Por qué las elecciones de Honduras son la clave del futuro de las relaciones de EEUU con América Latina

En elecciones primarias de formato y propósito no desemejantes a las PASO argentinas, los hondureños eligieron el domingo quiénes entre los precandidatos de los distintos partidos rivalizarán en las presidenciales de noviembre. La gran batalla final será entre la esposa de Manuel Zelaya, el presidente derribado por lawfare en 2009, y los lugartenientes oficialistas del actual presidente Juan Orlando Hernández, acusado por EEUU de vínculos con el narcotráfico. Enfrentada con la mayor crisis migratoria de dos décadas, y buscando una solución diplomática acerca de cómo proceder con un jefe de gobierno y de Estado que si estuviera en suelo norteamericano debería vérselas con la Justicia federal, la administración de Joe Biden ve supeditada su relación con América Latina a las decisiones que debe tomar sobre qué y cómo hacer con Centroamérica en general y con Honduras muy en especial.

La Casa Blanca siguió con atención unas elecciones sin gran participación ni sorpresas. Honduras decidió qué figuras estarán al frente de los partidos, y esa decisión ya prenuncia las necesarias alianzas de los campos de fuerza que habrán de enfrentarse a la hora de la decisión presidencial final. Esto importa no sólo en el interior de la República centroamericana de 9,5 millones de habitantes y 112 mil kilómetros cuadrados extendidos entre Guatemala y Nicaragua y entre los océanos Atlántico y Pacífico. Porque, a dos meses desde su llegada al poder, en EEUU la mayor crisis y el principal desafío opositor para la administración del presidente Joe Biden proviene de los reclamos republicanos ante la gestión de la crisis migratoria y el alud de menores no acompañados que llegan desde América Central, el más grande en números de las últimas dos décadas según informa la radio pública norteamericana (npr). Centroamérica es así la prioridad urgente y absoluta de la política de EEUU en Latinoamérica, y Honduras una doble prioridad. Los republicanos responsabilizan por la crisis “inmanejable” a las que consideran nuevas políticas permisivas de la Casa Blanca, pero también lo ha admitido Roberta Jacobson, coordinadora de la Frontera Sur. Por todo ello, el acuerdo judicial y estratégico de Washington con Tegucigalpa es el paso previo del que dependerán los siguientes en la relación regional. 

Los precandidatos presidenciales Xiomara Castro -del Partido Libertad y Refundación (Libre, fundado y dirigido por su esposo Manuel Zelaya)-, Yani Rosenthal -del Partido Liberal (PL)- y Nasry Asfura -llamado ‘Papi a la orden’, del gobernante Partido Nacional de Honduras (PNH, en el poder)- serían los virtuales ganadores de las elecciones primarias celebradas este domingo en Honduras. De acuerdo con sondeos a boca de urna -realizados por diversos medios de comunicación, entre ellos Emisoras Unidas y Televicentro-, Castro, esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya, tendría el 78,8% de los votos de sus simpatizantes. Rosenthal, por su parte, habría conseguido el 47,4% de los sufragios de los militantes del Partido Liberal, mientras que Asfura obtendría el 68% de los votos de los nacionalistas. Dentro del oficialismo, el triunfo de Asfura, hombre de negocios de familia de origen árabe palestina -como Nayib Bukele, el actual presidente del vecino El Salvador-, dos veces alcalde de la capital, activo en la ejecución de obras públicas -él mismo es empresario de la construcción-, significó la derrota del precandidato favorito por el gobierno, el cirujano Mauricio Oliva, dos veces presidente del Congreso, y quien podría protegerlo mejor de las acusaciones de narcotráfico, de las que él, como el propio presidente, señala que son denuncias de boca de criminales.

Es muy pronto para saber quién vencerá en las presidenciales del 28 de noviembre, y mucho más pronto para descartar una victoria del oficialismo. Las sospechas de nexos del presidente Hernández con las cadenas de exportación de cocaína a EEUU son antiguas. Hay que decir que, en un comienzo, parecieron integrarse, aunque con más credibilidad que muchas otras, en esa nebulosa todavía no disipada por completo desde que en 1971 el presidente republicano Richard Nixon acuñó la frase War on Drugs para su campaña militar global, que hace que todo estado hispanoamericano sea, bajo esa mirada, un ‘narcoestado’ hasta que no se demuestre lo contrario. Es cierto también que la denuncia de sospechas prejuiciosas fue usada como defensa por Hernández. En declaraciones a la cadena de medios oficial alemana Deutsche Welle (dw), el presidente hondureño declaró en 2015: “¡Nadie creía que en Honduras iba a ser exitosa la lucha contra las drogas y nosotros lo hemos logrado! Hemos iniciado una lucha contra la corrupción y los carteles de droga.”

