrás a las poblaciones clave y vulnerables, estamos creando una bomba letal para el futuro”. PHR añade que la exclusión de estos grupos tras la suspensión de los fondos agravó aún más la discriminación.

Las interrupciones también supusieron la desaparición de los espacios comunitarios seguros que habían sido financiados con cargo al PEPFAR, lo que dejó a muchos sin un lugar donde recibir tratamiento o apoyo sin ser señalados. En Uganda, un trabajador comunitario explica en el informe que, tras la cancelación del programa, los locales que servían de puntos de distribución de medicinas fueron desalojados y alquilados a otros inquilinos, lo que impidió retomar el servicio incluso recibir la autorización parcial para reanudarlo.

El otro efecto

Más allá de las cifras, el informe subraya el golpe de esta decisión sobre la confianza de los pacientes a la estabilidad de su tratamiento. Muchos de los seropositivos entrevistados expresaron el temor a que los medicamentos se agoten de manera definitiva. El trabajo de PHR recoge el caso de un paciente que le dijo a su médico: “¿Ahora querés que me muera? Si no me das medicación para seis meses, temo no volver a recibirla nunca más”.

Los médicos entrevistados describen el efecto de la medida: “Lo que temíamos hace tiempo ya está pasando: la gente está tomando la medicación un día sí y otro no, y eso genera resistencia [viral]. Este recorte es una sentencia de muerte para muchos”, indicó a la organización un facultativo de Uganda.

“Lo que temíamos hace tiempo ya está pasando: la gente está tomando la medicación un día sí y otro no, y eso genera resistencia [viral]. Este recorte es una sentencia de muerte para muchos”

Aunque la interrupción fuese temporal, fue suficiente para destruir el delicado ecosistema de la lucha contra el VIH, en el que no basta con tener medicinas en la estantería de una farmacia, sino que también se necesitan sistemas sostenidos de acompañamiento para que las personas puedan mantener el tratamiento, según la ONG. Los programas comunitarios, los equipos de gestores de casos y las estrategias de entrega adaptada de medicinas se desmoronaron con el recorte.

La paralización de los fondos vino acompañada de una reforma administrativa que incluyó recortes en el programa de asistencia USAID y alteraciones en su estructura operativa. Ahora, y con el foco en la región de África oriental, está en riesgo el futuro de miles de pacientes en Tanzania y Uganda.

La Casa Blanca propuso en mayo un recorte del 66% de la financiación internacional destinada al VIH. En paralelo, la Oficina del Presupuesto (OMB) retuvo cerca de la mitad de los 6.000 millones de dólares ya aprobados por el Congreso para el PEPFAR, lo que dejó a países como Uganda y Tanzania en estado crítico. El informe de PHR documenta que un 25% de los fondos de atención y tratamiento para Uganda se cancelaron o están en riesgo de desaparecer, un 30% de los recursos de prevención ya están suspendidos y un 17% del presupuesto global quedó sin destino definitivo.

Frente a este escenario, PHR llama al Congreso estadounidense a actuar de inmediato. Plantea restaurar en su totalidad la financiación del PEPFAR en el presupuesto para 2026, volver a autorizar el programa y asegurar una transición ordenada hacia los sistemas de salud locales.