La justicia británica no decidirá sobre la extradición de Assange a EEUU al menos hasta marzo
Tras dos días de vista y años de batalla legal, el Alto Tribunal de Justicia de Londres decidirá en las próximas semanas si Julian Assange, el fundador de Wikileaks, puede seguir apelando contra su extradición a Estados Unidos, que le acusa de espionaje y hackeo informático hace más de una década. La decisión no se espera antes de principios de marzo.
En cualquier caso, si se agota la vía legal ante la justicia británica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo todavía puede intervenir con una medida de emergencia para paralizar el envío del ciudadano australiano del Reino Unido a Estados Unidos.
La jueza y el juez del Alto Tribunal de Inglaterra y Escocia encargados de este caso tienen que decidir si Assange puede empezar desde el principio un nuevo proceso de apelación, que previsiblemente alargaría años la situación de espera actual. Las partes van a presentar más documentación y la corte tiene hasta el 4 de marzo para examinarla, con lo que no se espera una decisión antes de esa fecha.
La vista de dos días no versaba sobre el fondo de la cuestión y el acceso público estaba limitado, como es habitual en el Reino Unido, pero activistas, periodistas, diputados y simpatizantes de Assange esperaron durante horas delante del tribunal entre cánticos y discursos de apoyo. Después marcharon hacia Downing Street, la sede del Gobierno británico, para seguir protestando.
Este caso arrancó en primavera de 2019, cuando Donald Trump era presidente y el Departamento de Justicia presentó una acusación con 18 cargos contra Assange por haber “conspirado” para obtener información confidencial de seguridad nacional, haber colaborado en el hackeo de sistemas oficiales y haber difundido documentos secretos sin tomar precauciones para evitar poner en peligro a periodistas, activistas y otros civiles en Afganistán, Irán, China y Siria, según el escrito de acusación.
Estas acusaciones se refieren a las acciones de Wikileaks entre 2009 y 2011, pero el Departamento de Justicia del anterior Gobierno de Estados Unidos, el de Barack Obama, había decidido entonces no presentar cargos contra Assange al considerar que podría estar amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que ofrece amplia protección para la libertad de expresión y de prensa. En cambio, sí fue perseguida judicialmente y condenada Chelsea Manning, antigua analista del Ejército de Estados Unidos y la persona que le pasó documentos a Assange y a la que, según la acusación, el australiano presionó para que accediera a más información. En mayo de 2017, Manning salió de la cárcel después de recibir el indulto de Obama tras siete años en prisión (la condena era de 35 años).
Los documentos que filtró Manning para denunciar abusos incluyen la publicación en 2010 de un vídeo de 2007 en que un helicóptero del Ejército de Estados Unidos cerca de Bagdad disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. La agencia ya había pedido el vídeo al Pentágono y lo vio poco después de los hechos aunque no tenía autorización para guardarlo o reproducirlo. El jefe de la redacción de Reuters en Bagdad dijo que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre las circunstancias.
Entre la información más significativa, publicada en principio con el filtro y la colaboración del New York Times y otros medios (en España, El País), están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos, los informes permitieron comparar fuentes y hacer una estimación más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más.
Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos contra prisioneros en Guantánamo, desvelados con otras fuentes en 2004 por la televisión CBS, la agencia de noticias AP y el semanario New Yorker, entre otros.
Qué es un periodista
Varias organizaciones de defensa de la libertad de prensa consideran que una condena de Assange en Estados Unidos podría sentar un precedente jurídico sobre los límites de la Primera Enmienda. Los defensores de este argumento, entre ellos The Guardian y otros diarios con los que Assange colaboró, insisten en que el uso en particular de la Ley contra el Espionaje de 1917 es peligroso porque no tiene en cuenta la relevancia de la información publicada.
La abogada que representaba este miércoles a Estados Unidos ante el tribunal en Londres argumentó que Assange no es periodista porque “publicó para todo el mundo, con conocimiento y de manera indiscriminada, los nombres de individuos que fueron fuentes de información de Estados Unidos” y que esto “distingue la posición del demandante de la del New York Times y otros medios de comunicación”.
La Constitución de Estados Unidos no recoge una definición precisa de lo que es y no es un periodista. Un caso de este tipo podría llegar al Tribunal Supremo, que tiene un historial de dictar a favor de la libertad de expresión y de prensa, con menos límites legales que en países como el Reino Unido o España.
La parte más polémica sobre los estándares de Wikileaks es la protección de fuentes que estaban en peligro. Varios medios que habían colaborado con Wikileaks, como El País, el New York Times y el Guardian, criticaron el hecho de que, cuando publicó la información por su cuenta, Assange no se preocupó de proteger a personas que podían ser objetivo de terroristas y gobiernos autoritarios.
El Gobierno de Estados Unidos dijo este miércoles que activistas políticos, disidentes y otros civiles tuvieron que huir de sus países o “desaparecieron” después de la publicación de sus nombres en Wikileaks.
