Opinión/El debate sobre el trabajo sexual

“Sí es sí”, a menos que lo digan las putas

Una protesta de Amnistía Internacional que pide por el trabajo sexual seguro.

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Mientras escribo esto, los mensajes que llegan a mi teléfono uno detrás de otro son varios. Uno de ellos es de Georgina Orellano, la Secretaria General de AMMAR mostrándonos fotos de las marcas que le dejó la policía. El martes a la noche intentando intervenir una situación de violencia institucional de parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires hacia trabajadoras sexuales trans en Constitución, la situación escaló de manera violenta y ella terminó golpeada y detenida. En otro grupo, avisan que, en España, el Consejo de Ministros aprobó la Ley Orgánica de Garantías Integral de la Libertad Sexual, una supuesta Ley feminista que si se aprueba en septiembre en Diputados, criminalizará la cesión de espacios para el ejercicio del trabajo sexual y el establecimiento de relaciones laborales dentro del mismo en el estado español.

Hace meses la preocupación de las trabajadoras sexuales en España no es sólo la crisis económica que nos deja la pandemia sino dos proyectos de ley impulsados por dos partidos políticos distintos ahora mismo en campaña electoral y que buscan terminar con la prostitución, ambos con supuestas estrategias distintas, pero que perjudicarían las vidas y maneras de susbsistir de las putas.

Esta ley llamada coloquialmente “Sí es Sí” impulsada por Irene Montero, del Ministerio de Igualdad español, dice que protegerá la libertad sexual de las mujeres, centrándose en el consentimiento, estableciendo asistencia para delitos sexuales y fundamentalmente diciendo que ante la ausencia de un "sí "explícito de nuestra parte, no existe el consentimiento, algo bastante problemático ya que las relaciones sexuales son un poco más complejas que eso. Este artículo de Clara Serra explica muy bien por qué tendría un impacto negativo darle el poder al Estado para que regule nuestros deseos y relaciones. Más allá del punto principal de la Ley, en un apartado se menciona a las personas en contexto de prostitución, haciendo referencia a que aunque “existiese el consentimiento”, las relaciones que tengamos con personas que nos alquilen departamentos o habitaciones para vivir o trabajar, son explotación y por lo tanto serán perseguidos y multados.

Esta reforma del código penal español penalizaría lo que llaman la “tercería locativa”, algo que existía en el código penal de la época de la dictadura franquista en el año 1973 y que pretende volverse a imponer ahora. Que el punitivismo actual comparta mecanismos e ideologías con la dictadura no es novedad: en Argentina aún siguen vigentes códigos contravencionales que vienen desde el proceso militar que permite la detención de hasta 30 días por ejercer el trabajo sexual en la calle.

Que el punitivismo actual comparta mecanismos e ideologías con la dictadura no es novedad: en Argentina aún siguen vigentes códigos contravencionales que vienen desde el gobierno militar

La realidad es que las putas compartimos departamentos, subalquilamos entre nosotras, trabajamos donde vivimos, muchos departamentos son regenteados por ex trabajadoras sexuales de mayor edad que al no poder jubilarse siguen ejerciendo en el comercio sexual pero organizándolo porque es de lo que conocen y saben.

Si se aprueba la Ley del “Sí es Sí” en España, todas podemos ser acusadas y perseguidas por el delito de trata, algo que ya sucede en Argentina ya que la Ley de trata no distingue realmente qué es trata y qué no, sino que toda relación que tengamos con nuestro entorno -secretaria, chofer, quien cobre y organice el alquiler donde vivimos- está explotándonos y es penado con cárcel. No por nada en Argentina el 30% de las personas que están presas por el delito de trata son mujeres, siendo en España el 40%, la mayoría siendo trabajadoras sexuales o ex trabajadoras sexuales que se dedican a organizar el comercio sexual al no poder acceder a una jubilación.

El trabajo sexual es el único trabajo donde toda relación que en otra profesión es totalmente normalizada, es criminalizada y juzgada desde una perspectiva moral. Al existir en clandestinidad, no podemos denunciar ni visibilizar situaciones de explotación laboral, de abusos o violaciones que nos sucedan ejerciendo nuestro trabajo no sólo porque no estamos reconocidas como trabajadoras, sino porque para el abolicionismo y la sociedad, toda relación que tenemos es de abuso y explotación.

