Agrotóxicos: sin las comunidades no hay mediación posible

En abril de 2024, desde el CELS, junto a organizaciones de Brasil, Paraguay, Bolivia y Alemania, presentamos una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra la empresa Bayer AG. La responsabilizamos por los graves impactos en el ambiente y los derechos humanos que genera la agricultura industrial en Sudamérica.

Casi un año y medio después, con dilaciones injustificables, el Punto Nacional de Contacto en Alemania (PNC) -mecanismo de reclamo ante el incumplimiento de las directrices de la OCDE por parte de las empresas- llamó a una mediación entre la sociedad civil y la empresa. Pero consideró que debía dejarse fuera de ese diálogo los cuatro casos concretos incluidos en la queja.

Las distintas organizaciones consideramos que no vale la pena discutir las políticas de responsabilidad empresarial de Bayer en términos abstractos sin tener en cuenta lo más relevante: el impacto concreto sobre la vida de las comunidades afectadas. Por este motivo decidimos rechazar la mediación propuesta.  

La queja ante la OCDE documenta cuatro casos que muestran los impactos negativos de este modelo agrícola en áreas donde la empresa comercializa sus productos. Como parte de la denuncia, el CELS (Argentina), Terra de Direitos (Brasil), BASE-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), Misereor y ECCHR (Alemania) demandamos a Bayer AG que realice cambios en sus prácticas con el fin de respetar los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente.

Si bien el PNC reconoció que Bayer está vinculada -a través de sus socios comerciales en los cuatro países- a los impactos negativos sobre los derechos a la salud, la alimentación, la tierra, el agua y un medio ambiente saludable, decidió no aceptar el reclamo sobre los casos concretos a pesar de las pruebas contundentes aportadas, bajo el pretexto de que implicaba discusiones científicas que el PNC no estaba en condiciones de abordar. 

El caso de Argentina es uno de los que más pruebas concretas presenta: Sabrina Ortiz y su familia vivían en el barrio Villa Alicia, Pergamino, lindante con campos de soja. En 2011, empezaron a tener problemas de salud graves como alergias y afecciones respiratorias, como consecuencias de las fumigaciones. De los resultados de los análisis surgió que tanto ella como sus hijos tienen altos porcentajes de glifosato y ampa (que es el metabolito del glifosato) en orina.

Este 24 de junio se conocerá la sentencia en el juicio penal que Sabrina inició contra los responsables de aplicar estos productos en Pergamino. Llama la atención que la prueba que sirvió para alcanzar este juicio, no sea tenida en cuenta a la hora de analizar la conducta de una empresa. 

También es llamativo cómo se comportó el PNC durante el proceso de análisis de la queja. No sólo por el tiempo transcurrido (17 meses). Las organizaciones fuimos contactadas por lobistas de la empresa con el apoyo del propio PNC. Bayer quería eludir y socavar el procedimiento establecido por la OCDE para entablar un proceso sin garantías para los afectados, evitando también dejar documentada una decisión formal que acreditara su responsabilidad. El PNC no vio ningún problema en esta oferta y, en lugar de hacer valer su propio mecanismo, nos invitó a participar en esta conversación informal. 

No podemos dejar de remarcar nuestra desilusión ante el modo en que el PNC alemán procesó nuestra demanda. No sólo no proporcionó una instancia para promover la rendición de cuentas por parte de las empresas, sino que bloqueó un análisis real de las pruebas y así excluyó del mecanismo a quienes padecen día a día los efectos de los agroquímicos en su salud y en sus lugares de vida.