Opinión

Reforma del estatuto docente en la Ciudad de Buenos Aires: un nuevo ataque a la educación

Un docente en una clase de terciario en la Ciudad de Buenos Aires

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El jueves 12 de mayo de 2022, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma del Estatuto Docente. En una jornada donde la policía de la ciudad reprimió duramente manifestaciones en contra, quienes protagonizaron la protesta fueron principalmente estudiantes, docentes y autoridades de los Institutos Terciarios de Formación Docente que el gobierno se propone cerrar, reemplazándolos por una universidad ya en funcionamiento. El gobierno de la ciudad y su ministra, Soledad Acuña, llevan adelante desde hace al menos cuatro años una campaña para cambiar la oferta educativa y atacar los dudosos privilegios de los docentes, con salarios que han seguido cayendo y precariedad laboral a pesar de concursos abiertos. 

La reforma del Estatuto se inscribe en una campaña pobre en ideas y que repite lugares comunes del mantra neoliberal: atacar los derechos adquiridos por los trabajadores (por eso la necesidad de reformar el Estatuto), no titularizar cargos docentes, imponer de manera inconsulta cambios en el currículum que incluyen reemplazar cursos en humanidades por pasantías como ya ocurrió con la Nueva Escuela Secundaria (NES). En lugar de que un alumno lea y discuta un poema o reflexione sobre lo que escribió Platón en el aula, que vaya a hacer fotocopias gratis en una empresa o tome un curso de robótica, de obsolescencia programada, así se prepara para el mundo real. Si hubiera leído Platón habría aprendido a distinguir lo real de las sombras proyectadas en la pared de la caverna. 

Como otros políticos que intervienen en el campo educativo la ministra, con una formación corta y alejada del mundo pedagógico (es licenciada en Ciencia Política por la UBA y Magister en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés), avanza con una agenda resistida por los docentes y alejada del diálogo. Los cambios impuestos al Estatuto Docente van en esa misma línea: restar importancia a la antigüedad (algo que ya venía ocurriendo en los magros recibos de sueldo docentes), impulsar un marco más “abierto” y “competitivo” para la carrera docente, donde capacitación y formación tengan mayor importancia. En abstracto, todos estos fines resultan loables. El problema son los medios empleados para llevarlos a cabo (una ley que fue aprobada solo por 7 votos en la legislatura, con el apoyo del Pro, radicales y socialistas) y el modo violento, inconsulto y autoritario de un gobierno que en principio se rige por valores liberales. 

Vale recordar que la Ciudad de Buenos Aires bajo la administración Rodríguez Larreta viene reduciendo la inversión en educación año tras año y hoy asigna solo el 18 % de su presupuesto al gasto educativo. La provincia de Catamarca asigna el 33 % (Krüger et al 2022). Reemplazar Institutos Terciarios de modo inconsulto por una universidad creada entre gallos y medianoche no augura nada bueno. 

Intervenir en el campo educativo desde la gestión política es delicado y requiere un conocimiento que los gobernantes no suelen tener. Aunque resulte difícil, siempre es mejor privilegiar el diálogo y la consulta a imponer criterios por la fuerza, como ocurre hoy en la ciudad. Si bien el discurso oficial habla de “jerarquizar la profesión docente”, todo indica lo contrario: cargos concursados sin titularizar durante décadas, institutos que comienzan a quedar sin los profesores titulares necesarios para ocupar los cargos de conducción debido a la desidia administrativa. Es algo que no empezó ayer, sino que se remonta a varias décadas y a gobiernos de distinto signo político, cuando los terciarios, que dependían del Ministerio de Educación de la Nación, fueron transferidos a las jurisdicciones provinciales y a la ciudad, que ya no los quiere: los percibe solo como gasto, aunque los salarios y condiciones de sus docentes sean lamentables. 

Hay un elemento más en este problema que resulta necesario resaltar. La participación de las universidades en un proceso de reconversión que es, digámoslo llanamente, un ajuste para intentar echar a miles de docentes. Con el proceso de desguace del Estado iniciado durante el gobierno de Menem, la entonces ministra Susana Decibe vació en 1997 al Ministerio de Educación de sus funciones: se transfirieron primero escuelas primarias y de educación inicial a gobiernos provinciales o al de la ciudad, luego las escuelas medias y finalmente los terciarios. 

El Ministerio de Educación quedó como un agente con pocas atribuciones directas sobre el universo escolar. Los gobiernos sucesivos no alteraron esa política. Los ministerios provinciales o municipales, adquirieron protagonismo, pero en la ciudad nunca lo ejercieron. Los terciarios fueron dejados a su merced, sin interés ni voluntad de hacer nada por parte de la autoridad política, y a veces es mejor que así sea. Con la llegada de Acuña la ofensiva sobre la educación terciaria cobró nuevo impulso, amparada en la idea en principio inobjetable de crear una universidad y jerarquizar la profesión docente. Nada de eso está ocurriendo. 

La Secretaría de Políticas Universitarias, de donde proviene el licenciado Jaime Perczyk, actual Ministro de Educación de la Nación, es una de las pocas áreas del Ministerio desguazado por Decibe todavía con una función relevante. Pero solo un poco, ya que las universidades son, en teoría, autónomas. La autonomía, un valor conquistado por la reforma universitaria de 1918 hace más de cien años, es relativa: las universidades dependen de un presupuesto escaso, que se reduce cada vez más a medida que se crean nuevas universidades. Lo que ocurre hacia adentro de las universidades (designaciones, concursos, presupuesto) no está sujeto a ningún tipo de auditoría y eso, en la Argentina, es muy peligroso. 

En los últimos años se crearon numerosas nuevas universidades en condiciones irregulares, con el aval de un documento del Banco Mundial que recomienda cerrar profesorados y abrir universidades. No podemos más que celebrar la creación de nuevas universidades. Sin embargo, resulta importante ver cómo y en qué condiciones funcionan. Recordemos la referencia irónica de Cristina Kirchner a la Universidad de La Matanza en su discurso de Harvard. Algunas de ellas son controladas por intendentes o caudillos zonales (el caso de una universidad ocupada por el hermano de un político y cantautor popular que la consideraba como propia). En la mayoría reinan los concursos con ganadores asignados y el nepotismo: cargos para parientes, servicios universitarios a cargo de familiares o amigos (restaurante, editorial, fotocopiadora). 

Lo que ocurre en la ciudad ahora, intentar cerrar 29 profesorados y reemplazarlos por una universidad, tiene su réplica en la Nación: el ministro Perczyk anunció la creación de 5 nuevas universidades. Un proceso realizado sin demasiado aval científico, discrecional, todas ellas en la provincia de Buenos Aires (Pilar, Delta, Ezeiza, Saladillo, Cuenca del Salado), donde como sabemos se encuentra el principal caudal de votos del oficialismo. La idea del “derecho a la educación superior” es un argumento para crear puestos que se distribuirán entre personas afines, sin concursos, en un sistema clientelar ajeno a cualquier principio de excelencia académica, una mala palabra el léxico oficialista. Curiosamente, o quizás no, el gobierno de la ciudad incurre en una política simétrica: usar las universidades para cerrar instituciones centenarias. Las razones de la crisis en la educación parecen bastante obvias: hay que buscarlas entre quienes gestionan y administran un área que desconocen, algo que cualquier educador habría advertido rápidamente: no hablar de lo que no se sabe. 

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