Al existir en clandestinidad, no podemos denunciar ni visibilizar situaciones de explotación laboral, de abusos o violaciones que nos sucedan ejerciendo nuestro trabajo no sólo porque no estamos reconocidas como trabajadoras

Las putas queremos poder denunciar cuando alquilamos en España una habitación de dos metros sin ventana a 250 euros por semana, cuando optamos por trabajar en un burdel y se quedan con el 50% o más y poniendo ellos sus condiciones. Queremos denunciar que no tenemos acceso a la vivienda ni a contratos de trabajo que nos permiten vivir o alquilar y que terminamos trabajando para terceros que nos explotan laboralmente aprovechándose de que no tenemos ningún derecho reconocido porque trabajar de manera independiente suele ser algo complicado y que muy pocas pueden hacer.

Los clubs y prostíbulos no van a cerrar: van a seguir existiendo en la clandestinidad y con la clandestinidad las condiciones laborales para las trabajadoras que ya son pésimas, serán aún peor. Y como señala Linda Porn, trabajadora sexual, migrante y madre soltera, esta ampliación del artículo187.2 es clasista, racista y machista debido a que el sector del trabajo sexual se compone mayoritariamente de personas trans, migrantes, ilegales, madres solteras y personas pobres que actualmente trabajan sin derechos laborales y en concreto sin los derechos laborales básicos. Este tipo de ley afectará a todas las trabajadoras sexuales también incrementando el estigma pero no afectará a todas por igual. Quienes serán el blanco principal de la policía siempre serán las trabajadoras sexuales con menos recursos.

Además de esta Ley, la diputada Carmen Calvo, una de las grandes opositoras a la Ley trans en España, acaba de anunciar una campaña que pretende abolir la prostitución diciendo que ya tiene el borrador de la misma. En 2018 ya había intentado imponer una Ley contra la trata que buscaba penalizar al cliente y ahora, tres años después, vuelve con una propuesta similar que “permita impedir la prostitución” con el argumento de “No nos engañemos, hay trata porque hay prostitución. Si no hay prostitución, no hay trata. El plan buscará no solo “sacar a las mujeres de la prostitución” sino darles alternativas, “de verdadero trabajo, porque la prostitución no es trabajo, es una esclavitud”.

¿Cuál sería el verdadero trabajo, Carmen Calvo? ¿Trabajar limpiando su casa? ¿Qué vuelva a mis trabajos precarios de camarera o en el call center? ¿Esos trabajos mal pagos y con malas condiciones laborales que como persona con problemas de salud mental que me dificultan mantener trabajos de ocho horas o más todos los días me son imposibles de sostener pero que a usted le parecen más dignos simplemente porque no uso mi sexualidad? ¿Esos puestos laborales también en precariedad y feminizados como trabajadora de limpieza o costura que pretenden que ejerzamos en los cursos de alternativas laborales que brinda el estado abolicionista para las personas que ejercemos la prostitución?

Para quienes luchamos por la legalización del aborto, sabemos cómo la prohibición y criminalización de algo que existe y que es imposible de impedir, solo hace que esto suceda en la clandestinidad y con más derechos vulnerados. ¿Por qué con la prostitución pasaría lo contrario? ¿Por qué hay personas que aunque no abortarían ellas mismas entienden que las demás tienen derecho a hacerlo en condiciones donde no corra riesgo su vida? ¿Por qué con la prostitución sí se puede legislar de acuerdo a una opinión y perspectiva moral frente a la sexualidad pero en otras leyes nos oponemos y luchamos para que no suceda?

Todo esto aparece en un contexto dentro del estado Español, no solo a un año de una pandemia donde todos los trabajadores fuimos afectados, sino luego de un año donde las trabajadoras sexuales no recibieron ningún tipo de ayuda desde el Gobierno por lo que nos organizamos nosotras mismas para acercarnos alimentos y algo de plata para ayudar a pagar el alquiler. Cerraron los clubs de alterne y más de 60.000 mujeres, muchas de las cuales no solo trabajaban sino que vivían ahí, quedaron en la calle sin ninguna alternativa, ayuda o solución. Por esos primeros meses circulaban mensajes de desesperación y otros de llamados a la calma para poder organizarnos, armar un crowdfunding, alertarnos de alguna situación crítica de alguna compañera y buscar qué hacer. Así armamos redes de apoyo y de supervivencia, mientras varias activistas abolicionistas festejaban que gracias al coronavirus veían el fin de la prostitución . Ahora la situación sigue siendo crítica ya que estamos viviendo el impacto económico del Covid-19, la falta de dinero de los clientes y con ello nuestra desestabilidad económica que nos impide pagar el alquiler y para la mayoría, dar de comer a sus hijos. Estudios demuestran que más del 80% de las TS son madres o tienen a una persona dependiente a cargo. Como el resto de los trabajadores que se suben a un subte abarrotado de gente en hora pico para ir a trabajar, las putas también nos estamos poniendo en riesgo todos los días exponiéndonos al coronavirus y trabajando igual porque sino no comemos. La diferencia es que, en países donde la prostitución está descriminalizada y reconocida como un trabajo como Nueva Zelanda, las trabajadoras sexuales accedieron a ayudas o pudieron tener su derecho al paro, un subsidio que se recibe por situación de desempleo o la imposibilidad de trabajar. 

