Análisis

Chile: la indemnización al diario El Clarín pone a Boric ante el espejo

El presidente de Chile, Gabriel Boric, en una fotografía de archivo.

Pere Rusiñol


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La larga marcha de los propietarios españoles del diario chileno El Clarín, que fue confiscado por Augusto Pinochet el mismo día del golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973 para restituirle su lugar en la prensa ante el atropello sufrido, ha sido apoyada en algún momento de su odisea por el Parlamento Europeo, el Gobierno español, los principales partidos de las Cortes -el PP, el PSOE e IU- y hasta por el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, cuando era diputado de la oposición. El antecesor de Boric, el presidente de derecha Sebastián Piñera, se fajó en sus dos mandatos para evitar cualquier compensación, pero se comprometió solemnemente ante la Eurocámara a cumplir el laudo del CIADI, el organismo de arbitraje del Banco Mundial en materia de inversiones, y asumir el pago que eventualmente se fijara, una promesa que ha incumplido al endosar el dossier a la nueva Administración de izquierdas.

En el año 2012, durante su primer mandato como presidente, Piñera acudió al Parlamento Europeo y el diputado del PSOE Andrés Perelló le preguntó por la reparación a El Clarín que, con una media de 250.000 ejemplares diarios vendidos, era el diario de Chile con mayor patrimonio cuando fue confiscado sin que su propietario, el empresario español Víctor Pey, exiliado tras la Guerra Civil, recibiera nunca una indemnización. Piñera contestó con mucha rotundidad: “Efectivamente, el diario El Clarín fue expropiado por el Gobierno militar. (...) Chile es respetuoso del derecho internacional y de las Cortes internacionales. Por tanto, si la corte determina que Chile debe hacer algo, Chile va a cumplir con lo que diga la Corte. (...) Es lo que corresponde a un país civilizado, respetuoso del derecho y que respeta las reglas del Estado de derecho”.

La corte competente, el CIADI, cuyos laudos son de obligado cumplimiento por los 155 países que han ratificado el convenio -entre ellos, España y Chile- y ejecutables también en cualquiera de estos países, zanjó en 2020, y ya sin posibilidad de recurso, el arbitraje internacional más largo de la historia de Chile y el Banco Mundial, iniciado en 1997: este país debe indemnizar a los accionistas de las empresas editoras de El Clarín. Víctor Pey no vivió para verlo -había fallecido en 2018, a los 103 años-, pero había traspasado sus participaciones a la Fundación española Presidente Allende (90%) y a su hija, Coral Pey Grebe (10%), propietarios de la cabecera, que en estos momentos edita únicamente una versión digital.

Tras la decisión definitiva del CIADI de 2020, el abogado Joan Garcés, jurista español que fue asesor de Salvador Allende, se dirigió a los tribunales españoles para continuar la ejecución del laudo en el juzgado 101 de Madrid que había ejecutado las costas de la fase inicial del arbitraje: más de 3 millones de euros, que Chile ya ha abonado. Un auto del pasado diciembre ordena a Chile pagar 551 millones de dólares (alrededor de 520 millones de euros): 429,797 millones de dólares en concepto de indemnización y otros 121,972 millones por los intereses de demora. El laudo fija los intereses de demora en el 5% anual compuesto hasta el completo pago de la indemnización, con lo que cuanto más se prolongue el procedimiento más alta acabará siendo la cuantía a pagar.

A pesar de la solemne promesa de Piñera en la Eurocámara, en sus dos mandatos como presidente fue postergando la indemnización. Y el pasado diciembre la representación del Estado chileno en Madrid, que todavía respondía a la administración de Piñera, se negó a recibir la comunicación formal del auto, solicitó remitirlo a Santiago y ha ido demorando la respuesta el tiempo suficiente para que la patata caliente tenga que asumirla ahora el nuevo presidente, el izquierdista Gabriel Boric. La oficina de Comunicación de Boric no ha contestado a las reiteradas preguntas formuladas por elDiario.es sobre cuáles son las intenciones de la nueva Administración ante el laudo del CIADI y el auto del juzgado español.

El nuevo presidente de Chile fue un destacado defensor de la causa de El Clarín cuando era diputado de la oposición. El 20 de septiembre de 2017, con Víctor Pey todavía con vida, Boric patrocinó con pasión una interpelación en el Congreso chileno en la que mostró su indignación por las dilaciones continuas de Chile en lugar de indemnizar. “Han pasado muchos años y el Gobierno de Chile optó por consolidar el monopolio de la prensa de un solo sector y, por tanto, ha hecho denodados esfuerzos para evitar que se concrete la indemnización que corresponde a los legítimos dueños del diario El Clarín. Uno se pregunta por qué”, afirmó el hoy presidente. Y añadió: “Me pregunto qué ha motivado al Estado de Chile a realizar tanto esfuerzo para evitar la reparación de la usurpación ilegal de que fue objeto el diario El Clarín”.

El hoy presidente mostró también su malestar porque Chile diera largas a la reparación “a los legítimos dueños de este diario” e incluso finalizó su intervención con un homenaje emocionado a Víctor Pey, quien “con más de cien años, sigue dando una digna lucha por recuperar la pluralidad del periodismo en Chile, lo que es esencial en cualquier democracia”.

Apoyo de la Eurocámara y del Gobierno de Aznar

Por su parte, España ha mirado siempre desde muy lejos el procedimiento, en una actitud que contrasta con el apoyo entusiasta que suele dar a las demandas de las multinacionales españolas en el extranjero. Pero cuando el procedimiento arrancó, en 1997, el Gobierno español de José María Aznar expresó formalmente y en sede parlamentaria su apoyo a la reivindicación de Pey por boca del entonces secretario de Estado para Política Exterior y para la Unión Europea, Ramón de Miguel.

En respuesta al diputado Rafael Estrella (PSOE) en la comisión de Exteriores del Congreso, De Miguel subrayó que se trata de “un tema claro de defensa de intereses españoles en el extranjero” y subrayó que el Ejecutivo de Aznar “deplora que se prolongue esta situación sin que haya habido la indemnización correspondiente”. “La voluntad del Gobierno es proteger los intereses de un compatriota nuestro, don Víctor Pey”, recalcó el secretario de Estado de Aznar.

También la Eurocámara respaldó formalmente en 1997 por unanimidad la reivindicación de Pey en el acuerdo marco de relación con Chile aprobado en el Parlamento europeo, que citaba “como residuo inaceptable de la dictadura el caso del diario El Clarín, expropiado y todavía ocupado por los militares y sin que sus legítimos propietarios hayan recibido hasta el momento actual ninguna indemnización”. El informe, del que fue ponente la eurodiputada del PSOE Ana Miranda de Lage, fue apoyado expresamente por los portavoces del PP José Manuel García Margallo -que años después fue ministro de Exteriores de Mariano Rajoy-, del PSOE, Enrique Barón, e IU, Alonso Puerta.

Un cuarto de siglo después, los militares chilenos siguen ocupando los edificios y las rotativas de El Clarín. Y sus propietarios españoles aún no han sido compensados, a pesar de la obligatoria resolución definitiva del organismo internacional de arbitraje vinculante tanto por para Chile como para España.

PR

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