¿Dolarización o competencia de monedas? Las claves y posibilidades del plan de Milei

En mayo del año pasado sostuve que la dolarización de la economía nacional es imposible a corto plazo, económica y políticamente, y que a largo plazo no es conveniente para la estabilidad del país y su crecimiento económico. 

Milei sigue manteniendo la bandera de la dolarización, aunque a veces habla de “competencia de monedas”. Son dos cosas distintas: la dolarización implicaría que la moneda en la que se realice la generalidad de las transacciones, en lugar del peso, pase a ser el dólar. En la competencia de monedas no habría una moneda de curso legal, el sector privado podría emitir monedas y todas podrían circular. 

¿Cuál podría ser el punto de encuentro entre ambos esquemas? En el uso del dinero claramente hay economías de escala: cuanto más grande la cantidad de gente que usa una moneda, más posibilidades tiene esa moneda de imponerse. Por eso, en la “competencia de monedas” no habría, en la práctica, muchos competidores relevantes; las monedas privadas no se podrían imponer más que en círculos reducidos, y entonces terminarían compitiendo el peso argentino y el dólar de Estados Unidos de América. Si el dólar se impusiera en forma clara, podríamos llegar a algo parecido a la dolarización. 

La factibilidad de la dolarización

Milei dijo “Cada vez estamos más cerca de poder dolarizar. Tenemos acumulados cerca de 7.000 millones de dólares de reservas y la base monetaria son 7.000, 8.000 millones de dólares”. Ni es esa la cantidad de pesos que se deberían rescatar para dolarizar, ni es esa la cantidad de reservas netas que tenemos, ni es que el gobierno pueda quedarse sin reservas, dado que tiene obligaciones a pagar a corto y mediano plazo.

Para reemplazar el peso por el dólar, el Gobierno tendría que rescatar todos los pesos que tienen los particulares y dar dólares a cambio. Los billetes puestos en circulación por el Banco Central suman casi $8 billones; pero, además, existen depósitos en el sistema bancario por $50 billones. Se podría pensar: “el gobierno –a través del Banco Central– es responsable solamente por $31 billones, el monto de sus obligaciones con los bancos; para el resto, que los bancos se arreglen”. Pero si el gobierno establece que, a partir de determinado momento, los pesos depositados en los bancos pasan a ser dólares, tendría que poder cambiar esos pesos por dólares; los bancos no pueden ser los responsables de conseguir los dólares. 

¿A qué tipo de cambio se dolarizaría?

No parece probable, en este momento, que el Gobierno quiera dolarizar a un valor exageradamente alto (por ejemplo, $3.000 por dólar). Ya no funcionaría el truco de echarle la culpa de la inflación sobreviniente al gobierno anterior. Fue inteligente lo de aumentar el dólar un 120% apenas producido el cambio de gobierno, y decir que la inflación impulsada por eso fue causada por las acciones de la gestión anterior. Pero, si se implementa una nueva mega devaluación luego de varios meses de gobierno, el argumento ya no serviría; quedaría claro que el golpe de inflación, y el deterioro de las condiciones de vida subsecuentes, serían enteramente responsabilidad del Gobierno a cargo. Entonces, sería de esperar que se use un tipo de cambio relativamente similar al del mercado; actualmente, $1.000/1.200 por dólar. Así, para dolarizar, el Gobierno tendría que disponer de no menos de 40 mil millones de dólares. ¿Los tiene? 

Decididamente no. Según datos oficiales incluidos en el Informe del FMI de enero, a fines del año pasado las reservas internacionales brutas eran equivalentes a 23.000 millones de dólares, pero las reservas netas (que excluyen los depósitos en dólares de bancos en el Banco Central, el swap con el Banco de China, otros financiamientos de corto plazo y el seguro de depósitos), eran negativas en 9.000 millones de dólares. En las primeras semanas de este año se han recuperado un poco, pero siguen siendo claramente negativas. El concepto de reservas netas es lo que hay que considerar, ya que no se debería dolarizar con dinero ajeno, exigible en el corto plazo.  

Es de esperar que se consiga superávit comercial externo en los próximos meses, que significaría entrada de divisas. Pero esas divisas son privadas; para hacerse de ellas, el Gobierno Nacional deberá comprarlas, entregando pesos a cambio (que luego deberían rescatarse para poder dolarizar). Y el Gobierno Nacional necesitará las divisas para otros fines: entre marzo de 2024 y julio de 2025 tiene vencimientos de deuda en moneda extranjera con organismos multilaterales y oficiales por alrededor de 14 mil millones de dólares, y de títulos públicos por 12 mil millones. Una parte puede financiarse con nuevos préstamos de multilaterales; pero, para el resto, los mercados internacionales de deuda no parecen ser una opción, al menos en este momento (la Carta de Intención, incluida en el Informe del FMI, estima que se podrá acceder a estos mercados para fines de 2025). En un país con escaso crédito internacional, el Banco Central debería mantener un stock significativo de reservas internacionales propias. 