Entre la documentación encontrada durante el asalto de las fuerzas especiales de EEUU en 2011 a la casa en Pakistán donde se escondía Osama Bin Laden, el líder de la red terrorista Al Qaeda, había documentos de Wikileaks, según detalla el escrito de acusación.
La relación con Trump
La defensa de Assange aseguró este martes que el caso contra él tiene “motivaciones políticas” y empezó como una campaña de Trump contra todos los periodistas.
El expresidente de Estados Unidos y el fundador de Wikileaks tienen una relación complicada. Assange colaboró con el Gobierno ruso en el hackeo de la información de los servidores del Partido Demócrata durante la campaña de 2016 de Hillary Clinton en busca de información que pudiera dañarla en las elecciones contra Trump, según detallaron medios como Foreign Policy y el Guardian, entre otros. Entonces el equipo de Trump estaba en permanente contacto con Wikileaks, según confirmó la investigación del fiscal especial Robert Mueller.
Los abogados de Assange aseguraron durante el proceso en Londres en 2020 que Trump, a través de un intermediario del Partido Republicano, le había propuesto hacer un trato si el fundador de Wikileaks aseguraba que Rusia no tenía nada que ver con el hackeo de los emails del Partido Demócrata. La Casa Blanca de Trump lo negó entonces.
En la vista DE este martes y este miércoles, la defensa de Assange aseguró que Trump estaba “planeando raptar y asesinar” al fundador de Wikileaks cuando estaba en la embajada en Londres.
Stella Assange, abogada casada desde 2022 con el fundador de Wikileaks y madre de sus dos hijos, comparó a su marido con el opositor ruso Alexei Navalni, que murió en una prisión del Ártico y cuyo cuerpo está retenido por las autoridades rusas sin que haya hasta ahora una causa oficial. Según Stella, a su marido “le puede pasar lo mismo que a Navalni”.
Assange, de 52 años, no quiso asistir a la vista de esta semana ni siquiera online porque se encontraba mal, según su esposa. “Estuvo enfermo en Navidad, tiene tos desde entonces”, dijo Stella Assange, que habló también en las protestas en defensa de su marido organizadas durante los dos días de la vista delante del tribunal.
Las acusaciones de violación
Assange ha pasado por batallas legales desde los años 90 en Australia, donde fue condenado en 1996 por hackeo informático de la Universidad de Australia y de una red que utilizaba el Ejército de Estados Unidos. Entonces, ya era uno de los piratas informáticos más famosos del país, pero sólo tuvo que pagar una multa porque el juez no vio “malicia” en sus acciones.
Sus problemas legales más serios en el Reino Unido empezaron en 2010, cuando fue arrestado en Londres a petición de Suecia por las acusaciones de violación y otros abusos sexuales de dos mujeres allí. Mientras estaba en libertad bajo fianza, en 2012, pidió refugio en la embajada de Ecuador en Londres, donde vivió siete años para evitar el proceso legal en Suecia.
En abril de 2019, Assange fue arrestado en la embajada después de que Ecuador le retirara la protección diplomática tras años de tensión. El Reino Unido le acusaba de haberse saltado las condiciones de su fianza y respondió a la petición de extradición de Estados Unidos por las filtraciones. Unos meses después, una fiscal sueca decidió abandonar el caso por violación porque, aunque la víctima era “creíble”, según explicó, el tiempo transcurrido impedía conseguir información para probar las acusaciones.
Assange lleva encarcelado desde 2019 en una prisión de alta seguridad a las afueras de Londres mientras su equipo legal ha apelado en varias ocasiones la orden de extradición a Estados Unidos hasta agotar la que cree ahora la última vía legal en el Reino Unido.
Estados Unidos y Australia
En 2021, la justicia británica paró la extradición ya que aceptó que Assange tenía riesgo de autolesionarse si era deportado a Estados Unidos. Otro recurso le quitó la razón a Assange en abril de 2022 y en junio de ese año la ministra del Interior, entonces Priti Patel, firmó la orden de extradición.
Los abogados de Assange aseguran que, si es condenado, puede afrontar penas de hasta 175 años de cárcel. Las autoridades de Estados Unidos dicen que, si se le considera culpable, la condena sería mucho menor. El Gobierno de Estados Unidos dijo en 2021 ante la justicia del Reino Unido, preocupada por la salud mental de Assange que, de ser condenado, el acusado no sería encarcelado en una prisión de máxima seguridad e incluso podría cumplir la pena en su Australia natal.
El Gobierno y el Parlamento de Australia han pedido al presidente Joe Biden que pare el proceso contra Assange. Además, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, se quejó de la duración del proceso: “Ya basta... Esto no puede seguir de manera indefinida”, dijo la semana pasada.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos funciona de manera independiente dentro del Gobierno y la Administración Biden está bajo una presión extra para no interferir en sus labores en año electoral y con varios procesos legales abiertos contra Trump. El presidente tiene, en cualquier caso, el poder de indultar a Assange si es condenado.
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