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OPINION

Una estrategia para defender a un territorio fracturado que tiembla sin parar

Añelo, desde el barrio La Meseta, en la capital de Vaca Muerta

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Vaca Muerta cumple una década y el balance arroja un saldo negativo desde la perspectiva social, ambiental e, incluso, económica. Mientras subsidios millonarios fomentan y sostienen la explotación de yacimientos no convencionales a través de la técnica de fracturación hidráulica -más conocida como fracking-, las reiteradas promesas de progreso y divisas siguen sin concretarse. En su lugar, los derechos constitucionales a la vivienda digna y al ambiente sano y sustentable de los vecinos y vecinas de ciudades de Neuquén como Sauzal o Rincón de los Sauces se han visto vulnerados por el fracking en pozos de gas no convencional. 

Luego del pacto YPF-Chevron -el 16 de julio del 2013- que daba inicio a la explotación no convencional de petróleo en la formación geológica Vaca Muerta, la actividad sísmica en la región se disparó. En esa zona, hasta ese momento, los sismos no existían. La técnica de fracking utilizada consiste en realizar perforaciones verticales y horizontales y fracturar las rocas con inyecciones de una mezcla de agua, arena y productos químicos, liberando así los hidrocarburos no convencionales que se encuentran en las profundidades. 

El Observatorio de Sismicidad Inducida monitorea la información oficial sobre sismos poniendo de relieve la relación directamente proporcional que existe entre la intensidad y frecuencia del fracking y los terremotos que se registran en la zona generando daños ambientales, materiales, morales y psicológicos en sus habitantes. 

A esta altura, resulta crucial frenar la fracturación hidráulica hasta tanto se estudien seriamente los impactos acumulativos de la actividad extractiva en los diferentes yacimientos no convencionales. Esto abarca la sismicidad inducida y otros impactos de magnitud como la contaminación de aguas y acuíferos. Lejos de ser una sugerencia, es obligatorio analizar estos impactos para dar cumplimiento con el Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional vinculante, que Argentina ratificó en 2021. 

Contamos con dos herramientas innovadoras y efectivas para hacerlo. Por un lado, la Evaluación Ambiental Estratégica permite analizar mucho más que los defectos y vicios de estudios de impacto ambiental concentrados en determinados yacimientos no convencionales. En rigor, este instrumento brinda la posibilidad de detener la mirada en programas, planes y políticas públicas a largo plazo que dialoguen con objetivos estratégicos como la reducción de gases de efecto invernadero, la conservación de la biodiversidad, el cumplimiento de los compromisos climáticos y la diversificación de la matriz energética, entre otros.

Por otra parte, la Evaluación Ambiental Regional facilita la evaluación de los impactos en un área mayor a la de cualquier estudio de impacto ambiental para determinado territorio. No olvidemos que la formación geológica Vaca Muerta abarca las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro. En este sentido, la Evaluación Ambiental Regional es una herramienta relevante para medir los impactos ambientales interjurisdiccionales.

La década fracturada ha generado graves lesiones en los territorios que siguen sin sanar. Debemos, antes que nada, exigir estudios ambientales sobre sismicidad inducida, semáforos sísmicos, Evaluación Ambiental Estratégica y Regional. Pero también necesitamos una sensibilidad diferente de parte de los políticos y de las empresas a fin de que pongan en pausa el fracking, contemplen el daño generado y procedan a remediarlo. 

Los vecinos y vecinas de Sauzal Bonito siguen esperando la construcción de las 50 viviendas antisísmicas prometidas por el gobernador Omar Gutiérrez, el 26 de mayo de 2022. Promesas fracturadas que grafican las grietas que los separan de la dirigencia que debería representarlos y proteger sus derechos pero que, en su lugar, decide privilegiar los intereses de las empresas petroleras que explotan yacimientos no convencionales en la cuenca neuquina.

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