Ambas leyes, que se presentan entre sí como una carrera entre dos feministas institucionales de partidos distintos para ver quién gana y se queda como la autora de una ley que persiga la prostitución, no contaron con ninguna trabajadora sexual para el armado de las mismas: la petición de reunirnos con el Ministerio de Igualdad en España sigue siendo sido ignorada. 

¿Puede legislarse a través de valores morales y dogmas ideológicos sin pensar en las personas a las que impactarán esas reformas y en las consecuencias terribles en sus vidas?

Irene Montero, una de las ministras españolas detrás de la ley respondió a la pregunta que le hizo una periodista en un canal de televisión acerca de qué pasará con las prostitutas que ejercen la prostitución de manera voluntaria y que quedarán desamparadas sin nadie que les alquile un lugar donde vivir o trabajar por miedo a ser perseguidos y multados por proxenetas: “Ese es el debate del feminismo: Yo soy abolicionista.”

¿Por qué nuestras vidas son un debate? ¿Por qué una Ministra puede darse el lujo de pasearse por la televisión hablando de nosotras mientras nos niega una reunión para escucharnos lo que tenemos para decir sentenciando que la decisión ya ha sido tomada en base a una posición moral más allá de los efectos reales que empujaran a las putas a aún más clandestinidad? ¿Sucedería lo mismo con tanta tranquilidad si se hablara y decidiera así sobre otro sujeto político? ¿Por qué las vidas y opiniones de las putas valen tan poco que los políticos, y especialmente el feminismo institucional, manosean nuestras existencias a su favor y juegan con nuestras vidas para armar campañas electorales feministas que solo promueven más punitivismo y no el reconocimiento de derechos que tanto merecemos para poder enfrentarnos a la explotación laboral, el estigma y la marginalización que nos enfrentamos día a día? 

¿Por qué las vidas y opiniones de las putas valen tan poco que los políticos, y especialmente el feminismo institucional, manosean nuestras existencias a su favor y juegan con nuestras vidas para armar campañas electorales feministas?

¿Por qué en un contexto de pleno desamparo frente a la crisis económica que afrontamos ahora, por lo único que hablan sobre las putas es para perseguirnos? Perseguir nuestro entorno y a los clientes solo aumenta nuestra marginalización, vulneración y estigma y así lo han demostrado organismos internacionales como Amnistía Internacional. No queremos regulación ni reglamentación, queremos decriminalización y un marco de derechos. Queremos contar con los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Queremos dejar de enfrentarnos a multas, persecuciones, hostigamiento por parte de la policía y violencia institucional. Queremos que termine el acoso y odio por parte de un sector del feminismo que ataca a quienes damos la cara y nos sindicalizamos. Queremos que dejen de obligarnos a “reinsertarnos socialmente” dándonos trabajos aún más precarizados. Queremos que si una persona es víctima de trata, se le brinden los recursos necesarios para que salga de esa situación. Queremos que si una compañera quiere dejar de ejercer la prostitución, tenga acceso a otras alternativas laborales reales y no lo que se ofrece actualmente. Queremos la abolición de la Ley de extranjería que es la que sigue perpetuando que exista la trata y la violencia hacia las personas migrantes.

Queremos trabajar sin ser perseguidas por la policía ni por el feminismo institucional.

No deberíamos estar en el año 2021 aún pidiendo esto. 

MR

Nota de la autora: las trabajadoras sexuales junto a aliadas feministas pro derechos lanzamos un Manifiesto en contra de la reforma de la Ley de Libertades Sexuales “Sí es Sí” en España y que ya cuenta con más de 3.000 firmas. Podés sumar tu firma para detener la criminalización a las trabajadoras sexuales y mostrar apoyo por el reconocimiento de derechos.

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