Tras ocho años de acuerdo de Argentina con el FMI, no se logró estabilizar la economía

Comenzaron las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y durante estos días tendrá lugar una nueva revisión del acuerdo vigente entre Argentina y el organismo, firmado en abril de 2025 bajo el esquema de Servicio Ampliado del Fondo.

La revisión del acuerdo se produce, además, en un marco de tensiones sociales: la desocupación aumentó 1,1% tras la recesión de 2024, la informalidad alcanzó el 43% del empleo y los salarios reales continúan estancados, según datos del INDEC en base al informe del cuarto trimestre del 2025.

Tras ocho años de programas con el FMI (2018–2026), el país no ha logrado estabilizar su economía ni recuperar el acceso a los mercados de capitales. Sin embargo, el acuerdo de 2025, firmado sin los controles y debates previstos por ley, consolida a Argentina como principal deudor del organismo, concentrando más de un tercio de sus créditos vigentes y evidenciando el fracaso de los programas previos (Stand By 2018 y Facilidades Extendidas 2022).

Las políticas aplicadas bajo el acuerdo debilitan la capacidad estatal y profundizan la desigualdad, mientras que los sectores extractivos avanzan sin mayores encadenamientos productivos ni control ambiental consolidando un patrón de crecimiento dependiente de sectores extractivos -energía, minería y agroindustria- con bajo impacto en el empleo y altos costos sociales y ambientales. Al mismo tiempo, se observa un debilitamiento institucional que compromete la efectividad de cualquier política pública.

El presupuesto ambiental cayó cerca de 80% en términos reales desde el 2023 y representa apenas el 0,033% del presupuesto nacional, debilitando la capacidad del Estado para prevenir incendios, proteger los bosques o responder a emergencias climáticas. En paralelo, se impulsan reformas, como la modificación de la Ley de Glaciares, y proyectos bajo el RIGI, vinculados a hidrocarburos y minería, que ponen en riesgo reservas estratégicas de agua y ecosistemas frágiles. Esta combinación de expansión extractiva y retracción estatal profundiza la vulnerabilidad ante la crisis climática y aleja cualquier posibilidad de una transición energética justa.

Pero las tensiones del programa no son solo económicas, sociales o ambientales: también son jurídicas y las reglas internas del FMI. Advertimos que el acuerdo de 2025 fue aprobado por decreto, sin aval del Congreso en incumplimiento de la Ley 27.61. Además, el acuerdo presenta serias dificultades para cumplir con tres de las cuatro condiciones necesarias para acceder a la política de acceso excepcional del propio organismo La deuda no es sostenible, no hay acceso a los mercados y las debilidades institucionales son evidentes. La limitada acumulación de reservas, los elevados vencimientos de deuda y la persistente dependencia de financiamiento excepcional refuerzan este diagnóstico.

El resultado es un programa que busca estabilizar sin transformar: ajusta el gasto social, debilita la capacidad estatal y profundiza la dependencia de sectores que agravan la crisis ambiental. Lejos de corregir desequilibrios estructurales, el esquema parece consolidarlos.

En este contexto, la discusión que se abre en Washington excede el cumplimiento de metas fiscales o la acumulación de reservas. Lo que está en juego es el rumbo del modelo de desarrollo: uno que combina estabilización precaria, dependencia extractiva y retrocesos en materia ambiental y social. Sin una revisión profunda, el riesgo no es solo que el programa no funcione, sino que profundice en las mismas vulnerabilidades que dice querer resolver.

A ocho años de programas con el FMI, Argentina no ha sorteado las restricciones estructurales que originaron la crisis de endeudamiento, sino que ha profundizado desequilibrios económicos, sociales y ambientales que comprometen su sostenibilidad. La combinación de austeridad fiscal, dependencia de sectores extractivos y debilitamiento institucional no ha estabilizado la economía ni mejorado las condiciones de vida, al tiempo que erosiona capacidades estatales y aumenta riesgos para el sistema democrático.