Detuvieron a la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez fue detenida en las últimas horas acusada de sedición y terrorismo en relación por el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019.

La mujer fue aprehendida esta madrugada en su domicilio en la localidad de Trinidad y trasladada a La Paz, donde un fiscal pidió su arresto junto al de varios de sus colaboradores políticos y militares.

La televisión boliviana mostró a Áñez llegando al aeropuerto de El Alto, de la capital, donde tildó de “ilegal” su detención en respuestas a preguntas de la prensa. Junto a ella, que no estaba esposada, estaban el actual ministro del Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo, y varios policías.

“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía”, anunció Del Castillo en sus cuentas de Twitter y Facebook, y felicitó a las fuerzas del orden por su “gran trabajo en esta gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano”.

Por su parte, la expresidenta de facto denunció en las redes sociales “un acto de abuso y persecución política”. El Gobierno “me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió”, añadió Áñez.

Áñez pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) el envío de misiones oficiales para verificar la “persecución política” de la que se considera víctima, junto a varios de sus exministros.

Presa en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Policía boliviana, Áñez envió cartas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al embajador de la UE en La Paz, Michael Dóczy Áñez, para denunciar las acciones “perpetradas por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo” y la “sistemática vulneración de los derechos humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante”.

El diario Página Siete detalló que el pedido alude a la Carta Democrática Interamericana y por eso sugiere la llegada de una Misión Oficial de Observación “a objeto de que evalúe de manera objetiva e imparcial la ilegal aprehensión” de la que se considera víctima.

“Se me acusa de terrorismo, sedición y conspiración para materializar un supuesto golpe de Estado. No obstante, la institución a la que usted representa ha sido testigo de un fraude en las pasadas elecciones del año 2019, motivo por el cual el pueblo boliviano salió a las calles a reclamar y exigir el respeto a su voto”, argumentó Áñez en su misiva a Almagro.

Las relaciones de Bolivia y la OEA están virtualmente congeladas. Esa organización continental hizo público un informe que hablaba de fraude tras las elecciones presidenciales del 2019, que sirvió de base a militares y policías para exigir entonces la salida del cargo de Evo Morales.

En los comicios regionales de hace dos semanas, Arce no fue a abrir la jornada justamente en repudio a la presencia de la misión de observadores de la OEA.

La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra Áñez y varios de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Dos de ellos, Álvaro Coímbra, extitular de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, también fueron detenidos en Trinidad y trasladados a La Paz.

La orden de la fiscalía partió de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), de Morales, precisó la agencia de noticias AFP.

En su denuncia, Patty sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios exministros, exmilitares, expolicías y civiles, habían promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.

Áñez llegó al poder luego del golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019 en medio de protestas después de unas elecciones calificadas por la oposición y la OEA de fraudulentas.

Ejerció el Gobierno hasta noviembre de 2020 tras la asunción del actual mandatario, el masista Luis Arce.

La Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) llamó el viernes a defender a los exjefes militares y policiales que participaron de las movidas contra Morales y ahora enfrentan procesos penales por genocidio y otros delitos.

“La Apdhb convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y toda la sociedad civil a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y las Fuerzas Armadas”, señaló la presidenta de esa organización, Amparo Carvajal, en un comunicado.

Hacia la noche, la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron cerca de 30 personas, en el que concluye que el Gobierno de Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil.

DA/CB/RG con información de agencias