De una forma que potencia peligrosamente el autoritarismo de su gobierno, Donald Trump puso a la policía de Washington DC bajo control federal y desplegó a la guardia nacional en la ciudad, unas medidas con las que vuelve a incrementar el autoritarismo de su Gobierno. El presidente estadounidense dice que el crimen en la capital del país está “fuera de control”, por mucho que el número de delitos haya bajado notablemente (también los de la delincuencia violenta).
Está claro que este intento por acaparar poder no está basado en los hechos, sino que trata de distraer y controlar la percepción popular, además de volver a conectar y centrar a sus bases.
La toma de DC, al igual que todas las demás decisiones escandalosas de Trump en las últimas semanas, trata, antes de nada, de desviar la atención del caso Jeffrey Espstein. Ya demostró que hará todo lo que esté en su mano para apartar del debate político y público el caso cuando exigió recuperar el nombre del equipo de fútbol americano Washington Redskins [piel roja], cuando atacó al Wall Street Journal o cuando pidió investigar a Barack Obama.
Pero no se trata solo de esquivar el bulto, sino de volver a centrar la atención de sus bases con los temas que más les unen a su figura, principalmente el autoritarismo y el nativismo (que están claramente conectados, como siempre pasa con la extrema derecha). Hay un patrón claro en las ciudades que Trump vincula con el desorden y la violencia. Tanto Baltimore como Washington y Oakland son ciudades genéricamente negras de EEUU, mientras que Los Ángeles (latina) y Nueva York (el paradigma del crisol cultural) quedan a menudo apartadas de los relatos de derecha sobre la “verdadera América”.
Los racistas vinculan a los negros y la diversidad racial con el crimen, el peligro, el desorden —igual que ocurre con los conceptos “la ciudad” y los centros “urbanos”, ambos muy racializados en EEUU—. Este miedo y rechazo racista de la ciudad multirracial tiene una larga historia en el país, pero también para el propio Trump. Solo hace falta recordar su reacción al caso de “los cinco de Central Park”, un grupo multirracial de adolescentes a los que se acusó de violar a una mujer blanca en 1989 cuando hacía footing.
Antes de que se conociesen los hechos, Trump publicó una carta abierta en cuatro periódicos de la ciudad en la que decía que estaba fuera de control, pedía la ejecución de los chicos y exigía a los dirigentes políticos que recuperasen la pena de muerte y a la policía. Los ataques a las ciudades con poblaciones racialmente diversas también fueron una parte importante de su muy racista campaña electoral de 2024. Aseguró, por ejemplo, que Filadelfia estaba destrozada por las matanzas y comparó Detroit con un país en vías de desarrollo.
Esta aversión de Trump por las ciudades multirraciales se vio claramente reforzada por las protestas del movimiento Black Lives Matter de 2020, que los medios de comunicación de derechas denigraron. Solo el 22% de los republicanos apoya hoy el movimiento, respecto al 84% de los demócratas. Además, las ciudades multirraciales se inclinan muy acusadamente por los demócratas en las elecciones, lo que también levanta ampollas y es un motivo fundamental del intento autoritario de Trump por acaparar poder.
Al fijarse en ciudades como Washington o Los Ángeles, Trump no solo aprovecha los muy extendidos prejuicios racistas que vinculan a esas ciudades con el crimen y la violencia, sino que refuerza la creencia de que las ciudades “dirigidas por demócratas” están “fuera de control”. El mensaje a las bases es claro: el gobierno de los demócratas en las ciudades (negras) es “débil” y pone en peligro los “feudos” blancos. Y además, por supuesto, todo está ligado a la pretendida política de “apertura de fronteras” del expresidente Joe Biden.
Por último, el intento de asumir mayor poder forma parte de una estrategia para crear un estado extremadamente autoritario y personalista, en el que el monopolio de la violencia recaiga exclusivamente en manos de Trump. De aplicarse, el nuevo presupuesto transformará EEUU en un estado deportador, que orbitará alrededor del Departamento de Seguridad Nacional y la agencia de control migratorio (ICE). Esta última opera, cada vez más, como una milicia personal del presidente, por encima tanto de la ley como de otros cuerpos de seguridad civiles y militares.
Es crucial que los cargos demócratas se tomen este intento de acaparar poder en serio, sin dejarse distraer del caso Epstein, y evitando que el público pierda el hilo. Mientras los tribunales sigan funcionando, aunque sea limitadamente, el Gobierno de Trump debe ser enfrentado judicialmente. Por mucho que haya habido contratiempos, el caso del abuso de poder de Trump en California sigue abierto. Los medios tienen la responsabilidad de informar al público de los hechos, también de verificar en directo las afirmaciones de Trump durante sus discursos.
Lo más importe es que los medios y los políticos dejen de tratar estos sucesos como “incidentes” y conecten la línea de puntos, tanto por ellos como por la población. Aunque aisladamente cada actuación no sea propiamente antidemocrática, todas ellas están conectadas y en conjunto representan un ataque claro y coherente a la democracia. Aunque las instituciones no han caído, cada vez representan menos los valores democráticos liberales sobre los que se erigieron.