La impunidad de destruir bosques debe terminar

La dirigencia política no termina de asumir que estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Ya es hora de terminar con la impunidad: se deben prohibir y penalizar tanto desmontes como incendios forestales.

Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Nos brindan bienes y servicios indispensables: alimentos, maderas y medicinas. Son territorio y sustento de indígenas y campesinos. Y cumplen un rol clave en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos.

La deforestación provoca cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, maderas y medicinas, y desaparición de especies. Es un ecocidio que debe terminar urgentemente.

Entre 1998 y 2022 la pérdida de bosques nativos en Argentina fue de 7 millones de hectáreas, una superficie similar a la de la provincia de Formosa.

Aproximadamente el 80% de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, sobre todo en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica, territorio de varios pueblos originarios y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3.400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios.

La región presenta gran diversidad de ambientes: llanuras, sierras, ríos, sabanas secas e inundables, esteros, bañados, salitrales, arbustales, palmares; y una gran extensión y diversidad de bosques, algunos de ellos muy densos, conocidos como “impenetrables”, en los cuales no hay agua superficial. Las especies que viven y crecen en los bosques chaqueños toleran temperaturas que se elevan hasta cerca de los 50ºC en verano.

 Se estima que en la región chaqueña existen unas 25 especies de mamíferos amenazadas, como el yaguareté, el tatú carreta, el tapir, el oso hormiguero, el aguará guazú, el ciervo de los pantanos, el lobito de río y el chancho quimilero; como consecuencia de la constante destrucción y fragmentación de su hábitat y la caza indiscriminada.

 Muchas de las familias indígenas y campesinas del Gran Chaco no han obtenido la titularización de las tierras en las que habitan. En las últimas tres décadas, con el avance del agronegocio, aumentaron los conflictos con los empresarios que compran esas fincas. Son cada vez más frecuentes los desalojos y el asesinato de campesinos e indígenas por parte de la policía o de guardias armadas contratadas por los empresarios.

Las principales causas de la pérdida de bosques son los desmontes para ganadería intensiva y soja (que mayormente se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales. 

La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas. Si bien desde el año 2014 se evidencia una disminución de la deforestación (comparado a antes de la implementación de la normativa), aún la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido. Por otra parte, en los últimos tres años aumentaron significativamente los incendios forestales, siendo la sequía un factor determinante.

La comparación de imágenes satelitales revela que durante el año pasado la deforestación en Santiago del Estero fue de 38.492 hectáreas, en Chaco 36.159 hectáreas, en Formosa 22.664 hectáreas y en Salta 15.230 hectáreas; totalizando 112.545 hectáreas en el norte del país.

Resulta grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron donde no está permitido. Y más grave aún fue la ilegalidad de todo lo deforestado en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde fines de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. En ese sentido es muy preocupante el aumento de la deforestación respecto del año 2021 en dicha provincia.

Por su parte, los reportes elaborados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego estiman que la superficie afectada durante 2022 por incendios forestales y rurales fue de cerca de 95.000 hectáreas en Salta y de 25.000 hectáreas en Jujuy, incluyendo 5.000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua.

En cuanto a las causas, el organismo estima que “el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, siendo dentro de estos los principales escenarios fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, la preparación de áreas de pastoreo con fuego. Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación”.

La sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas sugiere que la pérdida de bosques nativos durante 2022 en el norte del país podría superar las 200.000 hectáreas, una superficie similar a la de 10 veces la ciudad de Buenos Aires.

Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios.

Si destruir bosques es un crimen, penalizar su destrucción resulta necesario.