De la verdad de aquellas declaraciones de Hernández se duda ahora más que entonces y más que nunca. Antes faltaban cargos personales en su contra y declaraciones testimoniales que lo involucraran con su nombre.  El lunes, en un proceso en los Tribunales Federales de Manhattan, Nueva York, un antiguo líder del cártel de Los Cachiros declaró que el presidente Hernández redireccionaba hasta EEUU los cargamentos de cocaína que llegaban desde Colombia a los aeropuertos de la capital hondureña Tegucigalpa y de San Pedro Sula, capital industrial del país, y su ciudad más rica. “Se burlaba de la DEA”, le habría dicho a Leonel Rivera el acusado en el proceso, Geovanny Fuentes Ramírez, un hondureño acusado de narcotraficante que fundaba la viabilidad de su comercio, según afirma, en un acuerdo de impunidad con el gobierno asegurado por el fluido pago de sobornos, y el trato con el presidente Hernández habría sido personal, y aun habría acaso registros del encuentro. 

El miércoles, el título más repetido y el tema más recurrido en Fox News era “Biden niega todo vínculo entre sus políticas y el nuevo alud migratorio” centroamericano en la frontera. Aun cuando la misma cadena admitiera e informara que la conexión causal no había sido descartada, sino admitida, por funcionarios de la nueva administración demócrata. Lo que nadie niega, ni en Honduras ni en EEUU, son los vínculos entre la criminalidad, la violencia, el narcotráfico, y los flujos del empuje de la migración hacia el norte. “Alguien se fue / y dejó todos los cuadernos / abiertos / servidos el café / y los frijoles / en la mesa, / caliente / la cama sin hacer, / el perro / esperando su comida...”, son versos de un poema canónico, “Ausencia”, de una poeta hondureña canónica, María Eugenia Ramos.

Esta urgencia fue atendida por el anterior presidente demócrata, Barack Obama, cuando Biden era su vice, con la iniciativa Alianza para la Prosperidad, que había logrado una ayuda de 750 millones de dólares votada por el Congreso de EEUU para los países del Triángulo Norte (además de Honduras, Guatemala y El Salvador). El destino de los fondos era un fortalecimiento conjunto de las economías legales, la lucha contra la violencia pandillera, la transparencia institucional, el combate y control de la corrupción, y una autonomía judicial que hiciera que los gobiernos tuvieran que dar cuenta de sus actos ante la Justicia y enfrentaran tribunales independientes, nacionales o regionales. Si estas políticas podían ser recibidas tibiamente aun por la oposición en Honduras, porque -según escribe a elDiarioAR Leticia Rolando, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), analista del discurso especializada en el nexo medios/política en América-, “Zelaya fue allí la primera víctima de un golpe por lawfare, a cargo de la Corte Suprema”, su eventual fortuna dependía de una continuidad a la que puso fin de inmediato Donald Trump al asumir. El presidente republicano prefirió fortificar la frontera, endurecer las normas para pedir asilo, haciendo que quienes lo solicitaban debieran esperar fuera de EEUU el desenlace de procesos que desarrollaban fronteras adentro. Por poco que hubieran contribuido los millones antes destinados a luchar contra la corrupción, el aislacionismo de Trump sí contribuyó a que actuara con menos impedimentos.

El dilema de la administración Biden parece característico de su gobierno, ya en su inicio. Incluso, porque advierte que está atravesado por anhelos encontrados, si no irreconciliables. Desea, y necesita, la estabilidad en Honduras, que permitiría una colaboración in situ más efectiva ante la crisis humanitaria en la frontera, que según el semanario británico The Economist ya se está convirtiendo en una crisis política. No deja de esperar la renovación democrática de Honduras, aunque que no es seguro que, de realizarse, si en noviembre ganara la presidencia el partido del derrocado Zelaya, esta asegurará los mejores términos, para su conveniencia, en esa colaboración. Ni mucho menos la alineación de Tegucigalpa con Washington; más todavía, en términos políticos podría temer un enfriamiento o aislamiento, al menos en las formas.

Para la oposición republicana, Honduras es una oportunidad adentro de una oportunidad. Es el anticipo completo, concentrado, parte por parte, de todo lo que vendrá de la izquierda sin capacidad de gestión: despilfarro de los recursos del Estado, pobre manejo de las relaciones exteriores, leniencia con las drogas, inseguridad, peligro en las fronteras del Estado, censura de la libertad de expresión. Los demócratas en el Congreso reaccionaron. El senador por Oregon Jeff Merkley, cuyo perfil de Twitter define como “papá, runner, enemigo n°1 de los filibusteros (es decir, de los senadores republicanos que reclaman el derecho de opinar durante tiempo indefinido sobre nueva legislación –para que esta no avance-)”, propuso tratar a Honduras según un patrón conocido de castigos y sanciones, y aislar al presidente Hernández. Pero también presentó, con varios colegas, un proyecto de ley. La “Ley sobre los Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras 2021” propone un plan de lucha contra impunidad, la criminalidad y la corrupción. No se sabe cuánto falta para que se pruebe la eficacia de la propuesta, sí que falta realmente mucho para que esa prueba llegue. El proyecto de ley, más allá del garantizado voto del Senado, tendrá que pasar por la Cámara de Representantes para ser sancionado, la ley deberá ser promulgada y reglamentada. Entre tanto, el número de migrantes crece en la frontera sur y el proceso penal federal que involucra a Hernández avanza en Nueva York.