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Al acuerdo con el FMI todavía le falta un triple consenso

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

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Este viernes hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional intereses por 512,5 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), que equivalen a unos 720 millones de dólares. Hoy, al Tesoro le quedan tenencias de DEG por el equivalente a 675 millones de dólares, por lo cual, después del pago del fin de esta semana, el stock de DEG quedará en cero y todos los pagos que se le hagan al Fondo -y al resto de los acreedores- a partir de febrero implicarán una caída en las reservas internacionales netas. Ya la semana que viene, el país tiene que afrontar vencimientos con el FMI por otros 370 millones de dólares. Es decir que luego del pago de febrero el Tesoro ya no tendrá tenencias de DEG y habrá perdido unos 415 millones de dólares de reservas netas.

A priori este monto no luce abultado. El problema es que las reservas netas apenas oscilan los 3.000 millones de dólares y las netas líquidas ya están en terreno negativo. Las primeras estimaciones del impacto de la sequía arrojan que ya habría costado al menos unos 4.000 millones de dólares de exportaciones y la temporada alta de liquidación de divisas recién llegará en abril, de la mano de la cosecha gruesa. Antes, a finales de marzo, hay que pagarle al FMI otros US$ 2.800 millones y vence el período puente para acordar el pago de la deuda con el Club de París. No hay reservas para pagarle al Fondo en marzo. Y sin reservas, ni DEG, las alternativas para evitar un default se reducen a un préstamo de DEG de algún país “amigo” que permita estirar las negociaciones (China, México y Rusia sobrevolaron como posibilidades), o finalmente llegar a un acuerdo.

El camino hacia un acuerdo es sinuoso. El Ministerio de Economía debe avanzar primero con el delineamiento de un plan plurianual que recoja la mirada del staff del FMI, luego enviar el programa al Congreso para se apruebe o rechace y, de ser aprobado, recién ahí el gobierno estará en condiciones de elevar una carta de intención al board del Fondo para que apruebe el nuevo acuerdo. En resumidas cuentas, el Gobierno necesita de un triple consenso: con el FMI, con la oposición y dentro de la propia coalición gobernante.

En cuanto al entendimiento con el Fondo, en un encuentro con gobernadores a principios de enero el ministro de Economía planteó que “la diferencia con el Fondo es un programa de ajuste o uno que impulse el crecimiento”. Esta afirmación pone de manifiesto dos marcadas diferencias entre las partes. Una se vincula a las reformas estructurales, las cuales el FMI considera vitales y el gobierno innecesarias o contraproducentes. El segundo tiene que ver con cómo estabilizar la macroeconomía. El staff del Fondo cree necesario reducir la emisión monetaria -que genera presión sobre el dólar, caída de las reservas del BCRA e inflación- para lo cual es indispensable reducir el déficit fiscal. El Gobierno, en cambio, cree que la corrección del déficit debe hacerse con mayor crecimiento y recaudación y no con ajuste de gasto. Si bien tal vez existan consensos respecto a algunos números y metas para los próximos años, está claro que no hay consenso en cómo se van a alcanzar.

Una vez definidas las metas macroeconómicas para los próximos años y el camino para alcanzarlas, el programa tiene que pasar por el Congreso, y requiere por lo tanto la aprobación de la oposición. El consenso con el resto de la política no es un mero requerimiento legal, sino que es fundamental para garantizar que el acuerdo pueda sostenerse en el mediano plazo. Sin consenso político, cuesta pensar en un acuerdo que no termine fracasando. El interrogante en este punto es si existe algún tipo de diálogo con la oposición para acordar los puntos clave del programa de mediano plazo, o si la estrategia será enviar directamente el proyecto al Congreso con un tono menos conciliador. En cualquiera de los dos casos, es una discusión compleja que todavía no comenzó.  

El último consenso, y seguramente el más complicado, es el que deberá darse dentro de la propia coalición de gobierno. Mientras que el “albertismo” pareciera estar más dispuesto a acatar o amoldarse a los requerimientos del Fondo, el kirchnerismo más duro no quiere ceder en ninguna de sus batallas. O al menos, pretende quitarle al Fondo alguna de sus banderas: plazo o tasa. Será ciertamente un gran desafío encontrar un equilibrio entre los dos bloques. Y, por lo tanto, no está descontado que todo el oficialismo apoye públicamente y apruebe el acuerdo.

Cualquiera sea el resultado de las negociaciones con el Fondo, hay que recordar que un acuerdo es condición necesaria pero no suficiente para reducir la incertidumbre, recomponer la confianza, volver a los mercados internacionales y distender la restricción externa. Para reordenar la economía, sean o no un requerimiento del FMI, el Gobierno tendrá que hacer múltiples ajustes (en el plano fiscal, monetario, cambiario, tarifario) que afectarán la demanda en el corto plazo y mantendrán una inflación no menor al 50% anual.  

Economista Jefe de Equilibra

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