¿La dolarización bajaría el “riesgo país” haciendo más fácil el acceso a los mercados de deuda? 

Es más lógico pensar que lo aumentaría. El “riesgo país” (diferencia entre el rendimiento de los títulos públicos argentinos y el de los bonos del Tesoro Americano) está muy alto (alrededor de 20% anual) porque se descree de la capacidad y/o voluntad del país de pagar sus deudas. Para evaluar la capacidad, se tienen en cuenta los vencimientos de deudas en moneda extranjera; ya que los acreedores de deuda en moneda nacional tienen la seguridad de que, si el gobierno tiene la voluntad de pagar, lo va a hacer (en última instancia, emitiendo moneda). Si con la dolarización la deuda en pesos del gobierno nacional con acreedores privados –del orden de $30 billones a fines de 2023, en su mayoría a corto o mediano plazo– se sumara a las obligaciones en dólares, la deuda en moneda extranjera se incrementaría significativamente, por lo que se haría más difícil cumplir con ella. 

Competencia de monedas

Institucionalmente este esquema sólo requiere que el peso deje de ser la única moneda de curso legal; los agentes económicos podrían hacer pagos vinculantes con pesos, dólares, reales, bitcoins, lo que sea que ambas partes (pagador y receptor) acuerden. Esto ya está incluido en el Artículo 250 del DNU 70/23. Y dicho DNU, en su mayor parte, está vigente, dado que los tribunales no se deciden a declararlo inconstitucional, a pesar de lo que dice el Artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional: que el Poder Ejecutivo sólo puede dictar Decretos de Necesidad y Urgencia “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”. Pero, aun cuando se derogue o declare inconstitucional el DNU, ese artículo podría ser sancionado, como corresponde, por una ley. 

La cuestión de fondo es que, aun siendo legal pagar con otra cosa, los argentinos seguimos pagando con pesos. En efectivo o depósitos a la vista, los argentinos tenemos más medios de pago en dólares que en pesos, pero el peso sigue siendo el medio general de cambio. El gobierno podría aceptar para el cobro de impuestos otras especies, como el dólar, lo que facilitaría su circulación; pero difícilmente su reemplazo (a menos que el Gobierno rescate los pesos, sacándolos de circulación). 

El dólar se usa como reserva de valor; pero la función principal del dinero es ser medio general de cambio, y lo más probable es que el peso lo siga siendo, lo que sería congruente con la “ley” de Gresham. Esta ley dice que si circulan dos monedas la gente pagará con la “mala” (para sacársela de encima) y se guardará la “buena”. Así, circularía efectivamente la “mala” moneda (que sería el peso). Desde ya, si el peso deja de ser de curso legal, quienes deban recibir pagos podrían no aceptar pesos, lo que haría que circule más el dólar. Pero, en la medida en que haya quienes acepten pesos, los que no lo hagan se encontrarían en una desventaja competitiva importante; por lo que, para vender, muchos terminarían aceptando el dinero que tengan sus clientes. Llegar a una situación en la que el dólar circule a la par del peso, haciéndole realmente competencia, podría llevar unos cuantos años. 

Tengo la sensación de que la política de este Gobierno se expresa, al menos, en dos formas diferentes: lo declarado en el reciente Informe del FMI y lo que dice Milei. Lo primero, nos guste o no, tiene racionalidad: plantea, entre otras cosas, fortalecer las reservas internacionales, suprimir el “exceso” de pesos, eliminar controles cambiarios, desregular la economía e ir hacia el equilibrio fiscal a través de mayores impuestos al comercio exterior y a las Ganancias y disminuyendo el gasto público, pero reforzando el gasto social a través de acciones bien focalizadas. El conjunto apunta, fundamentalmente, a fortalecer la moneda nacional para estabilizar la economía. 

Por otro lado, los mensajes del Presidente siguen planteando la dolarización (ausente por completo del Programa acordado con el FMI), además de agredir verbalmente a los legisladores y gobernadores que necesita para implementar una parte del programa mencionado.  

El programa del FMI tiene desembolsos pautados hasta fines de 2024. Luego, el Gobierno podría tener más libertad para decidir el rumbo. El tiempo dirá cuál rumbo preferirá. 

FE/DTC